La Policía inició un operativo para desalojar a familias asentadas al costado de la ruta 21, camino a San Agustín, y al lado del canal Tinkunaku. Los vecinos y vecinas contaron que los efectivos manifestaban tener una orden judicial aunque no se la mostraron. Las advertencias comenzaron alrededor de las 18 del martes con un plazo de dos horas para retirarse del lugar de forma pacífica. El Ministerio Público Fiscal informó que había una intimación para que la gente se retire. El ministro y el secretario de Seguridad se presentaron a dar explicaciones en la Cámara de Diputados. Desde la Secretaría de Tierras y Bienes no hay alternativas que acerquen soluciones en lo inmediato a quienes tienen necesidades habitacionales.
Ante la advertencia de la Policía, muchas personas levantaron sus carpas, sus pocas pertenencias y desalojaron el lugar, mientras otras resisten porque, según expresaron a Salta/12, no tienen a dónde ir. La fuerza de seguridad tiene valladas las entradas del extenso predio. Hay restricciones para el ingreso de ocupantes y hubo intentos de negar el ingreso a la prensa y de impedir el contacto con los ocupantes. Anoche se vivieron momentos de nerviosismo, sobre todo alentados por la Policía, que ponía límites físicos y verbales por todos lados.
“Tenemos miedo de la represión, no queremos que pase como en Solidaridad, en Autódromo, donde usaron balas. Acá hay niños (y niñas), mujeres embarazadas, personas con discapacidad. Está la Policía, Gendarmería, nos notificaron a las 18 que se iba a emitir una orden de desalojo pero no llegó. Hace dos días que nos están prohibiendo el ingreso de agua, de víveres y de ir a buscar leña”, manifestó el delegado de 200 familias, Luciano Aguirre.
“Nos están obligando a estar acá el hambre y el frío. Se decretó el aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19 y no podemos trabajar de albañiles, de vendedores ambulantes, no podemos salir a buscar trabajo, nos están dejando a la deriva. No nos dan ayuda ni contención social. ¿Cómo quieren que sobrevivamos a esta pandemia?. Quieren que nos enfermemos y muramos. Nos dicen que somos macheteros y delincuentes. Pedimos el apoyo de la comunidad, somos gente trabajadora”, expresó Aguirre.
El Ministerio Público Fiscal informó que el fiscal penal Pablo Paz intimó a los ocupantes a que abandonen la toma y dispuso que el lugar quede vallado, además de mantener vigente la medida de no innovar. Según la información oficial, no existía pedido ni orden judicial para el uso de medidas de fuerza y hasta las 20.10 se habían retirado aproximadamente 200 personas. El MPF fiscal detalló que se trata de un terreno privado y que cuando llegue el momento habrá un pedido de reintegro del inmueble al Juzgado de Garantías interviniente.
Mirando desde lejos
El secretario de Tierras y Bienes, Esteban Carral, dijo que a las carpetas de las personas que tramitaron un terreno social las maneja el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). "Hay alrededor de 3.500 inscripciones en la provincia. La gente se asentó en terrenos que tienen dos características, por un lado, (los fiscales) están reservados para uso institucional. Cuando se diagramó el barrio se dejó espacios para la construcción de la una comisaría, puesto sanitario o centro de salud y escuela. Por otro lado, se asentaron sobre terreno inundable y a la orilla de una barranca, no se puede regularizar esa situación", sostuvo el funcionario. La Secretaría no realizó un censo de las familias, ni se acercó a dialogar con vecinos y vecinas de las tomas.
Carral informó que la Provincia realizó dos denuncias judiciales contra los vecinos de la toma, una se encuentra con proceso de mediación, es el caso de quienes están en la zona de Ampliación Parque La Vega, y la otra es contra quienes se asentaron en San Calixto. Además, anunció que ampliará la denuncia para que se "investigue a 'instigadores' porque la usurpación de 6 o 7 terrenos en menos de 72 horas ha sido una toma organizada por gente que está aprovechando la situación de quienes están necesitando terreno", expresó y añadió que "seguramente son organizaciones". Según el secretario, se alienta a la toma en grupos de facebook y whatsapp.
El funcionario dijo que están trabajando en la planificación de futuras urbanizaciones pero hasta el momento la única respuesta del gobierno provincial para la gente que manifiesta una urgente necesidad habitacional es que desalojen, y actualicen su carpeta en el IPV o se inscriban. "Van a perder la posibilidad de (participar en los sorteos) por los próximos 10 años, es la sanción que se impone a quienes usurpan terrenos", advirtió Carral.
El funcionario responsabilizó a la gestión de Cambiemos en el país. "Hace más de 4 años que se dejaron de planificar urbanizaciones de lotes sociales en la provincia de Salta porque el gobierno nacional de Mauricio Macri dejó de hacerlo. El último que se entregó fue el de Los Paraísos hace dos años, y fue planificado dos años antes. Cuando se rompe la cadena de permanente urbanización para satisfacción de los demandantes que son los que se inscriben en el IPV suceden cosas como estas", dijo.
Carral también declaró que en los asentamientos la gente rompe "todos los protocolos del aislamiento social y obligatorio. Hay inescrupulosos que incentivan a la gente a salir de sus casas y romper el aislamiento. Las mujeres y niños están pasando la noche ahí motivadas por intereses que no son los de la necesidad, intereses partidarios que están provocando que sigan en la misma situación", aseguró.
Por otro lado, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, estuvo en Diputados y dijo que con regularidad hay usurpaciones en la ciudad. Informó que desde el 20 de mayo pasaron de tomas realizadas por 20 o 30 a personas a 200 o 300 por cada asentamiento, y que la mayoría están en terrenos fiscales, salvo una en la finca Marinaro y en otra cuyo propietario no identificó. También estuvo en la Cámara el Secretario de Seguridad, Benjamin Cruz. Los funcionarios aseguraron que en los desalojos y represiones actuaron con instrucciones de fiscalías intervinientes o en "flagrancia" porque encontraron grupos de whatsapp donde se incentivaban las tomas. Explicaron que disuadieron a las personas de tomar terrenos. A pesar de que hay fotografías de muchas personas con lesiones de balas de goma, los funcionarios dijeron que no hubo represión y, por el contrario, destacaron que había hombres que tenían "machetes" (que llevaron para cortar las altas malezas) y lesionaron a cuatro policías. Pulleiro y Cruz solo reconocieron que hubo un ocupante herido con balas de goma, Rodolfo Yurquina, quien estuvo hospitalizado y ya obtuvo el alta.
El Ministerio Público Fiscal por su parte informó que "en uno de los operativos de despeje (en el barrio Solidaridad primera etapa, frente a la ruta provincial 26), dos efectivos policiales resultaron lesionados con piedras. En ese contexto, un civil se abalanzó sobre uno de los efectivos con un machete y lo lesionó". El civil es Yurquina, señalaron que "fue detenido y será imputado. El acusado también resultó herido y fue asistido en el Hospital San Bernardo, donde se diagnosticó herida de arma de fuego en pierna derecha. Será imputado por los delitos de violación de medidas sanitarias, usurpación en concurso real y amenazas con armas, en calidad de autor material. El machete fue secuestrado", sostuvo el MPF.
Desde el Ministerio Público pusieron énfasis en que el procurador general Abel Cornejo considera que el abordaje y las soluciones finales a la problemática habitacional y social, no son judiciales, pero ya hay un hombre imputado por usurpación.
