La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, pidió ayer ante el Juzgado de Garantías 3 de la ciudad de Salta que se declare en rebeldía y se ordene la detención del ex intendente de Coronel Moldes, Osvaldo Darío García, quien está acusado de fraude a la administración pública por la venta de una parcela fiscal. 

García se suma a una lista de ex intendentes que tienen cuentas pendientes con la justicia, aunque ésta no siempre parece preocupada en reclamar que expliquen sus acciones, como pasa con la viejísima causa por el robo de dineros públicos destinados a las cooperadoras asistenciales de pueblos de los valles, que ya cumplió 20 años. En ese tiempo, han surgido otras causas de fraude a la administración pública, como la de García. 

El pedido de detención contra el ex intendente de Coronel Moldes se realizó luego de que faltara por segunda vez a la audiencia de imputación, que debía realizarse el viernes.

En el legajo de investigación que dirige la fiscala Simesen de Bielke consta que García, "en su carácter de intendente del municipio de Coronel Moldes durante el 2015 y con el fin de procurar para sí un lucro indebido, violó los deberes de administración a su cargo al ofrecer a la venta una parcela del loteo 'La Esperanza', correspondiente a la matrícula Nº 2325 del Departamento La Viña", donde se encuentra el pueblo de Coronel Moldes.

La investigación determinó que la parcela fue ofrecida a un hombre que abonó las sumas solicitadas por el entonces intendente, pero éste no ingresó este importe al organismo municipal, lo que "perjudicó los intereses que le habían sido confiados y pertenecientes al erario público municipal".

La intervención de la Fiscalía Penal se dio a partir de una denuncia realizada en julio de 2018 por la concejala Mercedes Clelia Dolores Valdiviezo. La denunciante precisó que el municipio de Coronel Moldes tenía la propiedad del inmueble identificado con matricula Nº 2325, denominado Loteo "La Esperanza", y que el Concejo Deliberante nunca autorizó ninguna disposición sobre ese catastro.

Es más, el 10 de noviembre de 2015, el Concejo había aprobado una ordenanza declarando de dominio público municipal al catastro, con "todo lo que allí se encuentra". Lo declaró de interés social y autorizó al Ejecutivo Municipal a afectarlo para planes del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) "y/o cualquier otro programa habitacional a nivel nacional o provincial". En esa misma ordenanza, se inhibió expresamente al Ejecutivo a realizar la venta de cualquier terreno que se desprenda de ese catastro, justo lo que intendente hizo, según la acusación.

Cornejo no declaró 

En otro expediente penal está acusado el ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, por los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en este caso por irregularidades en el registro de gastos que no contaban con la documentación respaldatoria, y por la compra de una camioneta que no fue registrada a nombre del municipio, a pesar de que se la había pagado con fondos públicos. 

También en este caso interviene Simesen de Bielke. Cornejo fue sometido a la audiencia de imputación el pasado 18 de este mes. El ex jefe comunal asistió, pero prefirió no declarar. 

Esta causa se inició a principios de febrero, por denuncia del actual intendente de Campo Quijano, Carlos Héctor Folloni. 

El Ministerio Público Fiscal informó que la investigación de la Fiscalía incluyó el cotejo de numerosa documentación contable, con libros de bancos del municipio, resúmenes de cuenta de distintas entidades bancarias, pedidos de informes a distintos organismos recaudadores y registrales, y de empresas privadas. 

En el proceso también se secuestró la camioneta Chevrolet adquirida por el ex intendente con fondos municipales. El vehículo fue reintegrado por al municipio quijaneño, que pertenece al departamento Rosario de Lerma, en los Valles Calchaquíes. 

Inteligencia para robar, y para inculparse  

Otro que está siendo investigado es el ex intendente de Pichanal, Julio Jalit, imputado formalmente en junio del año pasado por "enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de presentar y por falsear u omitir insertar datos en las declaraciones juradas patrimoniales".

La imputación contra Jalit se dio luego de denuncias realizadas por concejales de esa localidad del departamento San Martín, en el norte salteño, y luego de la publicación de informes periodísticos que daban cuenta del crecimiento patrimonial del intendente. 

En marzo, en el inicio de las sesiones ordinarias, Jalit cometió un sincericidio: "Para robar hace falta inteligencia, y yo me considero un tipo inteligente", dijo al tratar de defenderse de las acusaciones públicas que le hacían ya por entonces. 

Este año se revivió una denuncia contra el ex intendente de Las Lajitas, en el sureño departamento Anta. Alberto Fermani fue acusado en junio de 2017 por "fraude a la administración pública" y "falsedad ideológica", por irregularidades en torno a dos viviendas construídas por la provincia, con fondos de la Nación, para destinarlas a médicos del sistema público de salud. 

La causa penal se originó en un expediente del Ministerio de Salud Pública, que informó de las irregularidades sobre dos de viviendas, que pertenecían al Estado provincial. En 2013 fueron registradas a nombre de un particular, quien a su vez las vendió y se produjo luego una cadena de ventas hasta que quedaron en manos de Fermani y de la particular Estelina Aguirre.

El caso volvió a la actualidad en enero último, porque una pareja de empleados municipales usurpó la vivienda de un trabajador en Las Lajitas. Según la denuncia del damnificado, José Llanos, la mujer, Anahí Basiloff, le dijo que Fermani le había indicado que ocupara esa casa. 

Un largo sueño 

Hay otras causas y otros acusados, con vaivenes en los trámites judiciales, pero ninguno puede decir que se acerca siquiera al largo proceso iniciado en 1997 por un fraude cometido por intendentes de los valles en perjuicio de las Cooperadoras Asistenciales de sus municipios.  

En este proceso están acusados por fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, libramiento de cheques sin fondos y peculado los ex intendentes de Cerrillos, Rubén Corimayo, y de Campo Quijano, Jesús Armando Guaymás. Y hay otros imputados, entre ellos una ex funcionaria de la Rentas de la provincia. También estaba acusado el ex intendente de Rosario de Lerma, Sergio Oscar "Topo" Ramos, pero fue sobreseído en julio de 2017, por una Corte de Justicia ad hoc que se formó para resolver este caso. 

Son causas acumuladas que datan de 1997, por la malversación de fondos de las Cooperadoras Asistenciales. En 2005, luego de idas y venidas por los sucesivos incidentes que presentaban las defensas, el fiscal penal Justo Vaca requirió la elevación a juicio. Desde entonces la causa está empantanada en los vericuetos de la administración de Justicia. Varias veces se anunció el inicio del juicio oral y otras tantas veces se pospuso.