"La situación en el Borda es explosiva y hay que apagar la mecha”. La advertencia fue hecha por una enfermera del neuropsiuiátrico donde la semana pasada se registró el primer contagio de covid-19. Psicólogos del Moyano denunciaron falta de insumos y medidas para prevenir contagios en ese hospital. En consonancia, la Justicia le ordenó al gobierno porteño que tome medidas urgentes para garantizar la salud de “pacientes y trabajadores” del Borda, Moyano, Alvear y Tobar García. Como una muestra horrorosa del abandono que sufren estas instituciones, un paciente del Borda murió el viernes pasado atacado por una jauría de perros  (ver aparte). El 75 por ciento de los psiquiátricos del país son privados, pero la mayoría de los 12.035 pacientes del país están en hospitales públicos. Y aunque los datos oficiales retacean, en el Borda, por ejemplo, luego de un primer caso en el que se incumplió el protocolo de aislamiento, hay cinco pacientes, tres enfermeras y dos médicos contagiados, mientras varios más esperan los resultados del test. 

La directora del hospital Esteves de Temperley, María Rosa Roere, coincidió en la necesidad de extremar cuidados en lugares que son “grandes geriátricos” donde se alojan personas vulnerables frente al coronavirus. De todos modos, dijo que “la diferencia entre CABA y la provincia de Buenos Aires es el apoyo que nos brinda el gobierno”. 

La psicóloga del Moyano Silvia Maltz aseguró que “el virus nos puede tocar a todos, pero la pandemia es un tema político, de la desidia, del maltrato, como es político que no haya agua en la Villa 31”. Criticó al gobierno de Mauricio Macri por no haber aplicado la Ley Nacional de Salud Mental.

Roure asumió el 5 marzo como directora del Esteves. Cuarenta y ocho horas después se produjo la primera muerte por coronavirus en Argentina, en el Hospital Argerich. “El médico que había recibido a ese paciente en la guardia del Argerich trabaja en el Esteves, así que empezamos con la cuarentena de un médico clínico, imagínese”, relata.

Las características de las pacientes convierten al hospital “en un gran geriátrico”. Son 570 mujeres, de las cuales “el 46 por ciento está por encima de los 60 años, 130 arriba de los 70 y 30 que tienen más de 90; además, el 70 por ciento con comorbilidad, de manera que tenemos una altísima vulnerabilidad en la población”.

En el Estéves trabajan 520 personas y muchos cumplen también funciones en geriátricos, médicos en las ambulancias del PAMI “y se llevan los barbijos del hospital. Se los ofrecemos porque nos interesa que estén cuidados”. Otros trabajan en el SAME o en clínicas privadas “donde no se toman tantos recaudos, de manera que estamos en una permanente situación de riesgo”.

Una de las primeras medidas fue limitar el ingreso de personas ajenas al hospital y “lo más doloroso fue cerrar el ingreso de familiares y acompañantes terapéuticos”. El necesario contacto con las familias, fue reemplazado con llamadas telefónicas y contactos por whastApp. “Eso para mantener los escasos vínculos familiares que existen y que son muy pocos, dolorosamente”.

Se modificaron las atenciones en la guardia, para que las pacientes que llegan por consultas no tengan contacto con las internadas, como ocurría antes. “La diferencia con CABA es el apoyo que nosotros tenemos del Ministerio de Salud, del gobierno” de la provincia de Buenos Aires. Dijo que conoce la situación en la Ciudad de Buenos Aires "por colegas de los hospitales Borda, Moyano y Tobar García. La ayuda que reciben consiste “no solo en insumos sino también en las tareas de formación del personal” para afrontar la crisis sanitaria.

“Pacientes y trabajadores cuentan con barbijos, máscaras que se renuevan a diario”. En una semana “se distribuyeron 2.300 barbijos”. Resaltó que si bien la distribución de esos elementos no puede garantizar totalmente que no haya contagios “al menos disminuye la angustia que genera esta situación que estamos viviendo”. Es clave el cuidado de los trabajadores “porque si el virus entra al hospital, va a ser por ellos”.

Por otra parte, consideró “histórico” el trabajo conjunto que vienen realizando “con la Secretaría de Salud de Lomas de Zamora, con los directores de los hospitales públicos del municipio, los directores de las clínicas privadas, y esto es lo histórico porque nunca había pasado, con IOMA, el Colegio de Farmacéuticos, PAMI y la Región Sanitaria”.

Al estar trabajando en red, “cuando aparece algún caso sabemos de inmediato dónde fue y si pasó en algún lugar donde está trabajando un empleado nuestro”.

Lo que está pidiendo ahora es que se realicen “los test rápidos de todos los trabajadores y las internadas, unas 1.200 personas”. Explicó que si bien “esa es una radiografía de lo que pasa hoy, da cierta tranquilidad, aunque todo puede modificarse” al día siguiente. Señaló que “es fundamental que en el Borda, donde hubo un caso de covid-19, se haga un testeo rápido para saber si hay más contagiados”.

Si alguna paciente tiene fiebre, partiendo desde 37.5, se le hace el hisopado. “Ya hicimos cinco entre las pacientes y todas dieron negativo para covid, pero tres dieron positivo para dengue”, una enfermedad de posible contagio en un hospital que tiene siete hectáreas de parque, con verde y mosquitos. Ya se realizaron dos fumigaciones para tratar de evitar el problema.

Como prevención, en la sala de ingresos redujeron a 18 las 35 camas disponibles, lo que permite “tener una distancia más grande entre cama y cama”. En el caso de ingresar nuevas pacientes para internación, se las mantiene 15 días en cuarentena en una sala de admisión, para realizar los controles y después pasarlas a las salas comunes.

Apagar la mecha antes

Nancy Albornoz es enfermera del Hospital Borda, donde se contabilizan al menos diez casos de contagio de coronavirus. “Estamos muy preocupados porque las compañeras que estaban en el Pabellón Siglo XXI (donde estaba la primera persona infectada) no se hicieron los testeos del personal de salud y tampoco de los 20 pacientes que estaban en el lugar, de manera que no tenemos claridad sobre cuántos contagios reales hay”. El primer paciente fue derivado al Hospital Penna el sábado 9 de mayo y el domingo se conoció el resultado positivo. Ya había sido derivado en abril, pero en esa ocasión el resultado del test dio negativo. “En lugar de cumplir los 15 días de aislamiento que marca el protocolo, volvió al servicio y los síntomas aparecieron días después”, denuncian. Esto abrió la posibilidad cierta de contagios.

"Lo que venimos pidiendo desde el comienzo de la pandemia son testeos para todos, algo que no se está haciendo a menos que se manifiesten síntomas. Somos los que entramos y salimos, el temor es contagiar a otros. Conseguir dos barbijos por turno, y de pésima calidad, es una odisea. Y el personal tercerizado de limpieza y cocina está en peores condiciones, porque ni siquiera se puede quejar", describió la situación. 

Explicó que el problema central en el Borda es que “no está preparada ninguna sala para hacer el aislamiento preventivo”. Existe un servicio de admisión para evaluar a los nuevos pacientes y ver a qué sector corresponde incorporarlos. “Esa sala no está preparada para esta emergencia, porque los que llegan son pacientes que están en un proceso de admisión, a veces se escapan y vuelven, pero no sabemos dónde estuvieron y en qué condiciones vuelven”. Deberían ser internados en una sala de aislamiento preventivo de quince días, que hoy no se hace.

En esas condiciones “los pacientes que salieron para hacerse un estudio o que se escaparon, reingresan a su servicio, con la consiguiente sospecha” de que pueden haberse contagiado. Albornoz sostuvo que el Borda “no tiene la infraestructura necesaria para aislar pacientes porque viven en comunidad, no tenemos respuesta ante un paciente con insuficiencia respiratoria, no tenemos oxígeno centralizado, no tenemos cardiólogo ahora, no tenemos la capacidad para tener ningún paciente con ningún nivel de covid”. 

Una medida preventiva que no se cumplió, tampoco, es la aplicación de la vacuna antigripal para los pacientes y el personal “porque no se completó la vacunación”. Los pacientes internados en el Borda son alrededor de 400, además de los ambulatorios que siguen concurriendo al hospital. “No están permitidas las salidas de los pacientes ni las visitas, pero a veces viene algún familiar o la gente que realiza en el Borda la credencial única de discapacidad”. Es insólito que un trámite de ese tipo se realice en tiempos normales en unas oficinas ubicadas en un neuropsiquiátrico, mucho más en una crisis como la actual. “Todos los que vienen tienen contacto con los pacientes, porque ellos deambulan dentro del hospital”.

Tampoco hay provisión necesaria de elementos de limpieza e higiene, de manera que los trabajadores “nos compramos las toallitas de papel y detergente para lavarnos las manos, las antiparras y hasta los uniformes, con nuestros sueldos que no superan la canasta básica de pobreza, para venir a trabajar un poco más tranquilas, pero no alcanza”. Esto, además de trabajar con pacientes a los que “les cuesta ponerse el tapabocas, porque se lo ponen un rato y después los usan de gorrita”.

El número de trabajadores en el Borda suma cerca de 1.000. Nancy repite que el Borda es “una bomba de tiempo, como otros neuropsiquiátricos. Queremos apagar la mecha antes de que explote”. Lo que exigen es que “nos den los elementos necesarios para que a los pacientes se les garantice el derecho básico a la salud, porque desde hace muchos años salud mental es la última en recibir presupuesto, en recibir personal, en recibir”.

Alerta en el Moyano

Mariano Veiga es psicólogo del Moyano y secretario adjunto de la Asociación Gremial Interdisciplinaria del hospital. Ahora están haciendo asambleas porque hay preocupación por “la falta de protocolos, porque los equipos de protección son deficientes y por la decisión del gobierno porteño de crear las UFU (Unidades Febriles de Urgencia) que actúan como filtro para detectar infectados” con covid-19.

Hay una UFU instalada en un container, en la esquina de Ramón Carrillo y Brandsen, cerca del Moyano y del Borda, para empezar a atender casos sospechosos. Todo hace pensar que el personal de salud de esos dos hospitales va a tener que trabajar en esa UFU.

“Lo que se hace en las UFU es un triage, un testeo para saber si las personas tienen algún síntoma de coronavirus. Eso se está haciendo ya en las UFU que pusieron cerca de los hospitales generales, pero pretenden que nosotros hagamos lo mismo en el Moyano, que tiene las características de un geriátrico”.

Explicó que ellos no deberían atender “un posible caso de coronavirus y después ingresar en nuestro hospital, donde nuestra tarea es diferente a la de los hospitales generales, porque nuestras pacientes son personas mayores y corremos el riesgo de contagiarlas”.

Señaló que hay “una contradicción evidente, porque (Alberto) Crescenti, el titular del SAME, les exige a los geriátricos que estén cerrados, que el personal que trabaja allí sea el único que ingrese. Pero quieren que nosotros hagamos turnos mixtos en las UFU y el Moyano, con el riesgo de que contagiemos a nuestras pacientes”.

Otra de las normas en los geriátricos es que no haya visitas de familiares, "mientras que es distinta la política para nuestros hospitales, que no son geriátricos pero hay muchas pacientes añosas, complejas, con EPOC o diabetes, tenemos un alto porcentaje de personas de riesgo”, comparó.

Los equipos con los que cuentan, los comenzaron a recibir luego de un amparo judicial que presentaron en abril, pero lo que le dieron “no tienen la calidad adecuada”. Les dan un barbijo por día, por cada jornada de seis horas, “cuando los especialistas dicen que debe ser uno cada tres horas”. En el Moyano hay 587 pacientes internadas, más cientos de pacientes ambulatorias que siguen yendo al hospital. Las mujeres internadas, que tienen contacto restringido con sus familiares por la pandemia, cuentan con pocos teléfonos fijos y carecen de wifi gratuito o conexión a internet por cable. “Nosotros, los trabajadores, les prestamos nuestros teléfonos para que se puedan comunicar con sus familias, cuando el gobierno de la Ciudad tiene un montón de puntos wifi y no le cuesta nada proveer eso, más una tablet por servicio”.

La licenciada en psicología Silvia Maltz trabaja en el Moyano y es la creadora del programa de radio Desate, que desde hace once años es la voz de las mujeres internadas en el hospital. Señaló que para encarar el tema es preciso recordar que hoy “hace eclosión el problema de la salud, tan abandonada y más en los cuatro años del gobierno anterior". En ese sentido remarcó la falta de aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental “que habla del destierro de los manicomios, de instancias de inclusión social en la comunidad a través de casas de medio camino, de residencias, de dinero para que puedan alquilar en hoteles”. 

Advirtió que como no se toman las medidas que corresponden “el virus puede llegar a un hospital que tiene cerca de 600 pacientes y puede hacer estragos”. Y el contagio puede producirse “no por ellas, sino por nosotros mismos, que por nuestra lógica profesional estamos en una clínica, en un consultorio, en otras instituciones, y llevamos y traemos”.

“No se puede hablar de vida digna viviendo en un hospital. A las pacientes del Moyano no les alcanza con recibir visitas, lo que vale es que se sientan un sujeto de derecho: a la vivienda, a la salud, a la educación, al esparcimiento, a la cultura, a transitar libremente”, define Maltz. "La Ley de Salud Mental dice que la internación debe ser el último recurso, no el primero", concluye.

--No hay dinero para el Moyano y el Borda, pero sí para pagar hoteles en los que alojaron a personas que venían del exterior.

--Es una cuestión de clases sociales. Cuando sube Macri como jefe de gobierno, en ese momento construyeron ocho casas de medio camino, de las que hoy quedan dos o tres. Hoy solo a algunas mujeres se les paga un hotel, son muy pocas. La ley de Salud Mental establece que hay que construir dispositivos suficientes para que personas manicomializadas puedan incluirse social y comunitariamente de otra manera.