La Unión de Inquilinos de Salta exigió una mesa de diálogo al gobierno provincial para tratar la situación de las familias que tomaron terrenos en la zona sudeste de la ciudad de Satla ante el déficit habitacional. 

Al costado de la ruta provincial 21, camino a San Agustín sigue la toma con alrededor de 80 familias en el terreno de Finca Marinaro y hay una intimación del fiscal Pablo Paz para que desalojen hasta el domingo. Pese al pedido que realizó al funcionario judicial una de las delegadas, Natalia Yapura, para que el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo Carrizo, se haga presente en el lugar, aún no fue. Desde el martes, las personas comenzaron a irse por la intimación de Paz y la presión policial. En tanto, en los barrios San Calixto y en Parque La Vega, contiguos, persisten los asentamientos en terrenos fiscales y hay  procesos de mediación. 

"Nos parece inhumano que nadie del gobierno responda. Esto se produce por una falta de políticas públicas y de acceso a la vivienda", sostuvo ante Salta/12, Natalia Soraire, la referenta de la Unión de Inquilinos de Salta. 

Soraire manifestó que la única acción del gobierno provincial ha sido generar miedo y amenazar a la gente que está en los asentamientos, hasta ahora las respuestas han sido las de enviar a las fuerzas de seguridad y las advertencias de que las personas que tomaron terrenos serán sancionadas por el IPV excluyéndolas de la posibilidad de participar de futuros sorteos de adjudicación de viviendas. 

"Las personas están rompiendo la cuarentena, arriesgando su salud, es una necesidad, no tienen donde vivir. Me parece nefasto que salgan a amenazar con un retraso de expedientes. Exigimos que esto no suceda porque sería abuso de poder", sostuvo la referenta. 

"La situación de los inquilinos de nuestra provincia es una realidad extrema y crítica, dado que la cuarentena ha profundizado la crisis económica, la falta de trabajo y las posibilidades de acceder a los ingresos", sostuvo en el comunicado la Unión de Inquilinos de Salta. 

La organización planteó que el aislamiento obligatorio ha impedido que las personas puedan cubrir sus necesidades alimentarias "y menos aún cubrir los gastos de pagos de alquileres". La asociación denunció que no se está respetando el decreto presidencial que impide el aumento de precios de alquileres y el desalojo de las familias. Soraire dijo también que los impuestos subieron un 300%.  

La referenta planteó que enviaron notas al gobernador Gustavo Sáenz pero no obtuvieron respuestas. Solicitaron que el gobierno provincial habilite líneas telefónicas para asesorar a inquilinos. En el Concejo Deliberante de Capital presentaron a través del edil Fernando Ruarte (FdT) un proyecto para la creación de un área de defensoría para inquilinos que cuente con una línea telefónica y brinde asesoría legal, será tratado en comisión de Legislación el martes de la semana próxima y el miércoles se votaría en el recinto. 

La referenta dijo que repudian desde la asociación los dichos del gobernador respecto a que hay instigadores políticos en la toma. 

"Exigimos que el gobierno provincial y las autoridades pertinentes se hagan responsables de la situación y acudan a atender la demanda de estas familias, que establezcan una mesa de diálogo y arbitren los medios necesarios para la resolución de este conflicto", manifestó la asociación. Denunció "las condiciones en las que se encuentran las personas dentro de las tierras cercadas por la Policía, sin la posibilidad de salir o entrar, de acceder a espacios para la higiene y el desarrollo de sus derechos humanas básicos". 

Soraire planteó que quieren que el gobernador se pronuncie respecto a la situación de los inquilinos y que haya un control del proceder de las inmobiliarias. Además, indicó que "hay muchos contratos de hecho, de palabra, en casos de familias que alquilan en barrios precarizados y en asentamientos, nadie regula eso y las desalojan. Al no haber ninguna representación o amparo no saben cómo actuar". 

"El Gobierno tiene que tomar en serio y con responsabilidad la situación de las familias que están en la toma, no están porque les gusta sino por una necesidad básica que es el acceso a la vivienda digna. Queremos que den soluciones a los expedientes del IPV que están hace años. Que se contemple la situación de las personas que trabajan de modo informal y no cumplen los requisitos para inscribirse", sostuvo Soraire.

La referenta contó que además en los alquileres se discrimina a las familias con niños y niñas y a las disidencias sexuales.