Tal como había adelantado Página/12, el fiscal Jorge Di Lello abrió la investigación por presuntas maniobras de espionaje ilegal perpetradas desde el corazón de la AFI macrista. La denuncia había sido presentada de manera digital el pasado martes por parte de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, a cargo de Cristina Caamaño, quien asegura que fueron pinchados los mails de casi cien personas sin que mediara ninguna orden judicial. El titular de la Fiscalía Federal 1 decidió requerir al juez Marcelo Martínez de Giorgi la pesquisa e imputó a Mauricio Macri, Gustavo Arribas, y otros ex y actuales integrantes de la central de inteligencia.

Los seguimientos detectados comenzaron en el mes de junio de 2016, a los pocos meses de la asunción de Macri. Políticos de la oposición y de la propia alianza gobernante, dirigentes sindicales, un gobernador, intelectuales y periodistas fueron espiados por la gestión de Arribas. Desde Laura Alonso, hasta Mario Negri, Luís Majul, Ricardo Forster, Héctor Daer y Ernesto Sanz.

La decisión de Di Lello terminó de tomar forma luego de haber analizado las pruebas aportadas por la actual AFI --que llegaron este miércoles a su despacho del quinto piso de Comodoro Py en forma física-- en medio del funcionamiento alternativo de los tribunales por la pandemia. Se trata de documentación y, sobre todo, el disco rígido marca Western Digital, donde la intervención –según dijo, en una revisión de rutina-- halló las pinchaduras. Si bien parte del material había sido borrado, la maniobra se hizo en forma muy rudimentaria, por lo que el contenido pudo ser recuperado.

En su denuncia, la gestión de Caamaño pidió la indagatoria del expresidente por entender que la dependencia de Inteligencia es responsabilidad directa del Jefe de Estado, por lo que entendió que no pudo haber maniobras de espionaje sin su conocimiento, orden o aval. 

Al mismo tiempo, el agente que estaba a cargo de la computadora donde se halló la nómina de más de ochenta correos electrónicos personales de políticos, dirigentes y políticos, está identificado. Por eso, la AFI pidió también que él y otros cinco empleados sean indagados por la Justicia. Los requerimientos de indagatoria serán resueltos por la fiscalía con el avance de la investigación.

Para la intervención de la AFI hubo un “proceso sistémico de inteligencia ilegal”. Entre las víctimas figuran Laura Alonso; Nicolás Massot; Luis Majul; Mario Negri, Ernesto Sanz; Ángel Rozas; Mario Barletta; Alberto Weretilneck, Héctor Daer; Rodolfo Tahilade, la ex abogada de Milagro Sala y actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta; la diputada Gabriela Cerruti; el ex titular de la Afsca Martín Sabatella; el actual gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el diputado del Frente de Todos Marcos Cleri; la actual ministra de Educación de Tucumán, Silvia Rojkés; y el actual embajador designado por la Argentina ante la OEA, Carlos Raimundi; entre otros.

Las medidas de prueba que pidió Di Lello

Para el expediente caratulado como “NNs/violación de correspondencia y violación del sistema informático”, el fiscal pidió varias medidas de prueba. Por un lado, requirió la “declaración testimonial al personal contratado (de la AFI) para que informen las instrucciones recibidas respecto a los hechos investigados”. También que se llame a declarar bajo juramento a los empleados que encontraron el disco rígido en cuestión.

Al mismo tiempo, Di Lello pidió la realización de pericias para determinar el contenido, origen y titulares de los mails intrusados y establecer en general “qué tipo de información contiene el disco rígido acompañado, fecha de producción, obtención y/o almacenamiento; su origen tecnológico, y cualquier otro dato de interés” para la investigación.

Por otra parte, solicitó que “se requiera a la Agencia Federal de Inteligencia el legajo completo de los agentes “A” y “B”; además de una nómina de todo el personal contratado desde diciembre del año 2015 hasta diciembre de 2019; el diagrama completo de la estructura de la secretaría desde el año 2015 al año 2019 y todas las órdenes de reunión de información que existieran en esa agencia federal respecto de las personas detalladas en la denuncia”.

En su denuncia, la gestión de Caamaño pidió la indagatoria de Macri y los demás involucrados en la presunta maniobra de espionaje ilegal. Los requerimientos de indagatoria serán resueltos por la fiscalía con el avance de la investigación.