Sebastián Romero y Daniel Ruiz militan en el mismo partido, el PSTU (Partido Socialista del los Trabajadores Unificado), y aunque casi no se conocían sus vidas se cruzaron de manera intensa a partir de la movilización contra la reforma previsional de la que ambos participaron en diciembre de 2017. "La detención de Sebastián me ha golpeado, me hace acordar los días que estuve preso y la incertidumbre que pasamos luego de que nos detuvo la policía", dijo Ruiz en diálogo con Página12 sobre la detención de Romero el sábado en Montevideo, luego de no haber estado a derecho durante 29 meses. "Esto demuestra que las causas contra los luchadores no caducan, durante cuatro años sufrimos las consecuencias del modelo neoliberal de Macri, y por haber luchado contra eso seguimos imputados", agregó.

Por su parte, el PSTU sostuvo que "nuestro compañero Sebastián Romero es perseguido político desde el 18 de diciembre de 2017 por haber participado junto a miles de trabajadores y trabajadoras de la movilización contra la reforma previsional que implicó un brutal robo a los jubilados y jubiladas". Desde esa agrupación trotskista, destacaron que Macri y Bullrich en la figura de Sebastián intentaron demonizar la legitima movilización popular contra el ajuste; solo por eso Sebastián hace más de dos años que no puede ver a su familia, ni a sus amigos y amigas, ni a sus compañeras y compañeros de trabajo en la General Motors y de militancia; y por lo mismo, Daniel Ruiz estuvo 13 meses injustamente detenido en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz". 

A criterio del PSTU, Romero es "un preso político, lo cual es inadmisible en una sociedad que se pretende democrática, por lo tanto decimos que el gobierno de Uruguay, presidido por Luis Lacalle Pou, debe enviarlo de forma inmediata a su país y permitirle la comunicación con su familia, y aquí debe ser liberado por el gobierno de Alberto Fernandez y la justicia argentina". Desde ese partido, la LIT (Liga Internacional dos Trabalhadores) y la familia de Sebastián pidieron "al conjunto de las organizaciones solidarizarse y pronunciarse por su libertad".

Hace un año, en la entrevista que Página12 le hizo en la cárcel, Ruiz había relatado que estaba preso porque ante el juez Sergio Torres se negó a aportar datos para permitir la captura de Romero. "Ahora se montó una farsa porque a Sebastián le imputan los mismos delitos que a mí, son excarcelables (intimidación, daño y resistencia a la autoridad) por lo tanto podría esperar el juicio en libertad, pero no tuvieron consideración, yo estuve 13 meses detenido y ahora estoy en un juicio con César Arakaki donde no presentaron pruebas en mi contra, porque no las hay".

"En encierro es difícil, más ahora con el Covid-19 en muchas cárceles, es un peligro, pero hay mucha solidaridad con Sebastián como hubo conmigo y eso demuestra que los trabajadores estamos dispuestos a defender a los nuestros, a pesar del aislamiento obligatorio. Romero está en Montevideo, lo enviarían al penal de Libertad hasta que el estado argentino concrete el pedido de extradición. "Allá varias organizaciones se han comprometido a acompañarlo para que no esté solo", apuntó Ruiz. 

"Es lo que más bronca da, enfrentar los planes de Macri generó mucha resistencia, por eso tomar al 'gordo del mortero es minimizar esa lucha obrera, pero por otra parte veo que lo que pasó el 18 de diciembre de 2017 es lo que está pasando ahora en todo el mundo, pretenden ocultar el sentimiento de los trabajadores", dijo sobre la estigmatización derivada de la difusión de la fotografía en la que se lo ve con un palo al que había atado un cartucho de "Tres Tiros", como se usa en las marchas políticas y sindicales, que apuntaba hacia la línea de los policías. "Molesta que los medios se burlen así, pero mucha gente plantea su defensa porque es un luchador que defiende a los trabajadores, en una situación que necesita el apoyo de todos", agregó.

Desde el Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia exigieron que "se reclame a Uruguay la inmediata extradición de Sebastián a nuestro país, que el gobierno de Alberto Fernández impulsen el cierre de la injusta causa que permitió su persecución, así como la absolución para Cesar Arakaki y Daniel Ruiz.