El gobernador Gustavo Sáenz dispuso retrotraer la situación de los policías con trámites de retiros obligatorios a quienes se les había suspendido el pago de sus haberes justo cuando comenzaba la cuarentena por el coronavirus. La novedad fue anunciada ayer por el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, en la Cámara de Diputados. 

El ministro comenzó culpando a la prensa, y reinvindicando su decisión de dejar sin sueldo a estos policías que aún tienen inconclusos sus trámites en la Anses, pero al final terminó reconociendo que el "único error" que cometieron fue la oportunidad elegida: justo cuando comenzaba el aislamiento obligatorio por la pandemia de la Covid-19. Aunque no lo dijo, para cuando la cartera de Seguridad tomó esta decisión, ya estaba vigente el decreto nacional que prohíbe los despidos en la cuarentena. 

Junto al secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, el ministro acusó a los medios de comunicación de malinformar sobre el cese del pago de sus haberes a policías que están tramitando sus retiros obligatorios, en muchos casos por enfermedad sobreviniente. Sin embargo, la cartera nunca hasta ayer brindó información oficial al respecto. 

Pulleiro explicó que se trata de 75 retiros obligatorios más otros retiros voluntarios con los que se hace un total de 89. Aseguró que en su cartera investigaron y llegaron a la conclusión de que la mayoría de quienes tienen pendientes sus retiros obligatorios son personas que venían en una situación irregular con carpetas con licencia y que cobraban sin trabajar en algunos casos hasta desde hace tres años, dijo que adrede estiraban el trámite de retiro para seguir cobrando sus haberes de activos. Y aseguró que la medida se mantendrá, aunque al parecer se aplicaría una vez que termine la pandemia y se puedan realizar trámites en la Anses, como para agilizar el pase a retiro. 

En este punto reconoció que el "único error" fue haber dispuesto el cese del pago de los sueldos justo en la pandemia, y que por eso el gobernador Sáenz ordenó volver atrás.

También se refirió a los problemas suscitados con los nuevos agentes que esperan ser incorporados a la fuerza tras haber realizados el curso correspondiente. Afirmó que no se cuenta con presupuesto y hay más ingresantes que vacantes producidas por retiros. Y consideró que al dar de baja a las 75 personas con retiro obligatorio, "podría hacer ingresar a 150", por la diferencia de salarios. 

Un decreto disuasivo 

El ministro también tuvo que dar explicaciones sobre el decreto provincial 255, por el que el gobernador creó un régimen excepcional sancionatorio para quienes violen las normativas sanitarias en el marco de la pandemia y que otorga facultades extraordinarias a la Policía. 

Aseguró que una medida para desalentar que se viole el aislamiento, que no hubo detenidos en el marco de esta normativa, a lo sumo hubo demorados, "es un sistema disuasivo", insistió antes de informar que en realidad lo que más hubo fueron multas a conductores, con las que recaudaron $1.300.000 que fueron a la cuenta para el fondo para atender la Covid-19. 

En ese contexto, Cruz defendió la actuación policial del pasado 17 de mayo, en el pueblo norteño General Ballivián en el que el joven Adrián Mercado perdió un ojo por un disparo con balas de goma a muy corta distancia. El ministro sostuvo que la intervención se debió a que el joven circulaba sin barbijo y ebrio, y aseguró que el disparo se produjo en medio de un forcejeo. "Para que se den una idea, nosotros tuvimos cuatro policías heridos", sostuvo. 

Pulleiro habló también de la deficiente respuesta que dio el Sistema de Emergencias 911 ante el pedido de auxilio realizado por la docente Rosa Sulca la madrugada del 28 de abril, cuando fue asesinada. Hizo hincapié en que en este servicio hay mayoría de personal civil, aseguró que "siempre" se responde bien, que este caso "fue una excepción" y que están viendo si hay que cambiar algún protocolo.