El impuesto a las ganancias que pagan las personas sobre sus ingresos vuelve al debate político. Casi dos millones de asalariados pagan sobre sus ingresos cifras muy significativas, aunque no se trate en su mayoría de "grandes sueldos". Es un problema recurrente en un país con alta inflación, en el que los sueldos pierden la carrera contra el aumento de los precios, pero la actualización del monto salarial que es el umbral sobre el cual se cobra el impuesto (el "mínimo no imponible") va todavía más atrasada que los sueldos en esa carrera. El asalariado medio, en consecuencia, pierde poder adquisitivo pero debe pagar más impuesto. Si en vez de la secuencia se toma la foto, lo que devuelve la imagen es lo que expresó el Presidente en Formosa: "cuando veo la parte de impuesto a las ganancias que aportan los que viven de un sueldo, digo esto esta mal y hay que corregirlo". 

No es la única distorsión que padece el sistema tributario argentino que, como dijo en la conferencia de prensa Alberto Fernández, también recarga el peso de los tributos sobre el consumo de la población, antes que sobre la riqueza de los ciudadanos. Inequitativo como pocos, según lo demuestran diversos estudios comparativos de tributación, el sistema argentino tiene como gravamen estrella al IVA, que carga una tasa del 21 por ciento sobre los consumos populares, hasta sobre los servicios públicos básicos. 

De acuerdo a la versión que dio el presidente argentino sobre el comentario de Angela Merkel durante su reciente visita de febrero a la canciller alemana, hasta los mandatarios europeos se sorprenden de la inequitativa distribución de los impuestos en Argentina y de cómo los ricos pagan tan poco. La respuesta es que los sistemas impositivos en Argentina se han consolidado en períodos de gobiernos de los ricos, o para los ricos. Son los que han establecido las reglas más duraderas y sin demasiada preocupación por lograr consensos. Les resultó más fácil eliminar el impuesto a la herencia o eximir de impuestos a la renta financiera (en épocas de financiarización agresiva de la economía y escasez de inversión productiva), que lo que le costó sostener a otros gobiernos el intento de bajar algún punto del IVA. 

En este contexto, el presidente mencionó el injusto tratamiento de los sueldos en el impuesto a las ganancias, mientras que la Cámara Baja del Congreso intenta avanzar en un impuesto "extraordinario" sobre la riqueza. También se habla de una reforma tributaria más integral, aunque por ahora en reuniones cerradas de las áreas especializadas. El propósito sería poder avanzar para tener un sistema más eficientes y equitativo de recaudación en el año 2021. En lo inmediato, la puesta en debate de estas cuestiones sería de algún modo tratar de abonarle el camino a un impuesto a la riqueza que tendrá que superar varias barreras de resistencia.

La baja tributación sobre los grandes patrimonios, por otra parte, tampoco se resolverá cambiando alícuotas o aumentando la progresividad de los impuestos. Hay un problema más de base que agrava el asunto: la absoluta falta de transparencia en la declaración de propiedades. Argentina se ha destacado por la prolífica ingeniería desarrollada para el ocultamiento de activos, con un aliciente importante: pocas veces se ha combatido esta práctica.

Un ejemplo de ello, quizás el más elocuente, es el de las cuentas en el exterior. Desde la confesión de un ex directivo del JP Morgan sobre cómo armaba las transferencias de dinero de grandes fortunas privadas al exterior, se sabe que el sistema financiero a través de sus entidades formales "presta" este servicio de banca en las sombras (shadow banking) a quien lo solicite para fugar su dinero sin tener que pasar por el mercado formal de cambios con su propio nombre. Pese a que aquella "autodenuncia" del arrepentido del JP Morgan fue presentada a la Justicia, en los tribunales no se movió un papel para dar con los estafadores y, muchos menos, con los traficantes de dinero. Más aun, los argentinos que figuraron en las revelaciones de los Panama Papers tuvieron el raro privilegio de no tener que dar explicaciones sobre esas fortunas escondidas en guaridas fiscales, aunque ocuparan el más alto cargo en el Estado. 

Recién con la actual gestión en la AFIP surgió un explícito interés por fiscalizar esas cuentas. El organismo ya cuenta con información de 300 mil cuentas en el exterior a nombre de argentinos, con saldos en algunos casos superiores a las nueve cifras en dólares (quiere decir más de 100 millones), de las que habrá que esperar las tareas de fiscalización para conocer, en principio, si fueron declaradas. 

Sería equitativo cobrarle impuesto a los ricos. Pero en Argentina, primero hay que investigar quienes son y cuanto tienen. Y esta tarea recién empieza.