En Bolivia existe un Estado de “No Derecho”. Se concreta por intermedio de la irracionalidad en la detentación del poder y conlleva la supresión de derechos y libertades fundamentales.

En estos momentos se cumplen más de seis meses, casi 200 días, en los que siete ex autoridades del Gobierno del Presidente Evo Morales se encuentran asiladas en la residencia de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, en La Paz. La dictadura gobernante no ha otorgado salvoconductos para que puedan trasladarse hacia México.

El ex Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana Taborga (foto); el ex Ministro de Defensa, Javier Zavaleta López; el ex Ministro de Gobierno, Hugo Moldis Mercado; el ex Ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta; la ex Ministra de Culturas, Vilma Alanoca Mamani; el ex Gobernador del Departamento de Oruro, Víctor Hugo Vasquez y el ex Director de Agencia de Tecnologías de Información, Nicolás Laguna, permanecen día y noche al interior de esta residencia custodiada por un contingente de 40 policías y más de 5 vehículos por turno. Asimismo, a unos 500 metros de la residencia, el desgobierno boliviano ha instalado una vigilia de personas civiles hostiles, que vigilan día y noche que ningún asilado salga de la residencia. Esta vigilia no se ha replegado ni por la cuarentena total establecida a causa de la covid-19 hace casi dos meses.

Todas estas personas han ingresado a la residencia de la Embajada mexicana, el mismo 10 de noviembre. O uno o dos días después. Para salvar sus vidas, ya que fueron amenazados de muerte, sus familias fueron gravemente hostigadas y amenazadas. En la mayoría de los casos, sus viviendas fueron allanadas, saqueadas, destruidas e incluso quemadas.

Al momento de su ingreso a la Residencia de la Embajada mexicana (gracias a la generosa y solidaria recepción de sus autoridades), ninguna de estos ex servidores públicos tenía proceso abierto y ningún mandamiento de aprehensión en su contra. Con el paso de los días y sus noches se fueron armando y fabricando una serie de procesos judiciales. La fragua, patética, sórdida y pestilente del “lawfare”. Allí, en Bolivia.

El Ministro de Gobierno de la dictadura públicamente indicó que ex autoridades del Gobierno constitucional de Evo serian “cazadas” y encarceladas antes de que se expidieran órdenes de aprehensión. Hoy, se siguen procesos e investigaciones absolutamente políticas e inverosímiles, imposibles de justificar, más allá del odio que muestran los actuales autócratas, que además de negar un derecho fundamental, constantemente hacen declaraciones ofensivas y denigrantes, con la segura convicción de que su condición de asilados nos les permite expresarse públicamente.

La dictadura boliviana, actualmente tiene de rehenes a estas siete ex autoridades, al negarles sin justificativo ni razón alguna los salvoconductos para que salgan del país. Peor: viola abiertamente el Derecho Internacional. Bolivia como México, son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) que en su artículo 22.7 establece el derecho de buscar y recibir asilo: “Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.” La adopción de un catálogo de Tratados relacionados al asilo diplomático y territorial por motivos políticos ha derivado en lo que comúnmente se ha denominado como “la tradición latinoamericana del asilo” (Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia. Sentencia de 25/ 11/ 2013).

La dictadura ha expedido más de una decena de salvoconductos, entre ellos a ex ministros, autoridades y familiares, empero por razones políticas mantiene a estas siete ex autoridades en un limbo jurídico con el objeto de causarles sufrimiento y dolor, situación que viola los más elementales derechos humanos consagrados en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y en la CADH.

Finalmente, los golpistas del Estado de “No Derecho” boliviano no han tomado en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus “Observaciones Preliminares”, tras su visita a Bolivia (10/12/2019) encomendó textualmente en su parte final lo siguiente: “Entregar los salvoconductos a las personas que se encuentran asiladas en las embajadas de México y Argentina, o en otras sedes diplomáticas, para que así puedan ejercer su derecho humano a obtener asilo y refugio, en forma tal que no fragmenten sus núcleos familiares”.

Denunciamos ante el mundo ésta gravísima violación a los derechos humanos de siete personas que, hoy, se encuentran imposibilitadas de vivir como seres humanos con dignidad y libertad inherentes, por decisión arbitraria e ilegal del actual desgobierno por la fuerza bruta que rige en Bolivia. Estas personas son víctimas directas y prueba de la guerra judicial, “lawfare”, que se vive, con miedo y tristeza, en ese país sudamericano.

Raúl Zaffaroni es Profesor Emérito de la UBA y Raúl Gustavo Ferreira es Profesor titular de Derecho constitucional, Facultad de Derecho, UBA