El poder adquisitivo de los trabajadores registrados cayó 5,7 por ciento durante los primeros doce meses que gobernó Mauricio Macri. El guarismo equivale a una pérdida acumulada de 14.885 pesos entre los meses de diciembre de 2015 y 2016, que representa el 87 por ciento del bruto mensual. Las estimaciones realizadas por el Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (Cetyd) implican que a esos asalariados no les ingresó durante el año casi un mes de sueldo.
“Los despidos, suspensiones y, en consecuencia, el temor generalizado a perder el empleo comenzaron a actuar como un poderoso disciplinador social. Sembraron el terreno que posibilitó la significativa caída de los salarios reales y la creciente precarización de hecho de las condiciones laborales”, sostiene el último informe del centro radicado en la Universidad Nacional de San Martín. “Los pronósticos de crecimiento para 2017 dependen de condiciones objetivas que aún no se han verificado”, advierte.
El Cetyd estima que el salario real para los trabajadores de comercio y la construcción se ubicó el mes pasado un 9 por ciento por debajo del valor de noviembre de 2015. Entre los metalúrgicos, la reducción llegó al 13 por ciento. Con esos parámetros, el Cetyd considera que la banda del reclamo salarial se constituirá con la reconstrucción del poder adquisitivo perdido más la inflación esperada: “Una paritaria que cierre entre el 25 y 30 por ciento o el 19 por ciento directo con cláusula gatillo, podría responder a las expectativas promedio de los trabajadores en este contexto defensivo”.
Desde la perspectiva de los investigadores, “el sector empleador y el Gobierno ya están abandonando el techo del 17 por ciento, en un nuevo fracaso de imponer topes. Se está pensando en criterios de alrededor del 22 por ciento final. Entre esos valores transcurriría la puja distributiva, en este año crucial, para impedir la cristalización del retroceso salarial”. El informe afirma que las políticas del Gobierno generaron un crecimiento del 8 por ciento en la conflictividad laboral y un incremento de huelguistas y jornadas no trabajadas, tanto en el sector privado como público.
