“Hay que aprender a cuidar cuestiones de la salud y cuestiones de la convivencia con los demás”. Ese fue el mensaje que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Sedronar, Gabriela Torres, transmitieron a miembros de las fuerzas de seguridad federales, en el marco de un programa de capacitación de “buenas prácticas de intervención” en los barrios populares, en especial con personas “con problemas de adicción o salud mental”. Frederic puso énfasis en recordar que no todos son “traficantes de drogas” porque hay personas que “necesitan tratamiento y hay que respetar derechos y garantías constitucionales”.

Se trató de un primer encuentro, como parte de una serie de acciones destinadas a evitar el maltrato y la violencia institucional del que suelen ser víctimas los sectores más vulnerables de la sociedad. Las instrucciones son para que las fuerzas de seguridad se constituyan en el primer eslabón para “garantizar la accesibilidad de la política pública en el territorio” para la asistencia y no para la represión.

Las recomendaciones fueron hechas durante una reunión de “fortalecimiento para buenas prácticas en relación a qué se hace con una persona que atraviesa un consumo problemático” en el marco de la actual situación de emergencia sanitaria por la covid-19, que afecta en forma masiva a los barrios populares, que suelen ser blanco principal de los abusos de los agentes de seguridad, tanto nacionales como de la policía porteña.

La primera actividad conjunta entre la cartera de Seguridad y la Sedronar estuvo dirigida a los agentes asignados al barrio Padre Rodolfo Ricciardelli (ex Villa 1.11.14) y continuará con exposiciones ante los efectivos que actúan en los diferentes barrios populares de la Ciuad de Buenos Aires.

Las autoridades dijeron que “el objetivo es darles información y pautas generales de intervención frente a personas en situación de consumo problemático o personas con problemas de salud mental”.

Lo que se intenta es “brindar herramientas para una intervención respetuosa, segura y para el cuidado de la población vulnerable en el marco de la emergencia covid-19”.

“Este primer encuentro de fortalecimiento para buenas prácticas en relación a qué se hace con una persona que atraviesa un consumo problemático empezamos a trabajarlo con el Ministerio de Seguridad reforzando la lógica de intervención de las fuerzas en los barrios más vulnerables en un contexto de pandemia, donde hay que aprender a cuidar cuestiones de la salud y cuestiones de la convivencia con los demás”, sostuvo Torres. Luego destacó la importancia de “acordar un protocolo de intervención para las fuerzas, que es tanto para cuidar a las personas que tienen problemas de consumo como a las mismas fuerzas”.

Frederic dijo, por su parte, que “desde el primer momento” en que asumió Torres pensaron en un accionar conjunto porque “no hay forma de abordar la cuestión del consumo de sustancias ilícitas si no es a través de una serie de dispositivos que atiendan la demanda”. La tarea conjunta es para “brindar a las fuerzas de seguridad información y pautas generales de intervención frente a personas en situación de consumo problemático o personas que viven situaciones de necesidad de asistencia debido a problemas de salud mental, para facilitarles el acceso a los servicios públicos que correspondan, evitando la violencia y respetando sus derechos y garantías constitucionales”.

“Las fuerzas de seguridad están permanentemente en contacto con personas con consumos problemáticos y no se trata de un tema que se reduzca a traficantes de drogas o sustancias ilegales”. Lo que se señaló es que “el vínculo con las personas con consumos problemáticos se da, muchas veces, en los barrios donde hay seguridad ciudadana”.

Lo que debe hacerse, se dijo en el encuentro, es “darles a las y los trabajadores de las fuerzas herramientas que eviten una relación violenta para con esas personas y, asimismo, que contribuyan a tratamientos adecuados”.

Eso implica que la Sedronar “nos informe cuáles son los recursos disponibles en el Estado para que las fuerzas puedan derivar a quienes lo necesiten”, agregó la titular de la cartera de Seguridad.

Por su parte, el secretario de Seguridad y de Política Criminal, Eduardo Villalba, explicó que “participaron efectivos de la Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y la Policía Federal, quienes tienen presencia en los barrios. Vamos a seguir impulsando este tipo de acciones, porque el Convenio justamente es para capacitar a la totalidad de los miembros de las fuerzas”. Este primer encuentro incluyó una charla a cargo de Carlos Damín, jefe de la División Toxicología del Hospital Fernández y un taller con los participantes, que trabajaron con material sobre la Red Asistencial de Emergencia.

La idea es que en los barrios populares, la presencia del Estado esté orientada “a facilitar el acceso de las personas a las redes asistenciales” desde “una perspectiva de Derechos Humanos, con un abordaje (...) centrado en las personas, que requiere de una escucha y acompañamiento”. En ese marco se ha constituido una Red Asistencial de Emergencia que consiste en articular los distintos dispositivos de acompañamientos para garantizar la accesibilidad de la política pública en el territorio”. La red consiste en el refuerzo de la línea 141 para “la escucha, contención y orientación” de las problemáticas de consumo las 24 horas, y los Centros de Asistencia Inmediata coordinados con esa Línea 141.

Esto va acompañado con una “guía de actuación” para los cuerpos policiales, sobre la base de normas internacionales de DD.HH. y en modificaciones recientes a la legislación argentina, destinadas a “preservar la seguridad en situaciones que involucran a personas con presunto padecimiento mental o en situaciones de consumo problemático de sustancias en riesgo inminente para sí o a terceros”.