En medio de una interna dentro del Gobierno y sin apoyo político de la oposición, el blanqueo finalizará el 31 de marzo, tal como estaba previsto en la ley que se votó en el Congreso. Desde la AFIP se pretendía extender la fecha de cierre, pese a que ese cambio hubiese generado nuevas presentaciones judiciales como las que ya recibió el titular del organismo, Alberto Abad, por otros cambios aplicados a la ley mediante decretos y resoluciones. De todos modos, en los últimos días, según pudo saber este diario, el oficialismo intentó buscar acompañamiento de otras fuerzas políticas, pero no hubo consenso. Desde la AFIP confirmaron entonces que el 31 de marzo será la fecha límite para sincerar los activos declarados y regularizar deudas impositivas vencidas al 31 de mayo de 2016. 

Sin miras a una recuperación de la economía ni de la llegada de la lluvia de inversiones, la apuesta oficial es al ingreso de dólares, ya sea vía endeudamiento o con fondos provenientes del blanqueo. Durante la vigencia del programa de exteriorización se aplicaron varios cambios en la interpretación de la ley luego de haber sido aprobada. La primera fue la posibilidad de que familiares de funcionarios se acogieran a este beneficio, lo que derivó en una primera denuncia penal contra Abad. La última fue reinterpretar la participación en sociedades anónimas como testaferros de quienes blanqueaban alguna propiedad o tenencia de activos financieros. 

“Si se extendía vía decreto sin aval político, y no lo había, se dejaba en una situación de inseguridad y vulnerabilidad a los que se acogieran al beneficio después del 31 de marzo”, explicó a este diario Alberto Mastandrea, tributarista y socio de Impuestos de BDO Argentina. De todos modos, el Gobierno comenzó a contactarse con la oposición para testear la posibilidad de realizar una nueva prórroga. Los últimos cambios y flexibilizaciones le hubiesen permitido un mayor ingreso de fondos. Entre las alternativas que barajó el Gobierno estaba la posibilidad de hacer una extensión vía decreto o pasarlo por el Congreso. “Para cualquier de las dos opciones se requería de aval político dentro y fuera del gobierno. Y no lo había”, dijo Mastandrea. 

Hasta el momento, en el blanqueo se sinceraron unos 135 mil millones de dólares, según anticiparon desde el macrismo. Frente a este escenario, el titular de la AFIP consideró oportuno extenderlo pero con garantías políticas, para evitar nuevas presentaciones en su contra. La decisión se tomó en el mediodía de ayer en Casa Rosada tras una reunión del equipo económico. 

En un comunicado de la AFIP, se confirmó la fecha de vencimiento, pero aclara que “en el caso de las propiedades se recomienda a los ciudadanos no esperar a último momento ya que uno de los pasos requeridos es la intervención de un martillero público u otro profesional habilitado para confirmar la tasación del inmueble”. Esto se debe a que los bienes declarados a nombre de un tercero debe tener consentimiento certificado para poder sincerarlos.