Ya son más de 300 mil las empresas inscriptas para recibir la ayuda oficial de hasta dos salarios mínimos por trabajador de su plantel en relación de dependenia, como parte de los sueldos de mayo. La medida abarca a 2,5 millones de trabajadores, poco más de los que fueron beneficiados por el programa de ATP para el mes de abril. Son menos de un centenar las firmas inscriptas que renunciaron a la ayuda recibida, después de conocidas las obligaciones que se le impondrán durante los próximos 24 meses. Entre otras, no poder comprar dólares para atesorar ni poder distribuir utilidades. Además, el comité de expertos de seguimiento del programa recomendó que se le ponga un tope a los sueldos que pueden ser beneficiados por el subsidio oficial. Son las novedades del fin de semana sobre un programa que pretende ser el más abarcativo en materia de protección laboral, pero despertó diversas críticas cuando se conoció el subsidio a grandes empresas y al salario de sus más altos directivos.

El programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, ATP, fue originalmente concebido como un sistema de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, en sectores que habían quedado paralizados por el aislamiento social preventivo. Así, se dispuso por decreto que los trabajadores en blanco de firmas con hasta cien empleados, recibirían una ayuda oficial de hasta dos salarios mínimos, con una escala progresiva que favorecía más a las empresas más chicas, que podía alcanzar a cubrir hasta el 50 por ciento del sueldo. El resto correría por cuenta de la empleadora.

Pero luego, la presión del sector empresario y sus cámaras, logró que este criterio se flexibilizara y pasara a incluir a otras actividades y, además, a empresas sin límite de personal. También se eliminó la progresividad original y sólo se exigió que las ventas fueron, en terminos nominales, no más de un 5% superior a las de abril del año pasado. 

Este cambio provocó que muchas empresas de primerísimo nivel accedieran al subsidio. Sin otras restricciones, empresas de primerísimo nivel en construcción (Techint), medios de comunicación (empresas del Grupo Clarín), cerealeras incluso acusadas de estafa al Estado (Vicentín) o grandes cadenas de comida rápida, entre otras, pudieran acceder por el sólo hecho de demostrar que sus ventas de abril habían caído, o levemente subido en términos nominales, con respecto al año pasado. 

Según datos de fuente oficial, más de 250 grandes empresas, buena parte de la cúpula empresaria nacional, con un promedio de personal superior a los mil trabajadores en relación de dependencia, recibieron el subsidio por los sueldos de abril. En esas nóminas figuraban, incluso, directivos y hasta síndicos que cobraban al menos parte de sus ingresos a través del recibo de sueldo.

El propósito de la ATP es, sin dudas, proteger el empleo en medio de esta crisis sin precedentes. Su implementación en menos de 45 días es una muestra significativa de agilidad, aunque los posteriores cambios hayan dejado flancos débiles. En tiempos donde la regresiva distribución de ingresos se ha hecho evidente, la actitud de grandes grupos empresarios tomando el subsidio del Estado en vez de pagar los salarios completos con sus propios fondos provoca justificada irritación. 

Después que se conocieran algunas "obligaciones" de las empresas beneficiadas para los próximos dos años (prohibición de compra de dólares por el MULP, el contado con liqui o el MEP, de giros u operaciones con paraísos fiscales, y de distribución de dividendos y utilidades), apenas un puñado menor a cien empresas se bajaron del régimen, y ni siquiera son todas grandes y tampoco son todas bajas plenas. Con todo, el empresariado pyme evaluó de manera más positiva al ATP, que al penoso proceso de los créditos bancarios subsidiados en abril.