Una "infectadura" es lo que se vive en la Argentina, de acuerdo a lo que afirman los firmantes de un documento crítico de la política del gobierno de Alberto Fernández para paliar los efectos de la Covid-19. El neologismo se usa en un texto que suscriben unas 300 personas, entre las que destacan adherentes al gobierno de Mauricio Macri y unos cuantos ex funcionarios de esa administración.
“En nombre de la salud pública, una versión aggiornada de la ‘seguridad nacional’, el gobierno encontró en la ‘infectadura’ un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorios y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones”, dice el texto, que compara sin problemas la cuarentena con la Doctrina de la Seguridad Nacional, que sirvió de sustento a los golpes y al terrorismo de Estado en los años '70.
La solicitada se titula "La democracia está en peligro", y cuenta con las firmas, entre otros, del ex secretario de Cultura porteño y promotor del negacionismo Darío Lopérfido ; el actor Luis Brandoni; el sociólogo Juan José Sebreli (que en las últimas horas comparó la situación de Villa Azul con el ghetto de Varsovia); el filósofo y poeta Santiago Kovadloff; la científica del Conicet Sandra Pitta, de destacado rol en la campaña electoral, y el jurista Daniel Sabsay. El documento hace "convocatoria amplia a la sociedad civil a contener los desbordes autoritarios del Gobierno y estar atentos para frenar los avances arbitrarios del poder gubernamental”, en consonancia con los dichos recientes de Sebreli, que por TV llamó a la "desobediencia civil".
Se puede leer que "la democracia está en peligro. Posiblemente como no lo estuvo desde 1983", dejando de lado alzamientos militares, estados de sitio, represiones masivas y vacíos de poder en medio de crisis económicas prácticamente terminales. Se asegura que "el equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado. El Congreso funciona discontinuado y la Justicia ha decidido una insólita extensión de la feria, autoexcluyéndose de la coyuntura que vive el país”.
En otro pasaje se alude a las consecuencias económicas del aislamiento: "la pérdida de empleos, el cierre de comercios minoristas, empresas y el aumento de la pobreza", algo que formó parte del paisaje habitual de la Argentina en los cuatro años previos, donde varios de ellos tuvieron funciones de gobierno. También se asegura, ignorando las cifras oficiales, que “los créditos para monotributistas y autónomos y la asistencia a las PYME fueron tácticas publicitarias con requisitos casi inalcanzables para la mayoría de los afectados”.
Entre los firmantes abundan los ex funcionarios del gobierno de Macri. Figura Fabiana Túñez, que tuvo a su cargo la Casa de la Mujer. Está Emilio Perina, puesto al frente del Archivo General de la Nación. También está Rodolfo Pousá, el ex titular de la agencia Télam, responsable de los 357 despidos de junio de 2018, que dieron lugar a un plan de lucha y a las reincorporaciones ordenadas por la Justicia. Otras presencias del manejo de medios públicos en el macrismo que pusieron la firma son Emilio Lafferriere (ex vicepresidente de RTA), Néstor Sclauzero (gerente de noticias de la TV Pública entre 2015 y 2019); Pablo Ciarlero (subdirector de Radio Nacional hasta diciembre pasado); y Jorge Sigal (ex secretario de Medios Públicos). También firmó el escritor Federico Andahazi, que supo tener un programa en la TV Pública del macrismo.
Hubo reacciones en TW a la solicitada. Estas son algunas:
