Marta Cardozo denunció que en el Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), le cobraron por el parto de su hija casi $27 mil porque la joven es de nacionalidad boliviana. Al hablar con Salta/12 la mujer, que es argentina, afirmó que debía pagar el total de la cuenta para obtener el certificado de niña viva de la beba nacida el 2 de mayo pasado. El papel es necesario para contar con el documento nacional de identidad (DNI). “Nunca se le negó el certificado. Lo que pasó es que ella nunca pasó a retirarlo. Y nunca dijo que no podía pagar”, sostuvo el gerente del Hospital, Juan López, al ser consultado. La denuncia de la situación ya se encuentra en manos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), en Salta. Si bien por intervención del delegado de la entidad, Gustavo Farqhuarson, el problema está en vías de ser resuelto, la denuncia seguirá su curso.
Lejos de reafirmarse el prejuicio instalado entre los argentinos, a los extranjeros sí se les cobra por la atención en la salud. Así lo confirmaron tres gerentes de hospitales ubicados en ciudades que limitan con Bolivia. Aclararon que siempre depende de la situación socio-económica de la persona. En los tres casos se afirmó que de ninguna manera se puede retener el certificado de nacimiento. “A la señora se le preguntó y nunca dijo que no podía pagar”, sostuvo por su parte López. “Incluso llegó a decir que iba a pagar la diferencia y nunca fue a retirar el certificado. Acá no se le niega el certificado a nadie”, agregó el gerente hospitalario. “En el Hospital se atiende a toda la gente y no se le pone una pistola en la cabeza a nadie para pagar”, dijo. “No sabría decirte por qué hizo la denuncia”, afirmó el médico.
La explicación que dio un abogado del Hospital a Farqhuarson fue un tanto distinta a la de López, pues adujo que la joven parturienta no entregó su documentación para anotar a la nena.
Por su parte, Cardozo afirmó que ella habló en el Hospital con un contador de apellido Ovejero a quien le manifestó la imposibilidad de pagar. Y es que los únicos ingresos con los que cuenta son de las pensiones de dos de sus tres hijos más chicos que actualmente viven con ella. Esos dos hijos de Cardozo tienen discapacidad, y ella también. Su marido, en tanto, “vive de changas” y no tiene un trabajo formal.
Pese a la situación, tras el parto primero pagó $2 mil porque no la dejaban salir del Hospital a su hija, y luego llevó $10 mil más. Pero tampoco se animó a volver a preguntar por el certificado, dado que sintió maltrato por parte de quienes la atendieron en la administración del Hospital.
Historias de mamás solas
La hija de Cardozo fue llevada por su padre a Yacuiba (ciudad fronteriza de Bolivia), cuando era solo una niña. Cardozo vivía en Tartagal y en aquel momento quiso recuperarla pero no tuvo ayuda ni en Argentina, ni en Bolivia. Hace cinco años, ya divorciada de una anterior pareja, la joven volvió a vivir con su madre. Alquilar una pieza en Yacuiba mientras trabajaba como empleada de casas particulares o asistente de peluquería no le alcanzaba para cuidar a sus dos hijos. Además, uno de ellos empezó con ataques de convulsiones. La joven (que pidió reserva de su identidad por miedo a más represalias a las ya sufridas) vino a Tartagal para ser contenida por Cardozo. Allí un médico vio a su hijo, y lo derivó al Hospital Materno Infantil, en Salta Capital, en donde le dieron un tratamiento. “Yo tengo 12 hijos y ella es la mayor. Es la única que no tiene documento argentino, los demás sí lo tienen”, dijo Cardozo al indicar que cuando se la llevaron su hija era muy chica y no tenía DNI. “Pero yo soy argentina. Y es mi hija”, agregó sin entender lo sucedido en Tartagal. Afirmó que su hija había iniciado el trámite para nacionalizarse argentina sin poder concluirlo hasta ahora.
Al cursar el nuevo embarazo, la joven fue al Hospital. Una primera consulta le fue arancelada con $500, mientras que costeó un análisis con $700, y otro por más de $2 mil, según las facturas que mostró Cardozo. El 2 de mayo fue al Hospital a parir. Pero los médicos le dijeron que volviera a su domicilio porque aún le faltaba para iniciar el parto. Al regresar a su casa empezó a sangrar, por lo que retornó al Hospital, empezó con el trabajo de parto y dio a luz a las 21 de ese día.
Según el relato de Cardozo y lo indicado en la denuncia ante el Inadi, desde el Hospital se intimó al pago para contar con el certificado de la beba. Este “es el primer derecho, a la identidad de una persona”, dijo la directora del Registro Civil en Salta, Verónica Saicha. “Es imposible que se lo niegue (el certificado de nacido vivo). No corresponde”, sostuvo la funcionaria a quien el gerente del Hospital ya le había negado tal situación. El tema es que a este miércoles, ya habían pasado 25 días del nacimiento de la nena, y quedaban 15 para inscribirla como corresponde en el Registro Civil para que cuente con su DNI.
Sexta denuncia en cuatro meses
El Hospital de Tartagal ya lleva seis denuncias ante el Inadi desde la gestión de Farqhuarson, que comenzó en febrero. Cómo antecedente, el Hospital Materno Infantil (de Salta Capital), fue denunciado por un hombre trans, desde la institución hospitalaria se pidieron las disculpas correspondientes, se iniciaron sumarios y se predispusieron a contar con capacitaciones desde el Inadi. En Tartagal no ocurrió lo mismo. Las denuncias contra el Hospital fueron en general por parte de personas de los pueblos originarios.
Farqhuarson sostuvo que es preciso hablar “respecto de los derechos de las personas migrantes”, pues tienen derecho de acceso a la salud “como cualquier argentino nacido en el país”. “El trato que se le da o el maltrato discriminatorio hay que cambiarlo. No puede ser que el Inadi termine llamando y se resuelva. No puede ser así. Lo que buscamos es que no tenga que intervenir el organismo para que esto se solucione, tiene que haber una solución en los organismos de Salud (…) No puedo entender cómo uno llama y le explican y a la gente no”, agregó el funcionario.
Analizó que evidentemente “hay algo estructural que hace que la gente termine denunciando o se sienta discriminada”. Añadió que preocupa que este tipo de situaciones sucedan cuando, además, “la gente no la está pasando bien económicamente”. A su entender, muchas veces sucede que la falta de financiamiento que precisa la Salud Pública hace que los mismos trabajadores de la institución se sientan sobrepasados para dar respuestas con los escasos recursos con los que cuentan. Y ese estar sobrepasado muchas veces se vuelca en el trato a quienes buscan acceder al sistema.
