"He trabajado en estrecha colaboración con Martín Guzmán, el ministro de Economía de Argentina, y con Philipp Hildebrand, vicepresidente de BlackRock, miembro del grupo de acreedores, y los conozco como hombres de integridad y visión. Eso me da alguna esperanza de que estas negociaciones puedan evitar un resultado calamitoso”. La frase corresponde a un texto de Roberto Johnsson, ex economista jefe del Comité Bancario del Senado estadounidense y director en la Fundación Soros durante los noventa.
La referencia alude a los dos polos en esta negociación: por un lado el gobierno argentino y por el otro uno de los mayores acreedores de deuda en dólares del país. Fuentes vinculadas a la negociación reconocen un acercamiento que hace viable una acuerdo dentro de los márgenes establecidos, lo cual sería una importante éxito para el equipo económico en el actual contexto financiero local y global.
El economista y Premio Nobel Joseph Stiglitz, mentor del ministro Guzmán, defendió la propuesta argentina pero fue menos contemplativo con la posición de los fondos de inversión que negocian con la Argentina. "Los acreedores se las arreglaron para quitar todo sentido de humanidad de por medio porque están pensando cuanto de su dinero podría estar en juego: si ellos son suaves con la Argentina, podría augurar una debilidad a la hora de negociar con los países que vendrán", aseguró el economista en una columna en The Boston Globe.
"El pronóstico es que varios países incluyendo al Congo, Zambia y posiblemente El Salvador, Iraq, Sri Lanka y Brasil, podrían no tener la capacidad de pago de lo que deben a medida que la pandemia se traduce en una crisis económica: los capitales se están yendo de los países, las exportaciones colapsan y los precios caen. Por eso cómo las cosas se jueguen en la Argentina pueden tener consecuencias. Puede ser precursora para otros países con deudas", explicó Stiglitz.
Es por eso que en medio de la pandemia, con la actividad económica global prácticamente paralizada, un acuerdo que evite que el país caiga en default sería un alivio para ambas partes. Si bien el país se vería afectado por el impacto de una cesación de pagos, la falta de crédito externo que deriva de un incumplimiento es una realidad desde hace dos años, cuando el macrismo debió pedir asistencia al Fondo Monetario. Para los acreedores tampoco sería gratis la situación, ya que endurecería las condiciones que podría ofrecer el país.
De todos modos, se conoció este miércoles que ya se presentó la "consulta" para activar el pago de los seguros contra default (CDS) . El mecanismo se inicia preguntando al comité de bancos si la actual situación de la deuda argentina es o no un default. Lo hace uno de los bancos o grupos de fondos de inversión miembro y el comité determina si es una cesación de pagos y autorizan el cobro de los seguros. Las entidades que votan tienen fuertes inversiones en estos seguros de default.
Las negociaciones se dividieron, además de los tres clubes de bonistas, entre tenedores de deuda K (derivada del canje de 2005 y 2010 sobre el pasivo defaulteado en 2001) y la deuda M (que nació con el macrismo). Además de contar con distintos porcentajes de cláusulas de acción colectiva --piso necesario para universalizar la propuesta a todo el conjunto de tenedores--, existe una diferencia conceptual y que tiene que ver con que los bonos K ya vienen de una reestructuración anterior. A estos últimos se les contemplaría la oferta (ya la había hecho Economía para todos pero fue rechazada) de un cupón PIB. La negociación con los tenedores de bonos M también parece encontrar un acercamiento, pero todavía los menúes de canje distan en un equivalente a diez centavos por dólar de valor presente de la deuda.
