En octubre de 2018 Hartmut Torsten Theobald, un productor de hortalizas y verduras y de ganado vacuno, entregó alimentos impregnados con el pesticida carbofurano a sus empleados, enojado porque uno de ellos había denunciado ante las autoridades de Trabajo la condición de explotación en la que desarrollaban su tarea, en la finca El Salto, ubicada en el paraje Palomitas, zona rural comprendida en el municipio de General Güemes, a más de 50 kilómetros de la ciudad de Salta. 

Ramón Ignacio Casas, peón rural de 55 años, que había realizado la denuncia, falleció tras consumir carne contaminada con el pesticida. También murieron sus cuatro perros. El otro peón, Benito Soraire, de 53 años, se intoxicó pero no falleció porque en su caso se descompuso tras el primer bocado, vomitó, y eso le salvó la vida. Sus perros también murieron envenenados con la misma carne, que les repartió. 

De hecho, el empresario pagaba a sus peones en especies, con carne y mercadería, en un sistema que el propio fiscal penal que tuvo a su cargo la investigación de estas acciones, Ramiro Ramos Ossorio, calificó de "situación de esclavitud". Casas lo había denunciado por esto. Y desató la reacción del productor, que prefirió matarlos antes que pagarles lo que correspondía, a pesar de que ese año, 2018, había realizado ventas por casi 2 millones de dólares, según estimaciones del directorio D&B Hoovers, de fincas productoras de legumbres y hortalizas del NOA, que registró operaciones por exactamente 1.95 millones de dólares. 

Hartmut Theobald tiene dos propiedades en General Güemes, una casa en la misma ciudad, donde al momento de los hechos residían sus hijos y ex esposa, y la finca El Salto, donde tiene otra casa, que compartía con su madre, y donde está también la vivienda de la hermana del ahora acusado. Ambas propiedades habían pertenecido a su padre, Hans Udo Theobald, y llegaron a manos de Hartmut tras un proceso de sucesión, luego de que su progenitor desapareciera, otro punto poco claro en la vida del inmigrante alemán. 

Hans Theobald desapareció hace años. Había salido a recorrer el monte de la parte trasera de la finca y nunca regresó. La justicia declaró su ausencia con presunción de fallecimiento. Se hizo la sucesión y Hartmut quedó como administrador de la finca.

"Tenía no solo a los dos peones en condiciones infrahumanas, porque la verdad las condiciones en que estaban esas dos personas eran increíbles, sino también a la madre y a las hermanas", contó a Salta/12 el fiscal Ramos Ossorio. Cuando en la investigación se pidió el estado patrimonial, la madre y la hermana no lo podían creer, por la calidad de vida que tenían, que rozaba la miseria, a pesar de que Hartmut Theobald "tenía ingresos altísimos por venta de ganado, había hecho una serie de negocios". Pero a él mismo y a su familia, "los tenía en una condición paupérrima". Peor todavía estaban los dos empleados, que ni siquiera estaban registrados. De hecho, en la AFIP, el empresario figuraba como "No empleador". 

Casas y Soraire residían en casuchas de chapa y palos, en la misma finca, de 60 hectáreas. El primero estaba más cerca de la casa de los patrones, ubicada en la cima de un pequeño cerro. Soraire vivía tres hectáreas más adentro, en un ranchito, aún en peores condiciones. "Él los hacía trabajar" y "en lugar de pagarles, les daba la comida, y entonces había una situación como que estaban cautivos", informó Ramos Ossorio. A Casas le daba unos pesos y a Soraire "directamente nada, como que trabajaban para comer" y "por eso también había una confianza absoluta en la comida y seguramente el pobre Casas tampoco dudó en ningún momento en que vaya a utilizar ese elemento" en la propia comida. 

De todos modos, Casas había contado a sus hijos que sospechaba de las intenciones del productor, creía, certeramente, que quería matarlo. Entre otras cosas, porque apenas días antes de su muerte, al regresar de limpiar una canaleta lo descubrió escondido entre los matorrales, con una escopeta; hubo un cruce de palabras ahí pero no pasó a mayores. Al otro día desapareció del ranchito de Casas la documentación de la denuncia que había realizado en la Dirección de Trabajo. El peón fue directamente a reclamar al productor, le señaló que "justamente" quienes habían entrado a robarle se habían llevado solamente esos papeles, "tenés que tener más cuidado con tus cosas", respondió Theobald. 

"No creo que vuelva"

A mediados de octubre de 2018, el mismo Hartmut Theobald reportó en la Comisaría de General Güemes que cuando fue a su finca encontró a Casas sin vida y en avanzado estado de descomposición. En la investigación enseguida saltaron las inconsistencias de la denuncia del finquero. Primero dijo que el fallecido era el único peón que tenía y hacía solo diez días que estaba trabajando para él, limpiando una canaleta. Pero su propia madre reveló ante la Policía que Casas llevaba más de cinco años trabajando en la finca. 

Cuando se dispuso el secuestro de los elementos que estaban en el ranchito donde murió Casas, otra vez Theobald aportó que consideraba que podía tratarse de un suicidio porque sobre la mesa había una botella con veneno. Pero el recipiente no tenía ninguna indicación que advirtiera que contenía pesticida. 

En esas circunstancias, el fiscal pidió la detención del empresario, y mandó a hacer un relevamiento en la finca. Así se dio con Soraire, quien relató que "también se había descompuesto y se le habían muerto los perros envenenados cuando les dio la carne que le había llevado Hartmut". Soraire también contó que el empresario le llevó la carne uno o dos días después de la muerte de su compañero, por eso le preguntó por él. El finquero le dijo, "como riendosé", que se había ido, que había vuelto a Güemes. "Qué raro porque él no se va estos días (hábiles)", se extrañó el trabajador, conocedor de que Casas solía ir a la ciudad los fines de semana, a ver a su familia. "Sí, pero no creo que vuelva", le respondió el alemán. 

Hartmut Theobald está detenido, imputado por los delitos de "homicidio calificado por el uso de veneno u otro elemento insidioso" y "tentativa de homicidio calificado por el uso de veneno u otro elemento insidioso", y comenzará a ser juzgado a partir de hoy, 1 de junio, en la Sala VII del Tribunal de Juicio. En principio, se prevé que el debate se desarrolle hasta el 23 de junio, y durante su transcurso se han previsto 60 testimonios. El juicio será presencial, pero por las restricciones de la pandemia, se hará sin público, y tampoco se han tomado medidas para que pueda ser seguido online, ni siquiera por la prensa. 

El juicio estará a cargo de un tribunal colegiado, integrado por el juez Francisco Mascarello y las juezas Paola Marocco y María Livia Carabajal. Por el Ministerio Público intervendrá el fiscal penal Gustavo Torres Rubelt.