La Policía Federal de Brasil allanó este miércoles residencias de empresarios, políticos y blogueros aliados del presidente Jair Bolsonaro por orden de la Corte y en el marco de una investigación sobre el financiamiento y divulgación de noticias falsas. El juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó el operativo mediante el cual investigará a una red que se dedica a amenazar en forma constante a los miembros del máximo tribunal brasileño, cuyo cierre es pedido todos los fines de semana desde principios de marzo por manifestantes bolsonaristas en Brasilia , bajo el apoyo irrestricto del propio mandatario.
"La Policía Federal está acatando en la mañana de este miércoles órdenes judiciales como parte de la instrucción de la investigación 4.781 en el STF", informó el cuerpo de seguridad en sus redes sociales. El caso 4.781 se refiere a las investigaciones que la Corte comenzó el pasado mes de marzo sobre las "noticias falsas, ofensas y amenazas que afectan a la honorabilidad y a la seguridad" del tribunal, sus miembros y las familias de estos. Los agentes salieron a las calles para cumplir 29 órdenes de allanamiento en seis de los 27 estados brasileños.
Según se informó oficialmente, el diputado paulista Douglas García, del ala oficialista del Partido Social Liberal, el magnate Luciano Hang, dueño de la cadena de importados Havan, y el corrupto confeso Roberto Jefferson, titular del Partido Trabalhista Brasileño, aliado de Bolsonaro, fueron los blancos principales del operativo. Estas personas son consideradas parte del nuevo poder brasileño, que desde 2018 alimentan las campañas virtuales del bolsonarismo, y fueron claves para su victoria electoral.
En tanto, hubo allanamientos en los domicilios de otros dos personajes populares de la extrema derecha brasileña: el periodista Allan dos Santos, del blog Terça Livre (Martes Libre) y la exmilitante feminista Sara Gironimi, que adoptó el nombre de Sara Winter a partir de una líder de la extrema derecha británica. Actualmente, Winter comanda un campamento en Brasilia llamado "300 de Brasil", que según ella se encarga de adoctrinar a la población contra el comunismo. Esta joven de 27 años visita habitualmente al presidente Bolsonaro en la puerta del Palacio de la Alvorada.
Las residencias de magnates y empresarios también fueron allanadas en varios estados de Brasil, bajo la sospecha de financiar ilegalmente sitios generadores de fake news. Están en la lista de investigados, pero no de los allanados, seis diputados federales que son la fuerza de choque del presidente Bolsonaro en la Cámara de Diputados y en las redes sociales. Se trata de Carla Zambelli, Bia Kicis, Daniel Silveira, Filipe Barros, Junior de Amaral y Luiz Phillipe Orleans e Bragança, descendiente de la familia real brasileña que gobernó hasta 1889.
En el marco del operativo, De Moraes, uno de los once magistrados de la Corte, ordenó además que la Policía Federal tome declaración el próximo martes al ministro de Educación, Abraham Weintraub, para que explique algunos comentarios ofensivos pronunciados contra ese tribunal. Weintraub, en una reunión ministerial cuyo contenido fue revelado por orden judicial en el marco de una investigación por sospechas de posibles "interferencias ilegales" de Bolsonaro en la Policía Federal, se pronunció duramente contra la Corte Suprema: "Por mí, pondría a todos los vagabundos en la cárcel, empezando por el STF". Según De Moraes, esa declaración es "gravísima" y debe ser esclarecido en qué contexto fue insertada por el ministro: hay, como mínimo, indicios de delitos de difamación e injuria.
Las reacciones frente a las medidas dispuestas por el tribunal superior brasileño no se hicieron esperar. Tras el registro de su oficina en la Asamblea Legislativa de San Pablo, el diputado Douglas García denunció que la operación tiene como objetivo "criminalizar la libertad de expresión y la actividad parlamentaria". "Yo soy diputado y a través de mi prerrogativa que la Constitución me da, puedo criticar a quien yo quiera", señaló García en un video difundido en sus redes sociales, en el que acusó al Supremo de "perseguir" a quienes son "conservadores".
"Esta investigación es inconstitucional, política e ideológica", dijo por su parte Carlos Bolsonaro, principal asesor del presidente, concejal de Río de Janeiro a quien se le atribuye haber montado en el Planalto una red llamada "Oficina del Odio". Otro de los hijos del presidente, el diputado Eduardo Bolsonaro acusó al juez Alexandre Moraes de haber tenido una conducta "dictatorial" contra sus aliados. "Los que creían que Brasil tendría medidas autoritarias a partir de las elecciones de 2018 acertaron, pero no contaban con que la orden dictatorial no vendría del presidente que ellos tanto acusan de dictador", aseguró.
La operación se mantuvo en silencio hasta el miércoles, en el marco de las disputas del presidente por el control de la Policía Federal, una entidad autónoma que depende del ministerio de Justicia. El STF investiga si Bolsonaro intentó manipular las investigaciones de la policía, en base a una grave denuncia del exjuez Sergio Moro
al abandonar la cartera de Justicia el mes pasado.
