"No al archivo". Con ese lema, la Multisectorial contra la Violencia Institucional lanzó una campaña contra la "falta de investigación" en homicidios que implican a personal de las fuerzas de seguridad. Es que la semana pasada, el fiscal Miguel Moreno archivó la causa contra el prefecto Ariel Condori por el crimen de Maximiliano Zamudio, de 16 años, en barrio Tablada. Además, aseguran que se corre riesgo de ir al archivo otros dos casos del mismo fiscal. "Se busca justificar la muerte de pibes pobres", aseguró el abogado Guillermo Campana, miembro de la Multisectorial. Y lamentó: "En ningún momento la Fiscalía se coloca en la perspectiva de los derechos humanos cuando se trata de policías acusados". Aseguran que "no se respetan principios ni tratados" contra el uso de la fuerza letal. Formalmente, presentaron un recurso de disconformidad y mañana se reunirán con el fiscal regional Jorge Baclini.

Al grupo lo componen organizaciones sociales, políticas, sindicales, académicas y de derechos humanos, que días atrás reclamó "justicia por los pibes" durante el informe de gestión de Baclini, en la Facultad de Derecho. Sus miembros expresan la "preocupación y repudio" por el archivo impulsado desde el Ministerio Público de la Acusación a una de las causas de violencia institucional. Además, lo plantean en torno de varios legajos judiciales en los que los sindicados son "miembros de diferentes fuerzas de seguridad que tienen por víctimas a jóvenes de sectores populares".

Advierten que otros dos casos podrían tener "idéntico desenlace". En ese sentido, se quejaron: "Moreno se niega a realizar las medidas probatorias solicitadas por las querellas que representan a las familias de estos jóvenes. ¿Les interesa realmente conocer la verdad de lo sucedido y buscar a los responsables de estos homicidios?", reza el documento de la Multisectorial divulgado ayer.

Maximiliano Zamudio tenía 16 años cuando recibió tres disparos del

prefecto Ariel Fernando Condori Apaza, en un presunto intento de robo, el 26 de mayo de 2015, en barrio Tablada. El caso fue considerado como una legítima defensa, ya que para el fiscal, Zamudio le hizo creer a Condori que corría peligro su vida. "Para sostener la hipótesis del intento de robo, el único testimonio es el del prefecto; además de unos mensajes de texto entre una persona que está en prisión y un tercero, a quien no se buscó indagar. No: fue una ejecución", lamentó Campana.

La preocupación de la Multisectorial va más allá: otras dos causas pueden terminar de manera similar: Alejandro Ponce fue encontrado sin vida en el río Paraná, el 2 de noviembre de 2015. Su hermano declaró que la última vez que lo vio tenía el agua a las rodillas y tres policías cerca. No sabía nadar. Carlos Godoy fue asesinado por balas policiales en Puente Negro. A los dos, la policía los acusó de intentos de robo.

Los tres hechos están en manos de Moreno, a quien el año pasado le pidieron que se aparte de esas causas. "Denunciamos que a pocos días de los homicidios Moreno adelantó su idea de impulsar el archivo". Y hablaron de que tuvo un "trato despectivo, irrespetuoso e irresponsable con los familiares, desde el inicio de cada investigación, negándose muchas veces a recibirlos y a darles información. Nos preguntamos si puede identificar quiénes son las víctimas y quiénes los responsables, dado que sólo dedicó tiempo a investigar a los jóvenes asesinados", expresaron. "Le bastó la sola declaración de los miembros de las fuerzas de seguridad, responsables de estas muertes, para construir su versión, sin contemplar la declaración del resto de los testigos".