Tras reclamos reiterados hacia el Ejecutivo por la falta de respuesta, en la tarde de ayer, el Concejo Deliberante capitalino endureció las multas para los funcionarios municipales que no contesten los informes solicitados por el cuerpo legislativo. Fue durante la 10° sesión ordinaria, desarrollada en el recinto Miguel Ragone.

Así, a partir de la entrada en vigencia de esta modificación, los agentes que no cumplan con los requerimientos informativos de los concejales, podrán ser sancionados con multas de 500 Unidades Tributarias (UT), es decir $7200, más la penalidad de 50 UT ($720) por día de demora en la respuesta. En caso de que hubiere una reiteración del pedido, podrá aplicarse el triple de sanción sobre la multa establecida. Vale aclarar que el plazo establecido para las contestaciones es de 15 días.

La iniciativa, de autoría de la concejala Paula Benavides, modifica el artículo 3 de la Ordenanza 10.371, la cual reglamenta el recurso de Solicitud de Informe. Esta herramienta le permite al Concejo Deliberante controlar la gestión comunal y contar con información fehaciente para elaborar los proyectos.

“Tenemos que tomar esta postura de pedirle responsabilidad al Ejecutivo municipal”, disparó Benavides, al momento de tratar el proyecto. La concejala del bloque Salta Independiente sostuvo que el municipio “tiene la obligación de contestar los requerimientos” que se le efectúan desde el cuerpo deliberativo, ya que “así lo establece la Carta Orgánica municipal”. Por otra parte, Benavides explicó que “la omisión de los deberes de funcionario público es también un delito contemplado en el Código Penal”.

El proyecto de Benavides fue acompañado por los ediles de las distintas bancadas. Romina Arroyo, del bloque Salta tiene Futuro, hizo también un fuerte reclamo en relación a la falta de asistencia de algunos funcionarios municipales, cuando fueron invitados a participar de las reuniones de comisión. “Deberíamos considerar un proyecto similar (al de Benavides) para aquellos funcionarios que nos dejan plantados en las comisiones”, dijo y luego agregó: “Es una falta de respeto que nos avisen unas horas antes, de manera informal, que no van a concurrir”.

Por su parte, Laura García también se refirió al tema de “los plantazos” (sic), pero apuntó contra la intendenta Bettina Romero: “Yo no responsabilizo tanto a los funcionarios sino a la persona que está al frente del Ejecutivo”, señaló. Con visible enojo, la concejala del Frente de Todos, continuó: “La intendenta debe tomar cartas en el asunto y tener conocimiento de lo que hacen sus funcionarios. Si ella no sabe, estamos en el horno. Entonces –preguntó– ¿quién maneja la Municipalidad?”.

La semana pasada, también por iniciativa de Paula Benavides, fueron enviados al Tribunal de Cuentas Municipal, seis expedientes en los cuales consta la falta de respuesta del Ejecutivo Municipal a los requerimientos del Concejo Deliberante. Mediante la resolución, la concejala solicitó el inicio de sumarios administrativos y la sanción correspondiente a los funcionarios de las áreas involucradas.

Cuando tenga la tierra

En el tramo de manifestaciones de la sesión de este miércoles, varios ediles se refirieron, también, a la toma de tierras realizada en los últimos días, por parte de vecinos, en distintos puntos de la ciudad de Salta.

Algunas de estas acciones culminaron con represión por parte de la Policía provincial (como las de los barrios Sanidad y Solidaridad), justificando su intervención con el argumento de que se estaba “atentando contra la salud pública", en el marco del aislamiento obligatorio por la Covid-19.

El primero en manifestarse fue Fernando Ruarte, del Frente de Todos. El concejal aludió a las declaraciones del gobernador Gustavo Sáenz, quien responsabilizó a dirigentes y punteros políticos por la toma de los terrenos. “No puede ser que cada vez que la gente exprese una necesidad, desde el Gobierno se le adjudique a una movida de la oposición”, dijo y continuó: “Con esto intentan minimizar la falta de acceso a un derecho fundamental que es la vivienda”.

Ruarte exigió “acciones concretas” al Gobierno provincial y aseguró que “ésta es una situación real, grave y desesperante”. Por otra parte, convocó a trabajar mancomunadamente y adelantó que presentó un proyecto sobre “Defensorías de inquilinos e inquilinas”, que se vincula a este tema.

Enseguida, los concejales de Salta tiene Futuro salieron en defensa del gobernador. Frida Fonseca sostuvo: “Gustavo Sáenz le ha pedido a las familias el tiempo necesario para poder solucionar el problema habitacional, reconociendo el derecho a la vivienda”. La edil justicialista aseguró que “éste no es el momento” para este reclamo, debido a “la pandemia que estamos atravesando” y coincidió con el gobernador en que “no puede haber seis tomas de tierras al mismo tiempo, en una misma ciudad, si no hay dirigentes políticos atrás que los están motivando”.

Fonseca señaló también que “estos dirigentes generan falsas expectativas en quienes toman los terrenos”, porque esos asentamientos “tienen desenlaces negativos al no contar con los servicios necesarios”.

El concejal Raúl Córdoba, por su parte, sostuvo que el gobernador Sáenz fue “muy claro” en su mensaje: “No es que él no quiera resolver el problema de la falta de vivienda, simplemente está pidiendo que esas personas reflexionen y se cuiden, porque así van a cuidar a las familias”.