Menos de 48 horas después de que una jueza porteña multara a la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, con 500 pesos por día hasta proveer el cupo escolar a Sofía, una niña de tres años que se quedó sin poder asistir a un jardín de infantes, apareció la vacante. Los padres habían iniciado el reclamo a fines del año pasado y pese a varios fallos judiciales, advertencias y notificaciones dispuestas por la Justicia, el gobierno porteño seguía sin dar respuestas. El éxito del método impulsó la medida sobre el bolsillo de la ministra en al menos otro caso: un niño de dos años se había quedado sin vacantes pese a los reiterados pedidos de los padres. El martes pasado otro juez ordenó cobrar la multa del sueldo de Sol Acuña. El viernes los padres recibían el llamado del gobierno porteño para informarles que había aparecido el espacio.
“Por suerte, Sofi pudo empezar ayer en el jardín”. Con un tono aliviador, Noelia Pereira le puso fin a la incertidumbre que mantuvo en vilo a toda su familia durante meses. Su hija, Sofía, de tres años, consiguió aquella vacante escolar en el jardín Jorge Coll, ubicado en el barrio de Almagro, por la que debió esperar más de 130 días, entre formularios de reclamos, medidas cautelares y la falta de respuesta por parte del gobierno porteño.
Cuando todas las medidas judiciales ya habían sido esgrimidas y aplicadas sin que la ministra atendiera razones, la jueza Romina Tesone, del juzgado porteño N°1 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, ordenó multar a la ministra Acuña con un monto de 500 pesos cada 24 horas, hasta que la niña consiga una sala en algún jardín de infantes. “En los tres años que quise anotar a mi hija, en todos me mandaron a la lista de espera. Esta vez fue el colmo porque ya había pasado la primera semana de clases y Sofía seguía sin jardín”, contó Pereira.
En octubre del año pasado, al no tener vacantes disponibles en seis instituciones de los distritos N°8 y N°2, los padres de Sofía –con la ayuda de la red Vacante para tod@s– emitieron una carta de reclamo con tres destinatarios: la supervisión escolar de ambos distritos, el Ministerio de Educación, y su titular, Soledad Acuña. En ninguno obtuvieron respuestas. El siguiente paso fue elevar una acción de amparo para que la Justicia determine un cupo en algún jardín. Y así fue: el 29 de diciembre, ante el pedido de sus padres, la jueza Romina Tesone resolvió “ordenar al GCBA que en un plazo de tres días se asigne una vacante a Sofía”, según se explicita en el fallo judicial.
Sin embargo, ese plazo de tres días que dictaminó Tesone en diciembre se extendió, en total, por 65 días. Mientras los padres de la niña de tres años llamaban continuamente al Ministerio de Educación para saber novedades, desde Paseo Colón 255 “se hacían los desentendidos”, explicó Pereira a PáginaI12. El 8 de marzo, fecha de inicio de las clases, Sofía no conoció a sus maestros ni estuvo en la sala con sus compañeritos sino que debió quedarse en su casa de Almagro. La vacante seguía sin aparecer. La jueza también se cansó del retraso e intimó al Gobierno porteño a cumplir con el fallo judicial, y esta vez estipuló una multa de 500 pesos a la ministra Acuña por cada día de demora en la asignación del cupo escolar.
Cuando tocaron el bolsillo de Acuña, no pasaron 48 horas que a Sofía se le consiguió una vacante en el jardín Jorge Coll, la primera elección que escogieron sus padres, seis meses atrás. “Estoy segura que la vacante jamás hubiera aparecido si la jueza no dictaba el castigo económico”, expresó la madre.
El éxito es contagioso. El martes pasado, Francisco Ferrer, titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 23, resolvió “fijarle una multa de quinientos pesos por cada día de retardo” a Soledad Acuña hasta que se le encuentre un jardín de infantes a un chico de dos años. A diferencia del caso de Sofía, esta historia aún sigue sin resolverse y por eso, los padres del niño no quisieron comunicarse con este diario, “por temor a represalías aún peores”, explicó su abogada Cecilia Fernández. El juez Ferrer aseguró en su fallo que la Ciudad debe garantizar “el acceso gratuito a los establecimientos educativos de todos los niveles con igualdad de condiciones de acceso, permanencia y egreso” (Art. 29, incs. a y b de la Ley 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Para anotar a los hijos en las escuelas y jardines porteños –de carácter público– el trámite de pre-inscripción se fijó para los primeros días de octubre del 2016. Allí, los padres debían elegir una institución escolar como primera opción y luego, seleccionar cinco establecimientos más como alternativas al primer lugar que optaron. Este proceso “caótico” de matriculación, tal como aseguraron a este diario varios padres de la red Vacantes para tod@s, generó que varias familias se quedaran sin vacantes para el año escolar 2017. “Hubo más de 45 casos con la misma problemática: el gobierno porteño no quería darles lugar a los chicos. Presentamos acciones de amparo con cautelares para que se actúe de forma veloz y los chicos no se quedaran sin colegios o jardines. Hoy, los padres se encuentran en una situación desesperante, con la segunda semana de clases en marcha y con algunas familias que debieron anotar a sus hijos en jardines privados aún sin el dinero para pagar la cuota”, explicó la letrada Fernández.
Por su parte, el abogado Federico Paruolo, del GLE, quien acompañó los reclamos de las familias, indicó a PáginaI12 que “el gobierno miró para otro lado, incluso cuando distintos jueces resolvían otorgar las vacantes”. Sin embargo, agregó que “la magistrada Paola Cabezas Cescato intentó rechazar todos los pedidos de los padres, pese a que otros jueces ya habían aceptado favorablemente 30 cautelares”. Los dos abogados del GLE aseguraron que esta jueza “intentó bajar las medidas cautelares, al argumentar en sus fallos que la tarea de garantizar el nivel inicial, por parte del gobierno, no era tan importante”.
