Este jueves los miembros el consejo directivo del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) decidieron separar del cargo de la presidencia de ese organismo al vocal del Pueblo Chulupí, Alejo Gallardo. La decisión se tomó tras la denuncia que pesa en su contra por golpear a un cacique wichí de Santa Victoria Este, de 65 años de edad.
La reunión de los directores del IPPIS, a la que Gallardo no asistió, fue, sin embargo, solicitada por el ahora separado del cargo. Frente a la novedad quienes cortaban la ruta provincial 54 en el acceso a Santa Victoria Este desde el miércoles al mediodía, reclamando en contra del funcionario, levantaron la protesta cerca de las 17 de este jueves.
El vocal del Pueblo Kolla, Miguel Siares, explicó a Salta/12 que la presidencia fue asumida por el vicepresidente de la entidad, el vocal del Pueblo Diaguita Calchaquí, Héctor Fabián. Los demás vocales son Siares, Romelia Durán (Toba), Osvaldo Araya (Chané), Samuel Centeno (Chorote), Gabriel Yaguari (Guaraní) y Joaquin Killo (Tapiete). El Pueblo Wichí, que tiene la población más grande, está sin representante en la entidad tras el fallecimiento de Indalecio Calermo.
Siares sostuvo que los vocales entendieron que lo acontecido en Santa Victoria Este no es correcto, aunque esperarán una resolución de la Justicia. Adujo que de todos modos se están organizando las etapas para las nuevas elecciones en el IPPIS que están previstas para este año.
Anteayer al mediodía referentes de distintas comunidades del norte provincial decidieron cortar totalmente la ruta 54 para pedir la destitución de Gallardo como presidente del IPPIS.
Esa determinación se tomó tras las consultas que se hicieron a distintas comunidades por el incidente que tuvo lugar el jueves 21 de mayo pasado. Ese día el cacique de Kilómetro 2, de Misión La Paz, Ricardo Rojas, evitó el paso de un contratista a la comunidad chulupí de la cual Gallardo es referente. Rojas estaba en uno de los controles autogestionados que instalaron referentes de las comunidades en zonas de frontera, por entender que no hay suficiente control de Gendarmería o la Policía y temen que esto pueda complicarlos por la posibilidad de que ingrese alguna persona que esté contagiada con la Covid-19
Anteriormente en estos controles ya se había impedido el paso de comerciantes. La acción había molestado a Gallardo, quien solicitó definiciones al Concejo Deliberante de Santa Victoria Este para permitir el paso de los vendedores, lo cual le fue rechazado. Pero el incidente se dio tras el impedimento del paso al contratista que, según Gallardo, debía ver la terminación de las viviendas en una comunidad del Pueblo Chulupí, de la que él es referente.
Gallardo insistió en que él fue víctima de agresiones físicas de personas que acompañaban al cacique wichí en el control, y que fue uno de sus hijos y no él quien golpeó a Rojas.
El IPPIS se encuentra intervenido desde marzo de 2019 en su sector financiero. Es por la supuesta malversación de fondos, delito que sigue siendo investigado en el Ministerio Público Fiscal.
