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“Estamos más cerca pero muy lejos” comenta el presidente Alberto Fernández a quien pueda oírlo. Habla de la negociación de deuda privada bajo legislación extranjera (“canje” en adelante). No abusa de la paradoja: describe una realidad intrincada.
El Gobierno no quiere el default, pero le teme más a un canje de deuda insustentable y ruinoso. El ministro de Economía Martín Guzmán lo viene afirmando desde antes de asumir. En el regateo por la reestructuración se le agregó un párrafo en tinta limón dirigido a los acreedores: “no nos corran con el default que a ustedes tampoco les conviene”.
La prórroga del plazo de cierre, acordada por ambas partes, corrobora que los bonistas prefieren mantener las tratativas en vez de ir corriendo a tribunales de Manhattan a exigir que decreten el default. Es su derecho, no su deseo.
En la pulseada subyace una duda prospectiva: ¿cuántos defaults soberanos habrá en el mundo próximamente? El afamado economista Jeffrey Sachs le dijo a Alberto Fernández que muchos, decenas. El mandatario imagina que ese escenario es factible. Se trata de una cuestión relevante porque esa cantidad de default tornaría aún más caótica e imprevisible la economía mundial. Más riesgos para los Fondos de Inversión, entre tantos damnificados.
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Las novedades de los últimos días revelan que la oferta argentina no era alocada ni incomprensible. El diluvio de críticas a Guzmán, los esfuerzos por puentearlo o promover su renuncia fueron reemplazados (al menos interinamente) por contraofertas que se acomodan al diseño planteado por “La República”. Se propuso una espera de tres años con quitas considerables de capital e intereses y un nuevo cronograma.
Los acreedores presentaron contraofertas dentro de ese esquema. Por montos más altos y con plazos más cortos, claro. Pero reduciendo las pretensiones iniciales.
Por cierto, las cifras respectivas (calendarios y montos) forman parte de un regateo… la primera oferta no es definitiva, sino un piso o un techo según quién la formule.
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Fernández hace cuentas y le comenta a quien quiere oírlo. “Hasta acá ellos bajaron más de lo que subimos nosotros”. Victoria menos que pírrica --AF lo sabe-- porque las diferencias siguen siendo colosales. Los negociadores argentinos las abreviarán, un poco: harán una enmienda a la oferta inicial.
Los plazos de espera son innegociables desde la perspectiva nacional. Años de alivio, de presupuestos no hipotecados por la deuda externa. Imprescindibles para restaurar la economía, conservar la legitimidad del Gobierno, atender a la deuda social creciente y prioritaria.
Media una cláusula de confidencialidad. La Casa Rosada y Economía retacean información. Silenzio stampa diría el economista Alfio Basile. El Estado podría avenirse a realizar algún pago en el último año de la espera. Una cifra no exorbitante, susurran en Palacio. La semana pasada se incumplió un vencimiento de 503 millones, quién le dice podría pagarse un número por el estilo o algo más. De nuevo, en el regateo nadie derrocha precisiones. El calendario de cancelación también podría acortarse.
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La derecha recrimina a Fernández y Guzmán que perdieron tiempo desde diciembre hasta ahora. Omiten que en esos meses AF cosechó adhesiones inéditas de líderes europeos, Guzmán ató lazos sin precedentes con el FMI. Se consiguieron avales de grandes economistas. Y, como se informa hoy en este diario, ayuda del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien medió ante el Fondo BlackRock haciendo valer la influencia de su gobierno sobre quien tiene intereses económicos importantes en suelo azteca.
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Otra demanda de la yunta establishment criollo- bonistas extranjeros es la presentación de un plan económico detallado. Un delirio en medio del tsunami sanitario y económico. Nadie sabe cuándo y cómo terminará o se mitigará la peste, Nadie puede aseverar con seriedad cuales serán sus impactos en Brasil, el vecino más poderoso, el aliado estratégico aunque hoy no lo parezca. Cuál será el crecimiento del proteccionismo en el centro del mundo, imaginable en los años venideros. Con tanta neblina, Argentina hace algo parecido a la mayoría de los países capitalistas. Vuelca fortunas para atender a los más necesitados.
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Las medidas redistributivas del Gobierno engendran la furia del gran empresariado. El incremento mínimo de las retenciones a la soja en el mundo pre- pandemia. La prohibición de despidos invocando fuerza mayor. El impuesto a las grandes fortunas.
En los sótanos del establishment pululan dos causas adicionales de su inquina opositora. Merecen mejor abordaje que estas líneas pero es imposible dejarlas de lado. De dos investigaciones hablamos. La que realiza el Banco Central respecto de la fuga de divisas sucedida entre 2015 y 2019. Y la iniciada por la AFIP sobre una cantidad abismal de cuentas off shore de contribuyentes argentinos. La información llegó por vía de la cooperación internacional, la envió la OCDE. La gestión macrista la escondió dos años. La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, comenzó a pesquisarla y buscar a sus titulares. El economista Jorge Gaggero, un especialista en la materia y un luchador por la causas populares, presentó una denuncia judicial. Afortunadamente le tocó impulsarla al fiscal Federico Delgado. El funcionario le encontró sustento y gravedad, presentó dictamen pidiendo se judicialice. El sorteo de jueza y fiscal salió feúcho. Reapareció el prófugo más célebre, el fiscal Carlos Stornelli.
De cualquier modo, los hechos se van aireando, los nombres y las cantidades faraónicas verán la luz. He ahí una buena parte de la explicación de por qué los grandes capitalistas argentinos se pusieron la camiseta de los acreedores foráneos.
Todas estas historias continuarán. Con cauto optimismo de la voluntad el Gobierno espera alguna buena nueva en las próximas semanas antes de que llegue el invierno tan temido.
