"Esta dilación de la justicia es algo que no toleramos más, esta actuación lenta a propósito", dice a Página/12 María Arena, esposa de Gastón Riva, el motoquero asesinado por las balas policiales aquel 20 de diciembre hirviente de 2001. Se refiere a una nueva demora en la resolución que debería respaldar la condena que el Tribunal Federal Oral 6 dictó a Enrique Mathov, Rubén Santos y al grupo de jefes policiales responsables del operativo de represión a los manifestantes que habían salido durante el estallido popular que se venía gestando, en medio de corralito bancario y saqueos. Cuatro años sin resolver esta cuestión llevan los jueces de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Angela Ledesma, y los familiares de los cinco asesinados temen que además de la demora les bajen las penas cuando finalmente decidan pronunciarse.

Este nuevo capítulo surge a partir del "pronto despacho" que presentan los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), en representación de la esposa de Riva. "Son casi 19 años del 20 de diciembre de 2001, nos costó una década y media llegar a juicio, otro tanto para obtener una condena, que si bien no es lo que esperábamos entendemos que fue una sentencia histórica a los responsables políticos de una represión en democracia", explica ella en diálogo con este diario. "Esa condena debe quedar firme como fue dictada, pero si la Cámara decide bajar las penas nuestra lucha habrá sido en vano, porque ya lo que les dieron para nosotros no es suficiente. Bajo ningún concepto aceptaremos eso, tienen que ir presos, deben cumplir prisión efectiva, los jueces determinaron que deben estar encarcelados por aquel operativo represivo". 

El 20 de diciembre de 2001 en la ciudad de Buenos Aires la represión policial asesinó a Gastón Riva, Carlos Almirón, Diego Lamagna, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez. También hubo decenas de heridos y responsables políticos, por haber dado la orden de reprimir, así como responsables materiales, por haber golpeado y disparado a les manifestantes. 

El 23 de mayo de 2016 el TOF 6 condenó a Mathov (ex secretario de Seguridad Interior) a 4 años y 9 meses de prisión, y a Santos (ex jefe de la Policía Federal Argentina) a cuatro años de prisión por ordenar y dirigir la represión, así como también a un grupo de funcionarios policiales. "La Cámara Federal de Casación Penal aun no se expidió, a pesar de que los tiempos están más que excedidos y de que se trata de uno de los hechos más relevantes de nuestra historia reciente", dijo el Cels en un comunicado. "Otra vez postergaron la decisión: le piden a las partes que opinen sobre si los jueces deben resolver, sin respetar el Código Procesal ni las acordadas de la Corte Suprema", expresó. La legislación no prevee correr vista a las partes por un pedido de "pronto despacho", los plazos de esta causa estaban vencidos desde mucho antes de la pandemia, no existe un "derecho a dilatar".

Tamaña dilación muestra que los jueces de la Cámara de Casación no parecerían estar dispuestos a resistir las consecuencias políticas de encarcelar a los ex funcionarios del gobierno de Fernando de la Rúa. Si los plazos legales están vencidos tienen que tomar la autopista para cumplir su deber, pero eligen ir por la colectora que incluso podría desviarlos del destino que los familiares de las víctimas siguen esperando.