Está de moda invocar la película El día de la marmota, por la vida cotidiana reiterativa en cuarentena. Esta nota hablará de otro “día de la marmota”, el del Poder Judical, que existe desde hace décadas. Dos novedades agitaron esta semana la expectativa de que se investigue penalmente a varios funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, incluido él mismo, por las acciones de presión e incidencia que desplegaron sobre causas judiciales, a menudo con el objetivo político de golpear a Cristina Fernández de Kirchner. Por un lado, el jueves se unificaron en un juzgado federal las denuncias contra la llamada “mesa judicial” del macrismo, donde se describe un mecanismo de aprietes a jueces y juezas en expedientes que le interesaban a Cambiemos, lo que incluía amenaza de juicio político y escraches a través de los medios. Por otro carril, pero en sintonía, surgió la posibilidad de que se reabra una pesquisa contra el ex ministro de Justicia, Germán Garavano, por los intentos de salvar amigos en el juicio sobre el encubrimiento del atentado a la AMIA.

En este caso, se conoció un audio donde la ex vicepresidenta Gabriela Michetti le hacía un reclamo al ex titular de la Unidad AMIA, Mario Cimadevilla, porque el tribunal que juzgaba el encubrimiento había indagado sin piedad al ex fiscal José Barbaccia, cuando el Gobierno contaba con que iban a cuidarlo. El dato es que si bien hay chances de desentrañar el encubrimiento del encubrimiento, la causa donde se lo denunciaba estaba, y aún está, archivada. El caso AMIA y sus derivaciones resumen la perpetuación de la impunidad a niveles extremos. Tal vez ahí esté la génesis de un modus operandi que no pierde vigencia. Como antecedente, es un mal augurio respecto del destino de estas causas donde se investigan presiones y acuerdos entre política, Poder Judicial y medios. El sistema y sus personajes todavía no cambiaron.

AMIA, el paradigma

La historia de la causa AMIA tiene todos los condimentos que aquí interesan. El audio de Michetti, revelado por El Cohete a la Luna, es una expresión acabada de los manejos políticos con el sistema judicial, en este caso alrededor del atentado terrorista de 1994. “Escuchame una cosa, estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José y que, digamos, el tema pasó a vos, pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podrás explicar?”, se escucha a la ex vicepresidenta, que no es abogada ni era parte que tuviera que intervenir en el caso pero, claro, era la enviada del “Palacio”. Transcurría el juicio por el encubrimiento del ataque terrorista. Cimadevilla dirigía la Unidad del Ministerio de Justicia que era querellante: debía impulsar la acusación.

¿En qué consistía este juicio? Se juzgaba la ingeniería por la que se intentó instalar una versión trucha sobre culpables de atentado a la AMIA. ¿Cómo? Entre otras cosas, pagándole 400.000 dólares con dinero de la ex SIDE a uno de los implicados, Carlos Telleldín, para que responsabilizara a un grupo de policías. La temporalidad también es clave para entender el peligro de impunidad. El pago a Telleldín fue en 1997. El juicio donde se denunció, y que anuló la causa AMIA, terminó en 2003. El atentado sigue sin culpables. El juicio del encubrimiento comenzó en 2015 y finalizó en febrero de 2019, 22 años después del pago, con los fiscales condenados solo a dos años mientras el exjuez se llevó la peor pena, a seis años, y con penas intermedias quedaron Anzorreguy y Telleldín. En 2015 el fallecido Alberto Nisman, denunciado por sus fallas por familiares de víctimas (en especial de Memoria Activa), desvió todo hacia la descabellada denuncia por encubrimiento contra CFK, invocando el Memorándum aprobado por el Congreso. Cimadevilla denunció a Garavano en 2018 por intentar encubrir el encubrimiento desde el Poder Ejecutivo, pero el fiscal Carlos Rívolo dijo que no había delitos en juego sino meras diferencias políticas. Telleldín, que también había denunciado al ex ministro, presentó el viernes último un pequeño escrito donde pide el desarchivo para incorporar elementos nuevos, que deberá resolver el juez Luis Rodríguez.

La defección estratégica

La tendencia histórica del fuero federal penal muestra que a los funcionarios se los investiga una vez que dejan el poder, pero se acusa poco al poder de turno. Una autora holandesa, Gretchen Helmke, que estudió los tribunales argentinos, lo llama “lógica de la defección estratégica”. Bajo esa mirada se puede imaginar que se reabra la causa del encubrimiento del encubrimiento, y que tal vez lentamente avance algo otro nuevo expediente donde fue denunciada la llamada “mesa judicial que funcionó durante el gobierno de Macri para presionar y conseguir determinadas acciones en investigaciones de su interés.

La primera denuncia por este tema la hizo el diputado Martín Soria cuando la camarista de casación Ana María Figueroa contó en el programa Toma y daca, de AM 750, que la había ido a ver un funcionario de Garavano para apurarla con una resolución ligada al caso del Memorándum. No quiso decir le nombre, pero CFK dio por hecho en Twitter que era Juan Bautista Mahiques. El fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, organismo donde se cocinaron todas las estrategias para colonizar cargos judiciales y para amenazar con expedientes tipo carpetazos contra jueces no afines. Luego se sumó una denuncia de numerosos diputados y senadores del Frente de Todos, donde señalan a la “mesa judicial” como una asociación ilícita.

Un aspecto interesante es que, por quiénes integraban ese grupo según la presentación, se repite la lógica del menemismo: entre los funcionarios, además del ex ministro de Justicia y hombres de confianza de Macri como Pablo Clusellas, Bernardo Saravia Frías y José Torello, aparece el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, y operadores como Fabián Pepín Rodríguez Simón y Daniel Angelici, ex presidente de Boca. Con los días se agregaron denuncias públicas de otros jueces que relataron presiones, como Luis Raffaghelli, camarista laboral, y Martina Forns. Todo está en manos del juez Sebastián Ramos.

Más allá de la discusión sobre si se podrán identificar delitos y de las víctimas sean jueces/as, la “mesa judicial” no pudo haber funcionado sin socios judiciales, algunos de Comodoro Py. Y si no basta recordar la causa de los cuadernos, o la del Memorándum misma, o la del dólar futuro, o también la Gas Natural Licuado, la de Oil Combustibles o la de la obra pública contra la actual vicepresidenta. Es ilusorio pensar que el Poder Judicial se va a investigar a sí mismo, y si lo hace, será luego de largos ciclos, cuando ya los escenarios históricos sean otros. Es difícil que avance sobre los lazos de inteligencia que lo gobernaron durante años, algo que recién ahora podría estar cambiando con la lupa puesta por la AFI en el uso de los fondos reservados.

Hay varias causas del último año que dejaron a la vista estos manejos judiciales perversos. Pero sólo una donde hay procesados: la que tramita en Dolores, a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla. Se la conoce como “D’Alessio Gate”, porque su personaje central es un excéntrico falso abogado protagonista de extorsiones y maniobras de espionaje en algunas causas conocidas, como la de los cuadernos, pero también avanzó sobre un fiscal federal, Carlos Stornelli, y sobre un periodista, Daniel Santoro, además de ex miembros de la AFI. Podría haber llegado a Claudio Bonadio, que se murió sin ser juzgado.

Pero no todos los casos similares corren igual suerte. El juez federal Ariel Lijo cerró la investigación por la visita de dos agentes de la AFI que fueron a ver al juez Luis Carzoglio con una orden redactada para que detuviera a Hugo Moyano, porque evaluó que el organismo dio una buena explicación de ese acto. Para Carzoglio, sin embargo, fue un apriete. Material, como se ve, hay de sobra. Lo que hace falta es salir del Día de la marmota, como el protagonista de la película. Pero en el caso de (la mal llamada) Justicia, suena difícil que se logre con el mismo elenco de siempre, sin que se mire a sí misma y sin la prometida reforma que el Gobierno finalmente llevaría al Congreso en los próximos días.