Las familias que ocuparon el predio privado ubicado al costado de la ruta provincial 21, de propiedad de Rosario Marino, terminaron de desalojar el lugar este domingo. Tenían una intimación del fiscal penal Pablo Paz. La abogada Antonieta Plaza, que representa legalmente a una delegada de la toma informó que se reunió con el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Carrizo. 

El funcionario sostuvo que la Provincia no cuenta con terrenos propios ni ajenos para llevar adelante un programa de viviendas que brinde solución al déficit habitacional. La única respuesta para las familias es continuar trámites por la vía del diálogo.

El martes pasado el fiscal ya había intimado a las familias para que desocuparan el amplio descampado de la finca Marinaro y más de la mitad se fue por temor a la represión policial. El propietario había pedido la restitución del inmueble. Luego de la intervención de la abogada, en representación de la delegada de la toma Natalia Yapura, el plazo para desocupar se extendió hasta ayer.

"Llegamos a un acuerdo con el fiscal, en virtud del cual las familias iban a desalojar el predio. Es por eso que el viernes hicimos un relevamiento notarial con escribana pública para hacer una constatación de 120 familias en emergencia habitacional, hacinamiento y desocupación (en el contexto del aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19)", dijo Plaza a Salta/12.

La abogada explicó que entregaron el listado al presidente del IPV, quien recibió un oficio del fiscal invitándolo a reunirse con la abogada de la delegada. La letrada espera "continuar el diálogo", por ahora el acuerdo con el funcionario consiste en que el IPV tramitará las carpetas de las familias que ya hicieron presentaciones hace años y no consiguieron un terreno, completarán datos y anotarán a quienes faltan. 

"El fiscal Paz desistió de iniciarles causas legales (a las familias ocupantes). No habrá repercusiones penales. Vamos a agotar el diálogo y dejar constancia de las acciones y omisiones", sostuvo la abogada. Dijo que espera monitorear la celeridad de la respuesta estatal para que los retardos injustificados no coloquen a las familias en una situación peor, tras haber acordado desocupar el predio.

Plaza detalló que en la toma había 29 casos graves de familias que requerían asistencia, entre quienes se encontraban personas con discapacidad. Indicó que el gobierno trasladó al Legado Güemes a un hombre y a seis mujeres jóvenes que estaban con sus hijos e hijas en situación de calle. "El IPV dio intervención al Ministerio de Desarrollo Social", explicó.

La abogada planteó que pusieron en consideración la alternativa de que el Ministerio de Desarrollo Social asuma el alquiler o renta de espacios habitacionales. "Se hizo mención a fallos en los cuales los jueces de CABA y otros puntos del país han comenzado a dar lugar a medidas conminatorias como astreintes para que el Gobierno actuante cumpla acabadamente con la necesidad de abordar esta problemática con la urgencia que lo requiere. Ya lo han dicho los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 'la justicia que llega tarde no es justicia'", afirmó.

Plaza sostuvo que siguen instando a las autoridades "a tomar y sostener medidas que logren evitar la ruptura del tejido social aún más como efecto de la pandemia y la emergencia sanitaria".