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Desde Santa Fe
El Ministerio Público avanza en el destape de un operativo que convirtió a la casa del diputado nacional del PRO, Alvaro González, donde funcionaba el bunker de su partido, en la sede del comando de la Gendarmería Nacional en Santa Fe. Esta semana, el fiscal federal Walter Rodríguez imputó al jefe de la fuerza que recomendó el alquiler de la propiedad, comandante mayor Pedro Ortubia, y lo invitó a designar abogado defensor, en el paso previo al llamado a indagatoria y solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic que informe si el imputado era “autoridad competente” para aconsejarle al ex intendente José Corral que alquilara la casa con fondos del municipio, como ocurrió en setiembre de 2016, en un trámite express. Desde entonces, el negocio le reportó a González ingresos por más de 2 millones de pesos.
La casa del legislador del PRO y vicepresidente de su bloque está ubicada en calle Moreno al 2400, en el casco histórico. En diciembre de 2014, Mauricio Macri, la inauguró como sede de la Fundación Pensar. En 2015, fue el bunker del PRO en las campañas del propio Macri y de su ex candidato a gobernador en Santa Fe, Miguel Torres del Sel. Y en setiembre de 2016, Corral la alquiló para que opere el comando de la Gendarmería, en una contratación directa que ahora está bajo la lupa del fiscal Rodríguez. .
La propiedad fue ofrecida a Corral a través de una inmobiliaria a la que el diputado González le otorgó el poder de administración. El ex intendente firmó el primer contrato con el mandante del legislador del PRO el 20 de setiembre de 2016, por un monto total de 1.380.000 pesos, a pagar en 24 meses: 50.000 pesos en el primer año y 65.000 en el segundo. El 20 de setiembre de 2018, prorrogó la locación por 936.000 pesos por otros doce meses, a un costo mensual de 78.000 pesos.
La investigación se inició en agosto de 2018, cuando el fiscal recibió un “manuscrito” que le apuntó a González y a Corral y decidió impulsar la acción penal ante una supuesta “comisión de delitos contra la administración pública”. Rodríguez no sólo puso en foco el primer contrato de 2016, sino también la prórroga de 2018.
El fiscal sospecha en la velocidad de Corral en alquilar la casa de González en “una contratación directa y en tiempo récord” y el rol que habría cumplido el comandante Ortubia, que era jefe de la Gendarmería en Santa Fe, en la operación. En esa hipótesis, agendó tres días: el 16 de setiembre de 2016, que era viernes; el lunes 19 y el martes 20. El viernes, Corral firmó el decreto 1604 que aprobó la contratación de la inmobiliaria y encuadró la gestión en un antecedente de la dictadura: el decreto 1857 del año 1979 que autoriza a prescindir de licitaciones pública por “razones de urgencia” y “circunstancias imprevistas”. El lunes, Gonzalez otorgó un poder a la inmobiliaria para alquilar su casa y la autorizó a cobrar un alquiler de 50.000 pesos mensuales más impuestos. El martes, Corral y dos secretarias de su gabinete firmaron el contrato con el mandante del diputado del PRO.
Una de las “inconsistencias” que descubrió el fiscal es una “nota sin fecha ni membrete ni sello aclaratorio de la firma, que aparece suscripta por Ortubia dirigida a Corral, en la que recomienda alquilar la casa de González. “Resultaría estratégicamente conveniente contratar el inmueble de Moreno 2414”. El fiscal cree que la nota de Ortubia se presentó el 16 de setiembre, porque después sigue otra del ex subsecretario de Seguridad del municipio, Mariano Hoet, quien recomendó lo mismo.
A juicio del fiscal, otro punto oscuro es el proceso de selección de la casa de González en un supuesto concurso de precios con otras propiedades. Las otras ofertas eran: un galpón con oficina, entrepiso y patio (en zona norte), otro galpón con oficina y casa de un dormitorio (en barrio sur) y un salón con dos baños entre los bulevares. “Resulta sugestivo que los responsables de las otras inmobiliarias” que declararon en la causa no recordaran los inmuebles ofrecidos ni que hubieran participado en un “proceso de selección” de ofertas, por lo que el fiscal dedujo que el trámite podría ser un simulacro.
Por lo tanto, Rodríguez decidió imputar a Ortubia e invitarlo a que designe abogado defensor para que lo asista en la causa. Preguntarle a la ministra Frederic si el comandante imputado era “autoridad competente” para intervenir en el “proceso licitatorio” que derivó en el alquiler de la casa de González y le envíe copia de “todos los antecedentes sobre la “instalación” del comando de Gendarmería en el domicilio de Moreno 2414.
