El gobierno de España aprobó el primer Ingreso Mínimo Vital (IMV) a nivel nacional. Con esta medida pretende llegar a 850 mil hogares que integran casi 2,4 millones de personas. El mismo estará orientado a familias que se encuentran en situación o riesgo de pobreza. "Hoy nace un nuevo derecho social en España. Es un día histórico para la democracia", señaló el vicepresidente segundo Pablo Iglesias. El ingreso oscilará entre 462 y 1.015 euros al mes (500-1.200 dólares), dependiendo de la composición del hogar, que puede ser unipersonal. De acuerdo con el gobierno esta ayuda supondrá la práctica erradicación de la pobreza extrema en el país. La medida llega en medio de una crisis económica severa causada por la pandemia del coronavirus. En España hubo unos 950.000 nuevos desocupados desde el inicio del confinamiento.
"Justicia social y recuperación económica"
La medida estaba incluida en el programa de gobierno acordado entre el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos (UP). Sin embargo su aplicación se aceleró ante las consecuencias económica de la pandemia. Podrán pedir esta ayuda hogares de cualquier tamaño, también los unipersonales, siempre que la persona tenga entre 23 y 65 años y lleve al menos tres años constituido el hogar. Cuando es una pareja, el hogar debe estar formado desde hace un año. Se requiere también al menos un año ininterrumpido de residencia legal en España, excepto para las personas vulnerables en situaciones de violencia de género o explotación sexual.
El presidente de España Pedro Sánchez destacó el carácter permanente de la medida. “Ampara a quienes peor lo están pasando, combate la pobreza y contribuye a la recuperación económica de nuestro país", explicó el mandatario en su cuenta de Twitter. El gobierno informó que un 30 por ciento de los beneficiarios serán menores. Los montos fijados por el ejecutivo nacional establecen un mínimo para todo el país que las distintas comunidades autónomas podrán mejor. Su asignación dependerá de la composición, patrimonio e ingresos del hogar. Durante el primer mes de vigencia del ingreso mínimo, el gobierno actuará de oficio con la intención de llegar rápidamente a unos 100.000 hogares que cumplen con los requisitos, sin que sea necesario que lo soliciten. El coste anual para el Estado se calcula en unos 3.000 millones de euros, equivalente a un 0,24 por ciento del PIB de 2019.
Por su parte Iglesias subrayó que este ingreso viabiliza la redistribución de la riqueza. “Es absolutamente imprescindible para la recuperación económica", sostuvo el miembro de UP. Además recalcó la importancia de que esos recursos no irán a paraísos fiscales sino al consumo para dinamizar la economía del país. Actualmente están en situación de pobreza extrema unos 600.000 hogares y 1,6 millones de personas que viven con ingresos entre 245 y 362 euros al mes. "No hay libertad si no se llega a fin de mes", aseguró Iglesias. Por su parte la ministra de Trabajo Yolanda Díaz también recalcó el carácter histórico de la medida. “El propósito de este gobierno de no dejar a nadie atrás se sustancia en una prestación estructural, destinada a permanecer, y que era un compromiso con nuestro país", sostuvo Díaz. En el resto de Europa ya se aplican medidas similares por lo que España llega rezagada, aseguró Andoni Montes, analista de la Fundación Alternativas a la agencia EFE. "El IMV pone a España en un contexto de la normalidad europea", explicó Montes. Según el analista el país no poseía una política de protección social tan ambiciosa como otros de su entorno.
Un plan para alentar el empleo
Desde las entidades empresariales y la ortodoxia económica marcaron los peligros del programa social que planteó el gobierno. Entre la oposición política, el portavoz en el Senado del conservador Partido Popular Javier Maroto consideró muy grave que el gobierno pretenda usar para este ingreso los fondos de las pensiones de retiro. Por su parte el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Antonio Garamendi recalcó que este sistema no tiene ningún sentido si no conduce hacia lograr más empleos. "No podemos tener un país subvencionado", recalcó el representante del sector. Además pidió que el IMV se aplique de manera idónea y con la obligación de que los beneficiarios no puedan rechazar ofertas de trabajo.
Sin embargo el gobierno explicó que la asistencia será compatible con rentas salariales e incluirá incentivos al empleo. De esta forma los beneficiaros van a poder realizar en paralelo trabajos temporales o por cuenta propia sin perder el beneficio. El IMV cubrirá la diferencia entre la renta existente en cada familia y el umbral fijado para cada tipo de hogar. Este límite de patrimonio, que aumenta según el número de personas que forman el hogar, parte de 16.614 euros netos (unos 18 mil dólares) para una persona que viva sola, hasta un máximo de 43.196 euros (48 mil dólares). Sólo al sobrepasar ese monto los beneficiarios perderán la asignación. Antes de esta crisis, 4,5 millones de hogares españoles se encontraban en riesgo de exclusión social o pobreza severa. Esto suponía casi el 25 por ciento del total de la población, según un estudio del Banco de España de marzo pasado.
