Un grupo de prestigiosos profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hicieron pública su oposición a la invitación como expositor en esa casa de estudios de Sergio Moro, ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, y llamaron a “reflexionar serenamente sobre las bases que sustentan nuestra comunidad académica”. Se sumaron así al repudio que había generado el anuncio del evento, que finalmente, a última hora del miércoles, fue cancelado.
El brasileño representa “un modelo de juez incompatible con un Estado Democrático de Derecho”, destacaron Lucila Larrandart, Raúl Zaffaroni, Julio Maier y Elizabeth Gómez Alcorta, entre otros. Recordaron que en la universidad pública se enseñan “derechos humanos y todos los instrumentos internacionales que encuadran la actuación del Estado y los límites del Sistema Penal”, por lo que rechazar la presencia de Moro no implica “ningún tipo de discriminación” sino “un pedido de coherencia” con los principios constitucionales.
Bajo el título “La UBA y el Estado de Derecho” y luego de conocida la suspensión del evento, los académicos reconocieron que “nadie puede oponerse” a que Moro ejerza la libertad de expresión, recordaron que en el pasado dio charlas en la Universidad Católica (UCA), pero diferenciaron la implicancia de su presencia en la UBA. “Esto sí que es grave”, advirtieron también Maximiliano Rusconi, Alejandro Slokar y Luis Niño.
La universidad pública debe ser “coherente con la defensa del Estado de Derecho” y la actuación de Moro como juez fue “incompatible con un Estado Democrático de Derecho al encarcelar a una persona sin que su sentencia estuviera firme, lo que impidió su presentación como candidato de uno de los partidos mayoritarios de Brasil, posibilitando el triunfo de Bolsonaro”, señalaron en referencia a Lula da Silva.
En una época en la que se usa “a la justicia penal para campañas políticas”, la gestión de Bolsonaro (que Moro compartió hasta fines de abril) “es reconocida por violentar y atacar los derechos de las minorías étnicas, sexuales, religiosas, los derechos de las mujeres y por fomentar el odio y la discriminación como una herramienta política”, señalaron. “Moro, entre otras ideas contrarias al Estado de Derecho, apoya la liberalización del acceso a las armas, la reducción de la mayoría de edad penal y la concesión de inmunidad a los policías que matan en el ejercicio de sus funciones, posición con la que sólo Patricia Bullrich con su ‘doctrina Chocobar’ podría acordar, y también fue acusado por el magistrado Gilmar Mendes de ejercer tortura contra detenidos para poder arrancarles una delación”, añadieron.
Tampoco es “una figura de prestigio y labor académica” que justifique su presencia como conferenciante en la universidad pública, donde “enseñamos precisamente los derechos humanos y todos los instrumentos internacionales que encuadran la actuación del Estado y los límites del Sistema Penal”, recordaron. Los pactos internacionales, igual que los pronunciamientos de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no son “un tema que pueda ser objeto de distintas posiciones” por parte de los profesores.
“Se trata nada más ni nada menos que de aplicar o no los principios provenientes de la Constitución y de los Pactos de Derechos Humanos a ella incorporados”, destacaron también Graciela Otano, Marcelo Buigo, Deborah Damonte, Renato Vannelli, Graciela Angriman, Hernán del Gaizo y Martín Clemente.
