Estados Unidos, el país donde un policía mató al afroamericano George Floyd por sádico placer y racismo ha quedado expuesto por una mujer negra en sus crímenes contra la humanidad. No se trata de los delitos que comete su fuerza de seguridad puertas adentro, como en Minneápolis, Minnesota. Pero sí de aquellos que la fiscal Fatou Bom Bensouda, una gambiana de 59 años, investiga en Afganistán. La reconocida jurista lleva la acusación de la Corte Penal Internacional (CPI) contra personas físicas – el organismo no juzga a los estados como tales – y sólo porque militares de EE.UU quedaron bajo sospecha, sufrió la ira de Donald Trump y un selecto grupo de sus funcionarios más reaccionarios. A ella que investiga por igual las violaciones a los derechos humanos de los talibanes y de la primera potencia mundial, Washington llegó a quitarle la visa para ingresar al país. A la CPI de la que forma parte, el secretario de Estado Mike Pompeo la tildó de “institución política irresponsable que se hace pasar por un cuerpo legal”. No fue el único.

El primero que hizo escuela fue el ultraconservador Jesse Helms el 31 de julio de 1998 (falleció en 2003). El ex presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en un artículo que escribió para el Financial Times de Londres señaló sobre la CPI: “Tenemos que aniquilar ese monstruo, votar en contra no es suficiente. Los Estados Unidos deben intentar acabar con ella”. La Corte Penal se creó el 17 de julio del ’98 un par de semanas antes del exabrupto del congresista por Carolina del Norte. Coautor, entre otras leyes, de la llamada Helms-Burton que intensificó las condiciones del bloqueo unilateral de su país contra Cuba.

A Helms le siguió mucho después el ultraderechista John Bolton, asesor en seguridad del gobierno de EE.UU hasta que Trump lo despidió en septiembre de 2019. El ex funcionario reactualizó el tema en 2018 durante un discurso pronunciado en Washington: “No cooperaremos con la Corte; no le prestaremos asistencia; no nos uniremos a ella; dejaremos que se muera sola”.

La CPI es un tribunal al que adhieren en la actualidad 123 países que adoptaron el estatuto de Roma firmado en el ’98, aunque originalmente formaron parte de la Conferencia Diplomática que la creó unas 160 naciones. Estados Unidos no la reconoce como instrumento para juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por personas físicas, pero sí Afganistán, que adhirió a ella el 10 de febrero de 2003. Las tropas de EE.UU quedaron en la mira de la fiscal Bensouda desde el 1° de mayo de ese año y pueden ser juzgadas desde ese día hasta hoy.

La CPI no es la creación de un grupo reducido de gobiernos hostiles a Washington. Fabián Salvioli, el abogado argentino y relator especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición en Naciones Unidas, escribió en un texto académico editado en España que “entre 1989 y 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas había pedido a la Comisión de Derecho Internacional que se ocupara de la cuestión del establecimiento de una corte penal internacional” y que “prepare con carácter prioritario un proyecto de estatuto de esa corte”.

La fiscal trabaja sobre temas diversos, pero el de Afganistán es el que más irrita a Estados Unidos porque potencialmente puede llevar ante la Corte con sede en La Haya a oficiales de sus fuerzas armadas o incluso a ex funcionarios de sus distintos gobiernos desde 2003 hasta la actualidad. Bensouda obtuvo un apoyo crucial cuando el 5 de marzo de este año, una de las Cámaras de Apelaciones de la CPI decidió en fallo unánime que la autorizaba a investigar posibles delitos en la república islámica que EE.UU todavía ocupa con unos 13 mil soldados.

El problema para la administración Trump es que le dieron vuelta un fallo del 12 de abril de 2019 en el que se había rechazado una petición de la fiscal de noviembre de 2017 para avanzar con las acusaciones. Perseverante, esta mujer nacida en la pequeña Gambia del África occidental, apeló aquella sentencia y ahora tiene las manos libres para seguir con su pesquisa. Inicialmente los crímenes que tiene en la mira habían afectado a 699 víctimas. Otro dato es que 61 habrían sido torturadas por las tropas invasoras según la fiscalía. Las represalias de Washington no demoraron por lo que considera una osadía de Bensouda. Les revocó el visado a ella y los miembros de la CPI, y lo hará con todo aquel que encuentre responsable de investigar a militares estadounidenses. Además Pompeo amenazó con “medidas adicionales, incluidas sanciones económicas si la corte no cambia su política”.

La omnipotencia del gobierno republicano no intimidó a la fiscalía que en el sumario de acusación describió: “miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos cometieron crímenes de guerra, de tortura y trato cruel, atentados contra la dignidad personal, violación y otras formas de violencia sexual”. El documento va más allá cuando señala que agentes de la CIA perpetraron similares delitos en otros países contra 27 personas: Polonia, Rumania y Lituania. Los tres adhieren al estatuto de Roma y podrían ser tomados como base para nuevos juicios contra ciudadanos civiles o militares estadounidenses. En la querella también quedaron involucrados el propio gobierno de Afganistán y los talibanes acusados de provocarles la muerte a unos 17 mil civiles. Según constató la fiscalía, estos últimos “han declarado expresamente su política de ataque a civiles de manera pública en documentos oficiales”.

Pompeo se estrelló con la situación de ver a su país investigado por los crímenes de guerra que suele cometer en distintas regiones del mundo. Le resulta inverosímil porque según dijo hace un par de meses “es aún más insensato que este fallo llegue pocos días después de que Estados Unidos firmara un histórico acuerdo de paz en Afganistán, que es la mejor oportunidad para la paz y para una generación”. Quizás se haya referido a la paz de los cementerios.

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