La Municipalidad de Rosario depositará mañana lo que resta para completar la totalidad de los salarios de los choferes del transporte urbano de pasajeros del mes de abril, justo el día en que comienzan a correr los cuatro días hábiles para cancelar los haberes del mes de mayo, cuyo cumplimiento será imposible en la medida en que no haya un aporte del gobierno nacional y provincial en diferentes proporciones. El pago de mañana --que no incluye ni el bono de 4 mil pesos acordado en paritaria, ni los aportes previsionales y sindicales-- se concretará con fondos del municipio más unos 20 millones de pesos de impuestos a los sellos que liquidó la provincia, que de este modo cumple con su parte. La discusión de aquí en más será en dos facetas bien diferenciadas: la coyuntura --signada por la pandemia-- y la estructura, que se verá definitivamente modificada una vez superada esta etapa. Para ambos casos, el aporte del Estado Nacional aparece como determinante, ya sea porque se haga cargo del dinero que hace falta para sostener el transporte --no solo en Rosario sino en todos los municipios del país-- o para forzar a los gobiernos provinciales que asuman el financiamiento. Hasta hoy, el jefe de Gabinete de ministros --que no responde el teléfono a los jefes comunales-- sostiene que deben ser los gobiernos provinciales quienes hagan frente al compromiso, y éstos a su vez argumentan que sus finanzas los limitan en ese sentido. Cabe destacar que si bien en el inicio de la gestión de Alberto Fernández se aumentó considerablemente el aporte nacional en los subsidios, esto se ha tornado insuficiente --por la caída de corte de boletos del sistema que se financia de ese modo en mas del 50 por ciento-- y también por la asimetría de aportes, que en CABA y AMBA llegan a triplicar lo que se gira al interior por cada unidad subsidiada. 

Pasado el distanciamiento social, la "nueva normalidad" obligará a rediseñar la movilidad pública, y esto incluye no solo el transporte de pasajeros en colectivos, sino las nuevas formas sustitutas como las bicicletas, monopatines u otras alternativas que puedan surgir. En paralelo habrá que pensar --en el caso de Rosario-- que pasará con los casi 1800 choferes que trabajan actualmente en los colectivos de una ciudad que en un par de meses cayó de medio millón de viajes a menos de 70 mil diarios, y en la que se desalentará el uso del colectivo como política sanitaria. Una vez más, la presencia del Estado será vital, en lo inmediato para sostener con los ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) el funcionamiento de un sistema reducido y provisorio, y en adelante para la reestructuración integral. Sin ATP no hay solución del conflicto, y la pelea entra la Nación y las provincias deja acorralados a los municipios, que son el poder concedente, pero limitados en sus ingresos. 

La traba para recibir los aportes es que se trata de una actividad subsidiada, aunque puede subsanarse con una decisión política que hasta ahora Presidencia de la Nación demora. La funcionalidad de los paros a las políticas de aislamiento tocó su techo y en los últimos días comenzó a volverse en contra: la masiva movilización de choferes, seguida luego por otras manifestaciones de diferentes sectores con legítimos reclamos pone en peligro la exitosa campaña de distanciamiento social y combate contra la covid-19 que se viene llevando adelante tanto en Rosario como en la provincia. El bajo registro de casos --incluida la ausencia de positivos en los testeos barriales preventivos-- son producto de la notable conducta social desde el 20 de marzo y la sostenida política de salud pública desde hace más de 20 años. 

El transporte y la movilidad necesitan algo así de aquí en adelante, para ello habrá que solucionar lo urgente que es garantizar el salario de los trabajadores y luego proyectar un esquema viable desde todo punto de vista. No solo de subsidios, sino de frecuencias, usos --se estudia personalizar las tarjetas para que sean los trabajadores de actividades esenciales quienes puedan usar el servicio--, se analizará la conveniencia de sumarse a la SUBE --sistema que beneficia a quienes perciben la AUH, empleadas domésticas y otros rubros-- y la viabilidad económica del sistema.

Por lo pronto, mañana se deposita, y luego habrá una reunión por zoom entre los intendentes, el gremio y la Cámara empresarial, también se han convocado a los legisladores nacionales de todas la provincias, y del resultado de ese encuentro puede surgir la solución o un paro nacional de la UTA que, de darse en CABA y AMBA, probablemente surta el efecto que no tuvo la protesta en el interior. De no aparecer la solución, al paro de transporte se agregarán tensiones sociales que fueron escalando y se correrá el evitable riesgo de debilitar la cuarentena que tan buenos resultados ha mostrado, mas allá de la legitimidad de los reclamos por un lado, y de la irresponsabilidad de quienes buscan sacar rédito político de una situación en la que está en juego la vida.