Las escuelas de la Tupac funcionan desde 2003 bajo la modalidad de “gestión social” cuyo origen se sitúa en los años ‘90. Fue una de las novedades más importantes de la Ley Nacional de Educación de 2007 pensada para garantizar el acceso de los sectores más pobres a los espacios educación pero formados y pensados por sus propias comunidades. Esto que hasta entonces era un privilegio de las clases medias y altas a través de la educación privada y religiosa obligó a los estados provinciales a financiar los salarios docentes de las escuelas y a las comunidades a formalizarse. Daniel Filmus fue el autor de la Ley Nacional de Educación apoyada en su momento por el entonces senador Gerardo Morales, que ahora ordenó la estatización de las escuelas de la organización. “Es parte de las políticas de persecución a las organizaciones populares.”

–¿Qué son y en qué contexto nacieron las escuelas de gestión social?

–Las escuelas de gestión social se incluyen en la Ley de Educación Nacional de 2007 que por primera vez marca un tercer tipo de educación. La educación para la ley es siempre pública, pero hay gestiones de distinto tipo. Durante la década de los 90, cuando el Estado se desentiende de una parte de los servicios educativos, muchas ONGs y organizaciones tomaron en manos la educación en los lugares donde no llegaba el Estado. Son organizaciones de la comunidad las que en principio se auto-organizan para brindar educación. Como no tenían normas especificas, adaptaron las normas de la educación no-formal cuyos títulos no eran reconocidos o de educación formal de gestión privada porque no existía otra alternativa. A partir de la Ley de Educación Nacional, que las incorpora, hay varias provincias que empiezan con esa modalidad. 

–¿Cual es el rol de las provincias en esto?

–La gestión es de las provincias. La Nación lo que hace es legitimar a través de la Ley que existan estas instituciones. Pero lo que empezó a ocurrir en el gobierno kirchnerista es que las provincias sostuvieron financieramente estas escuelas. Muchas veces los docentes no cobraban o lo hacían de onda o cobraban mucho menos que en la educación formal.  Esto funciona en muchas partes. En la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias, como Jujuy.

–El gobierno de Jujuy les saca las escuelas a la Tupac, asegura continuidad de docentes y no docentes y alumnos, pero se queda con los edificios. ¿Como entiende esta decisión?

–Es parte de las políticas de persecución a las organizaciones populares que se están haciendo en Jujuy. Es una intervención a una estrategia comunitaria de educación. ¿Se lo puede hacer? Como esto es educación formal, la escuela tiene una serie de materias que son técnicas: en turismo, en diseño de indumentaria, en economía social. Todas carreras muy vinculadas a la región y muy necesarias socialmente. Tenés enfermería, turismo, promotor de salud. Para intervenir una institución educativa tenés que ver la normativa que lo permite. No veo qué argumento están usando. 

–Apelan a la supuesta suspensión de la personería jurídica, pero eso está apelado en la Justicia. 

–Lo que pasa es que van a ir a apelar a una Justicia que es de ellos (de Morales). Yo no sé si es legal, pero es ilegítimo, porque lo que están haciendo es sacarle a una comunidad que construyó una escuela la conducción de esa escuela. No reproducir la discriminación significa que esto no ocurre con unos que se pagan las escuelas y con otros no. Estas escuelas son similares pero con un contenido distinto a las escuelas con subsidio del 100 por ciento del Estado. Vamos a suponer que las parroquias tienen subsidio del 100 por ciento. ¿Quién las conduce? La comunidad religiosa. La Tupac puede tener una escuela totalmente igual.

–Esto fortaleció enormemente a las comunidades. 

–Por supuesto. Hay más de 20 bachilleratos populares en la Ciudad de Buenos Aires con muy buenos resultados porque están vinculadas a las necesidades de la comunidad. 

–Entonces la decisión de dejar docentes y alumnos pero intervenir la dirección aunque parece inocua es el problema central. 

–Pero con ese criterio, el Estado podría tomar todas las escuelas del país. Total, les sigue pagando. Todas las investigaciones, que son muchas, muestran que son escuelas que por estar cerca de la comunidad tienen una relación particular con los alumnos y son escuelas con muy buenos resultados. ¿Qué sucede con las públicas? Algunas tienen mejor resultado que otras porque tienen una identidad. El problema es cuando tenés escuelas que no tienen identidad. Y estas escuelas tienen escuela con identidad muy importante. Son docentes con identidad, que quieren estas escuelas. Al intervenir están enajenando la conducción. 

–¿De dónde sale esto?

–De Brasil, porque cuando no había escuelas en las favelas, la Teología de la Liberación hizo sus propias escuelas. Luego aceptaron que el Estado intervenga y se haga cargo de los docentes. Hubo un debate enorme. Pero en Brasil no había un sistema del Estado que permitiera garantizar la conducción comunitaria de un escuela que tiene financiamiento público. Nosotros lo pudimos hacer porque en ya lo teníamos, pero para unos pocos, y era la educación religiosa. 

–Usted dijo que este tipo de escuelas se inspiraron en el modelo de las favelas de Brasil, ¿hay otros ejemplos en la región o son únicas?

–No hay escuelas comunitarias en Brasil. En Estados Unidos, si. Son parecidas a las escuelas charter que son para la clase alta y están de moda entre los sectores neoliberales, pero en su origen eran escuelas de izquierda. Lo tiene Canadá en la ciudad de Toronto. Tienen escuelas comunitarias pagadas por el Estado pero conducidas por la comunidad. Allí hay muchos migrantes que organizan su propia escuela, los chinos, los latinos. Todas atravesadas por algo común. Hasta nuestro gobierno eso era sólo un derecho de los sectores medios y altos y de las iglesias. Y esta ley fue votada por Gerardo Morales que era compañero mío en el senado. En el senado el radicalismo la votó.