La Justicia Federal investiga contrataciones directas a empresas publicitarias cercanas al gobierno de Mauricio Macri por no menos de 291 millones de pesos durante los últimos cuatro años. La denuncia penal la presentó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que conduce el fiscal Sergio Rodríguez, en base a una investigación preliminar que estableció como principales responsables de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública al ex jefe de gabinete de ministros Marcos Peña, al ex secretario de Comunicación Pública Jorge Grecco y a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti. La causa quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal federal Jorge Di Lello.

La presentación de Rodríguez apunta a contrataciones efectuadas sin concurso y que tuvieron como beneficiarias a cuatro sociedades anónimas: Aura Advertising, La Comunidad, Circus BA y Power República. La investigación preliminar de la Procuraduría pudo determinar que desde la secretaría a cargo de Grecco, que dependía de Jefatura de Gabinete, se habría gestado “un esquema de contrataciones de empresas publicitarias relacionadas con el gobierno de turno, en flagrante violación a los principios de las contrataciones públicas”.

Las firmas serían además las mismas que participaron de la campaña presidencial de Macri en 2015 y que también se encargaron de desarrollar publicidad oficial en otros distritos gobernados por Cambiemos, como la ciudad y la provincia de Buenos Aires o el municipio de Vicente López, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Jorge Macri, respectivamente.

Para consumar la maniobra sin controles que la cuestionaran, la Jefatura de Gabinete impulsó la modificación del decreto 984/2009, que otorgaba exclusividad en el desarrollo de la publicidad oficial a la agencia estatal Télam --donde luego intentarían despedir a 357 trabajadores, incluyendo a los del área a la que habían arrebatado su función histórica--. Ese cambio se intentó legitimar mediante el decreto 978/2016 que firmó la entonces vicepresidenta Michetti, por esos días a cargo del Ejecutivo, por lo que también podría quedar imputada.

De acuerdo a la denuncia, para lograr la adjudicación directa de contrarios millonarios con empresas vinculadas a Cambiemos se usó “un artilugio legal previsto en materia de contrataciones públicas que no resultaría aplicable a los expedientes analizados por la PIA”, según informó el portal oficial Fiscales. Ello le permitió a Peña adjudicar las contrataciones de modo directo, es decir sin concurso de precios y sin permitir la competencia con otras empresas interesadas, que eventualmente hubieran podido ofrecer presupuestos más beneficiosos para las arcas públicas.

La presentación incluye también un pedido para que se investiguen pagos realizados por el Estado a las mismas empresas sin la celebración previa de un contrato, en clara violación a la normativa de contrataciones públicas.

Además de los funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones, como Peña, Grecco o Michetti, la Procuraduría pidió una serie de medidas probatorias para dilucidar la responsabilidad penal de los responsables de las empresas involucradas. Las contrataciones cuestionadas implicaron la erogación de cuanto menos 291 millones de pesos del erario público.