La demolición de un edificio antiguo en plena zona de patrimonio edilicio protegido se resolvió entre funcionarios intermedios, que se supone vienen adecuando su ritmo de trabajo a las exigencias de la gestión que asumió en diciembre del año pasado y que cada tanto marca pautas y normativas internas con el objetivo de llevar a los ciudadanos salteños a disponer muy pronto, de un estado municipal moderno, ágil y transparente.

La antigua casona de la calle 20 de Febero al 400 fue demolida por decisión de funcionarios que estaban o están, sujetos a una estructura que cambió su concepto de funcionamiento, que desplegó muchas variables de control interno, que llegó con la impronta de establecer otra dinámica.

La demolición se produjo en las propias narices de la principal línea de administración municipal, dentro de un esquema que cuenta con funcionarios que vienen en el mismo ámbito de trabajo de años anteriores y se ajustaron al nuevo tiempo.

Con el argumento de que “resulta imprescindible revitalizar al Estado y prepararlo para asumir el rol de principal actor en las actividades económicas, productivas, turísticas y culturales …” en cinco meses de gestión se cambió dos veces la estructura orgánica de la planta política superior y se asignaron nuevas tareas, funciones y misiones en la matriz vital del gobierno municipal.

Hay un mensaje que no llegó, porque en ese mismo lapso, un par de funcionarios abrieron una enorme fisura y burlaron, dañando a la ciudad, ese férreo y novedoso modelo conceptual de gestión que desde diciembre de 2019 no deja de diseñar y transmitir nuevas normas, protocolos, procesos y comprobaciones de todo tipo.

La cadena de responsabilidades en el caso quedó medianamente esclarecida en el texto de una voluminosa resolución de la Coordinación Jurídica y Legal que en 37 considerandos describe el proceso que terminó con la antigua casa.

Gravemente señala en algunas de sus partes que “de las actuaciones referidas, surge que se ha autorizado desde esta Municipalidad la demolición de un edificio, sin que obre en la presentación efectuada por el administrado, constancia de la autorización correspondiente emitida por la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta (CoPAUPS)”.

La gestión municipal sostiene en esa misma resolución que “ se encuentra decididamente comprometida con la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial, en el convencimiento de que el respeto, el cuidado y responsabilidad pública hacia los valores culturales en todas sus manifestaciones, contribuye al enriquecimiento y calidad de vida de los salteños y de todos los que visitan nuestra Ciudad”.

Pues tiene ahora a mano la gran oportunidad de reivindicar ese rol; la ciudadanía espera ver reconstruida la fachada de la antigua casa y a toda la cadena de responsables asumir las sanciones civiles, penales y económicas por la destrucción del patrimonio arquitectónico de la ciudad. 

También podría aprovechar la oportunidad, para que toda la ciudadanía conozca cuáles son y dónde están ubicados los inmuebles que forman parte del listado de bienes patrimoniales protegidos en el área centro. Pintarlos de un color específico y detallar en una placa que categoría de protección poseen y por qué razón es necesaria su preservación. Identificarlos y conocerlos podría ayudar a preservarlos.