El juez federal Julio Leonardo Bavio fijó fecha para ampliar las declaraciones indagatorias del empresario Marcos Jacobo Levín y los policías Víctor Hugo Bocos, Víctor Hugo Almirón y Enrique Víctor Cardozo, por detenciones ilegales y torturas a ex trabajadores de la transportista La Veloz del Norte, durante la última dictadura cívico militar. 

Dentro de las condiciones impuestas por la pandemia del coronavirus, el juez dispuso que las indagatorias se tomarán vía Skype. Bocos fue convocado para el 16 de este mes. La conexión con Almirón se hará el 18; a Cardozo lo indagarán el 23 y Levín será sometido a este trámite el 24. 

El juez también hizo lugar al pedido de la Fiscalía y la querella para que se indague al ex jefe de personal de La Veloz del Norte, José Antonio Grueso, dado que existe "el estado de sospecha" previsto por la ley para ser sometido a este proceso. En su caso se dispuso que se le recibirá la declaración indagatoria en una audiencia el 25 de junio. 

La Fiscalía federal encabezada por Carlos Amad sostiene que el empresario y los otros acusados llevaron a cabo un plan criminal para eliminar la actividad sindical en la firma. 

La Fiscalía viene insistiendo con la indagatoria desde que la causa fuera devuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en septiembre de 2018 determinó que la Justicia Federal de Salta debe continuar la investigación de estos hechos. 

La indagatoria de ahora es en relación a 16 trabajadores de La Veloz: Ciriaco Nolberto Justiniano, Juan Alberto Alonso, Miguel Ángel Rodríguez, Manuel Eugenio Modad, Carlos Lidoro Aponte, Sonia Rey, Jorge Arturo Romero, Aurelio Rada, Sebastián Lindor Gallará, Oscar Horacio Espeche, Carlos Horacio Pereyra, Jorge Francisco Delaloye, Emilio Bórquez, Norberto Bórquez, Rubén Héctor Vrh y Carlos Eugenio Bais.

Estos trabajadores, y el delegado gremial por la UTA, Víctor Cobos, que era chofer en La Veloz, fueron detenidos en enero de 1977, acusados falsamente por Levín de haber cometido un fraude a la empresa. A todos los interrogaron sobre su actividad sindical. 

En su momento todos denunciaron estos hechos. Sin embargo, por decisión del juez Bavio, solo se siguió el trámite referido a Cobos, por entender que solo en este caso se trataba de un delito de lesa humanidad. Los otros ex detenidos apelaron pero los trámites siguieron separados. Por un lado avanzó la causa del ex delegado gremial, que ya llegó a una sentencia y ahora espera definiciones de la Corte Suprema, mientras que las denuncias del resto debieron esperar a que el máximo tribunal nacional hablitara la continuidad del proceso y está recién en la primera parte. 

En febrero la Fiscalía insistió con la indagatoria, que ya había solicitado en septiembre del año pasado. En esta causa la Fiscalía añadió el pedido de indagatoria a Grueso, que ha sido señalado como quien confeccionó la lista de los que fueron luego detenidos y torturados. 

En la solicitud de indagatoria la Fiscalía pidió tener en cuenta "la especial imbricación que existía entre la estructura empresarial y las estructuras represivas legales e ilegales, todo lo cual quedó acabadamente acreditado en el debate" ya realizado por la detención ilegal y las torturas a Cobos, donde se demostró que Bocos era incluso empleado de La Veloz y que Levín había puesto un automóvil Ford Falcon a disposición de la Policía.

"Levín tenía a su disposición la estructura de una empresa importante en el medio salteño y como correlato de ello disponía del poder social diferencial que dicha posición le confería. Esto sin duda incrementaba notablemente su poder de determinación más allá de la relación laboral mantenía con Bocos", sostuvo la Fiscalía.

También la organización de derechos humanos Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, de Orán, que es querellante en este proceso, viene reclamando las indagatorias. 

En mayo pasado la abogada María José Castillo, representante de esta querella, insistió en que se tomen las indagatorias aún en las circunstancias especiales provocadas por la pandemia del coronavirus. La abogada recordó que aún está pendiente la indagatoria al ex juez federal Ricardo Lona, en la conocida como Causa 627, en la que está acusado por “homicidio agravado, tormentos agravados, privación abusiva de la libertad agravada, allanamiento ilegal, lesiones, violación agravada, prevaricato, omisión de promover la persecución y represión de los presuntos autores de tales ilícitos, omitir, retardar y/o rehusar hacer cesar una detención ilegal o dar cuenta de la misma”, en perjuicio de 73 personas.

La Causa 627, que ya lleva más de 15 años, reúne casos en que víctimas y familiares de víctimas del terrorismo estatal recurrían al juez para pedir protección, quien mandaba a archivo las causas o simplemente no les daba ningún trámite. La abogada que "también" insistirán con este pedido. La última vez que se lo citó a indagatoria en este proceso a Lona fue para el 11 de marzo pasado, pero se suspendió porque el ex juez presentó un certificado de enfermo. 

Lona, que ya fue condenado por el encubrimiento del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, viene haciendo todo tipo de presentaciones para evitar ser indagado en la Causa 627. También está acusado por homicidio en relación al asesinato de once detenidos políticos en la Causa Palomitas.