En el diagnóstico hay coincidencia: la industria televisiva argentina necesita adaptarse definitivamente a las actuales formas de consumo, producción, comercialización y exhibición de ficciones. Los servicios de streaming revolucionaron el mundo audiovisual, en el que cada vez queda más en evidencia que las certezas del pasado son los cimientos oxidados de un sistema que ya no sirve. La globalización mediática elevó la calidad y amplió universos. La reconversión no sólo es una necesidad, sino que debe ser un hecho. Ya no hay dudas ni tampoco tiempo. La “fábrica de hacer chorizos” es a la pantalla chica lo que las canchas de paddle y el parripollo a lo economía actual: reliquias de una cultura en decadencia. El interrogante por responder es qué puede hacer la ficción argentina para no morir en los (pocos) intentos. Página/12 convocó a distintos referentes y dirigentes del audiovisual argentino para pasar del diagnóstico a las propuestas. Traigan voluntad política, que ideas sobran.

La crisis actual de la ficción nacional no es nueva, sino que es la consecuencia de un proceso -artístico, económico y tecnológico- que lleva años deteriorando a los productos argentinos. La pantalla chica local es el botón de muestra de lo que ocurre. Sin ponderar cuestiones artísticas y narrativas, basta con repasar la evolución en el volumen de producción nacional de programas de ficción en los últimos años para comprender que la realidad actual no es producto de la pandemia. El declive de tiras diarias, telenovelas, unitarios y series en la TV abierta nacional es constante e inequívoco: mientras en el 2013 se produjeron y emitieron 34 ficciones para la pantalla chica en Argentina, en 2014 esa cifra se redujo a 22, en 2015 cayó a 18, en 2016 llegó a 14, en 2017 no pasó de 11, en 2018 fueron apenas 8 y en 2019 se contabilizaron 7 en total. En este extraordinario 2020, ni siquiera se pudo completar la emisión de una ficción nacional, teniendo en cuenta que Separadas fue levantada a los 36 episodios. En siete años, se pasó de 34 ficciones nacionales emitidas a unas pocas. Hay que decirlo de una vez: la ficción nacional dejó de ser parte importante de la TV argentina.

La debacle constante y acelerada de la ficción argentina encontró en el streaming y en algunas señales de la TV paga posibilidades para desarrollarse, pero tampoco tantas como se quisieran. La coproducción internacional es una alternativa, pero no la solución. La merma en la producción de ficción afecta al trabajo de sus profesionales directos (actores, directores, productores, guionistas, vestuaristas, maquilladoras, técnicos), pero también atenta contra la posibilidad de que esos programas generen ingresos por la potencial venta de contenidos al exterior. No se produce, no se vende. El círculo virtuoso se convirtió en un círculo vicioso. Las ficciones extranjeras, que como en cualquier lugar del mundo resultan más baratas importar que producir localmente, ocupan cada vez más espacio y cosechan las más altas audiencias de la TV local. El panorama es oscuro, pero no todo está perdido.

Construcción de una “industria”

Si bien se suele referir al sector de la producción de contenidos audiovisuales como una “industria”, lo cierto es que la actividad no contempla ningún tipo de marco regulatorio específico. De hecho, el decreto 1528/2012 que reconoció al audiovisual como una industria a nivel nacional, nunca fue refrendado con una ley por el Congreso Nacional, por lo que no tuvo ninguna aplicación práctica. La necesidad de llenar de contenido esa intención, para que las empresas vinculadas al sector puedan acceder así a políticas de promoción y beneficios impositivos, parece ser un camino necesario para estimular la producción. Hoy, las empresas del sector que compran una cámara de TV, pagan lo mismo que lo que abonaría una persona para uso personal. O las productoras, por ejemplo, tampoco están exceptuadas del pago presunto (adelantado) de ganancias. No hay un régimen industrial, pese a que la actividad audiovisual ocupa un lugar importante en la actividad económica.

“La Multisectorial Audiovisual Nacional entiende que en términos económicos la Producción Audiovisual (cine, tv y plataformas digitales) tiene un impacto sobre el PBI, muy superior a la histórica industria del calzado, de reconocida calidad y prestigio internacional, o la industria de maquinarias agrícolas. El aporte de la producción, emisión, distribución y comercialización de los contenidos audiovisuales al PBI es tal, que hasta triplica el impacto de toda la industria pesquera Argentina (%0,7 del PBI según Subsecretaria de Pesca y Agricultura 03/2019)”, se lee en las conclusiones difundidas en el congreso audiovisual realizado el año pasado. Otorgarle rango industrial al sector, con su propio régimen impositivo, tal como ocurre en Colombia, Brasil o algunos Estados de los Estados Unidos, por citar casos cercanos, podría servir para estimular la producción nacional. La aprobación de esa ley industrial específica para la actividad audiovisual, tal como ocurre con otras, es una demanda de consenso entre todos los sectores del sector.

“Nosotros no necesitamos crear una actividad que sea Estado-dependiente, sino que proponemos un modelo industrialista, buscando leyes y regulaciones que generen un círculo virtuoso”, le explica a Página/12 Sergio Vainman, vicepresidente de Argentores, entidad de gestión autoral cuya recaudación cayó un 45% con la pandemia. ”Si el Estado no interviene para crear las condiciones, va a ser muy difícil. El Estado no puede ser observador tácito de la caída del sector. Ya estamos teniendo reuniones con algunas dependencias estatales, con otras entidades de gestión, con la cámara televisiva argentina, para ponernos de acuerdo. Hay que dejar las vanidades de lado. El Estado, los privados, los gremios, las sociedades de gestión, las plataformas... todos tenemos que poner algo”, reconoce el autor -junto a Jorge Maestro- de ciclos como Nosotros y los miedos, Zona de riesgo y Montaña rusa, entre otros.

Plataforma para despegar

El desarrollo de una industria audiovisual no sólo requiere de incentivos impositivos a la producción, sino también capaz de adecuarse a una nueva legislación. En este sentido, la Multisectorial elaboró un Proyecto de Ley de Televisión y Nuevas plataformas, que crea un Instituto Nacional de Televisión de fomento y promoción. Allí se contempla la obligatoriedad para las empresas que realicen servicios de televisión y/o transmisión audiovisual de cualquier tipo (aire, cable, satélite, streaming), en territorio argentino a ofrecer 20% de producción nacional, local y regional, de producción propia, coproducción o producción independiente, en carácter de estreno. “La cuota de pantalla siempre es un tema de debate, pero podemos consensuar una cuota baja, con incentivos a mayor producción. En Europa se está en pleno debate”, subraya Vainman.

En 2018, el Parlamento Europeo aprobó una normativa que obliga a las plataformas online a ofrecer un mínimo del 30 por ciento de producción europea en sus catálogos. Además, la resolución le da potestad a los Estados miembros a que puedan imponer una subcuota de contenido nacional, algo que algunos países introdujeron y -fallos judiciales mediante- empezaron a aplicarse. En Alemania, por ejemplo, desde 2014 la legislación le exige a los servicios de streaming a reinvertir un 2,5% de los ingresos que generan en el país para el financiamiento de películas y series locales. Ese porcentaje es gestionado por el German Federal Film Board (FFA), el sistema nacional que reúne y gestiona las subvenciones para las producciones audiovisuales.

La regulación de los servicios de streaming también es una problemática en la que se trabaja en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). “La actividad audiovisual se transformó y hay que tener una regulación a tono con lo que pasa”, señala a Página/12 Luis Puenzo, presidente del organismo. “Nuestra idea es trasladar la misma filosofía que se aplica a la entrada del cine al abono del streaming: que el 10 por ciento del 21 por ciento que hoy ya tributan las plataformas en calidad de IVA, vaya al fondo de fomento. Ese fondo de fomento ya no sería cinematográfico, sino audiovisual, porque permitirá producir cine, pero también series y videojuegos. Tanto lo recaudado por entradas de cine como por abonado de streaming irían al mismo fondo, que pasará ser audiovisual”, aclara el cineasta.

El proyecto del Incaa, que ya se le fue presentado a Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, requiere de una ley específica. El año pasado, el diputado Daniel Lipovetsky (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley que planteaba el mismo esquema. Según los cálculos que hacen en el Instituto, lo recaudado por el gravamen a los servicios digitales (plataformas de streaming) “triplicaría” el dinero que actualmente ingresa al Fondo de Fomento. Y no solo eso: tendría costo “cero” para el Estado, para las plataformas y para los abonados.

“Como el Incaa -detalla Puenzo- tiene la obligación de reinvertir ese dinero en producir, que contempla numerosas actividades que pagan IVA, el cálculo que hicimos es que lo que el Estado resigna, no solo vuelve sino que lo hace con creces. Es decir: el Estado no pierde, gana. Además de poder producir bienes culturales, de dar trabajo, de poder generar entrada de divisas por coproducciones o ventas al exterior, el esquema le generará mayores ingresos a ese 10 por ciento que fue a parar al fondo”. El reconocido realizador está convencido de que se trata del mejor esquema posible. “Nos reunimos -revela- con la gente de Netflix, con Red Hastings y su grupo de trabajo cuando estuvieron en Buenos Aires. Les contamos nuestra propuesta y nos dijeron que estaban de acuerdo, que ellos no tenían problemas. Es mucho mejor que lo que les proponen los europeos. Estoy seguro que nos van a imitar”.

De larga trayectoria televisiva, conocedor tanto del mercado local como del brasileño por su trabajo durante años en la red Bandeirantes, Diego Guebel tiene una mirada integral sobre la situación. “La industria ya estaba mal desde antes y la pandemia profundizó sus problemas, expresándose fuertemente en los canales de TV abierta, que son lo más debilitados porque viven 100% de la publicidad, a diferencia de la TV por cable o los servicios de streaming que tienen abono. Pero no nos engañemos: la pandemia va pasar y los problemas estructurales continuarán. Salvo que se hagan cosas”, analiza el presidente de la Cámara Argentina de Productores Independientes de la Televisión (Capit). “Un Estado inteligente puede estimular la producción, porque debe migrar un montón de lugares, entre ellos a la industria audiovisual”, sostiene el presidente de la productora Boxfish.

En su opinión, la proyección internacional de la producción local es la única salida. Sin embargo, tiene claro que primero hay que recuperar el mercado local. “No hay producción de exportación posible si el mercado interno no funciona”, afirma. La recuperación de la industria local, sostiene, debe pensarse en dos ejes para poder salir de la gran depresión y ser competitivos. “Hay que trabajar en dos sentidos. Por un lado, como país de servicio audiovisual para otros mercados, donde productoras extranjeras vengan a producir en el país, que cuenta con profesionales y todo tipo de locaciones, comodidades y atractivos. Eso permitirá alimentar al mercado interno empobrecido. Y por otro lado, estimular la producción de propiedad intelectual, de programas de producción local y guiones originales. Eso posibilitará salir al mercado y encontrar productores internacionales interesados en invertir en producción calificada”, analiza Guebel.

Derechos en disputa

La regulación de las plataformas digitales no sólo están relacionadas a que cuenten con obligaciones similares a las que ya poseen otros distribuidores y productores de contenido, como los canales de TV o los operadores de TV Paga. Exigirles una cuota de producción nacional en sus catálogos, reinvertir parte de su facturación en el país o redirigir un porcentaje del IVA que hoy tributan a un fondo para la producción son solos algunas ideas. También hay iniciativas que buscan que paguen un canon por derechos de propiedad intelectual, tal como ocurre con el el resto de las ventanas del mundo audiovisual. Una demanda que desde hace tiempo encabeza la Sociedad de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai).

“Las plataformas llegaron para quedarse y se vuelve necesario generar una industria audiovisual, un sistema con continuidad, para el cual se necesita regulación actualizada”, remarca Jorge Marrale, presidente de Sagai. “Hoy en día las plataformas no tributan nada por los derechos de propiedad intelectual de los actores, cuando hacen comunicación pública de nuestra obra y deben cumplir con el derecho. En España, por ejemplo, la sociedad de gestión de actores de allá, la Aisge, firmó un acuerdo con Netflix. Todas las sociedades de gestión tienen acuerdos con las plataformas y con YouTube, y nosotros todavía no. Es hora de ponernos de acuerdo para bien de los actores y de la industria”, agrega el directivo de Sagai, entidad que hace más de cinco años está en juicio con YouTube por este tema.

Si bien el reconocimiento industrial y la promulgación de leyes que pongan a todos los actores en un pie de igualdad son requisitos en los que hay acuerdo, más allá del debate que habrá sobre los detalles de su implementación, también es cierto que el audiovisual argentino deberá repensarse creativamente. Crear las condiciones económicas para competir en el mercado internacional no basta si no hay voluntad de riesgo, libertad para crear historias originales, interés en transitar en nuevos lenguajes, en escapar de la fórmula probada. La autocrítica también debe ser parte de la reconversión. Quien quiera ver, que vea.