Una nueva investigación por maniobras de espionaje ilegal durante el macrismo podría convertirse en un verdadero escándalo. El juez Federal número 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, tiene en su poder una pesquisa sobre presuntos seguimientos a dirigentes, organizaciones y personalidades de casi todos los ámbitos de primerísima línea, incluyendo -–según se cree-- a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todo indica que se estaría ante una posible organización criminal, enquistada dentro del propio Estado Nacional. La punta del ovillo fue un narco que habría sido reclutado por la AFI para atentar contra un ex funcionario en el año 2018.

La historia comenzó con un anónimo recibido en el juzgado de Villena el 11 de diciembre de 2018, sobre un caso de narcotráfico. Allí se mencionaba a Sergio Rodríguez, alias “Verdura” o “Tomate”, como uno de los hombres fuertes de una banda dedicada a la venta de drogas en Almirante Brown y Monte Grande. A partir de la investigación, la Justicia pudo determinar que se trataba del líder de una importante organización. Hubo varios operativos y allanamientos y varios de los integrantes fueron detenidos, la banda quedó desbaratada pero “Verdura” logró mantenerse prófugo y evitar su detención con escenas verdaderamente cinematográficas. Tres veces se escapó de procedimientos realizados para detenerlo. La primera fue en su casa de Monte Grande, cuando escapó por los techos del fondo. Luego, fue sorprendido en una camioneta 4x4 y huyó por caminos de tierra dejando detrás al personal policial. Y la tercera vez evadió un procedimiento con participación de fuerzas especiales de policía federal. Verdura escapó a los tiros por un salvoconducto que --luego se comprobó-- tenía preparado y ensayado, ya que su vivienda estaba ubicada en una calle sin salida, pero con un pasadizo de escape hacia otra manzana del barrio.

Finalmente, acorralado y con casi toda su familia detenida, Rodríguez decidió entregarse el 20 de febrero de este año. Pero de la investigación, surgió que el hombre estaba inmerso en el mundo del delito, mucho más allá de la venta de estupefacientes. Según se logró determinar, hasta estaba planificando un potencial atentado contra el propio juez Villena. En su poder tenía cinco fotografías del magistrado que había ordenado detenerlo.

Espionaje

Con el objetivo de conseguir un beneficio procesal, en su declaración indagatoria prendió el ventilador y la Justicia se encontró con una historia que iba mucho más allá de una banda de narcotraficantes. Entre la información que aportó, dijo que había conocido a un abogado que mantenía relaciones con “barras” de Independiente. Así fue como Rodríguez describió el lugar donde se encontraba un estudio jurídico, narró las características físicas de un abogado, aportó su nombre y reconoció su foto.

 Según relató "Verdura", el letrado (identificado como Facundo Melo) le habría manifestado que pertenecía a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y le prometió que la AFI podía darle protección, e incluso le conseguiría una credencial para que pudiera manejarse “con libertad”. A cambio, Melo le pidió que lleve un “paquete” y lo “deje en un lugar”. Así fue como –siempre según su versión— lo llevó a bordo de un Peugeot 207 blanco hasta un edificio de la avenida Callao, donde dejó una caja que contenía explosivos. El objetivo, declaró Rodríguez, era “darle un susto a alguien”. Ese “alguien” era José Luís Vila, funcionario en ese momento del Ministerio de Defensa. La División Explosivos de la Policía Federal encontró el artefacto explosivo en Callao al 1219, compuesto de una libra de trotyl, con cables y un celular. Todo estaba adentro de una caja con un papel escrito con recortes de diarios que decía "José Luis Vila ladrón".

A partir del relato de “Verdura”, el juez ordenó el seguimiento del abogado y logró determinar que efectivamente formaba parte de la AFI a cargo de Gustavo Arribas y que tenía relación con barras bravas de diferentes clubes de fútbol. El juzgado secuestró el celular del agente sospechado, cuyo contenido se convirtió en una caja de pandora. Según detallaron fuentes de la investigación, surgieron conversaciones con otras personas donde daban cuenta de haber practicado tareas de espionaje interno a distintas personas y organizaciones, todas de altísimo nivel. Políticos, dirigentes de todo tipo, sindicalistas, famosos y funcionarios en actividad. Jueces, periodistas, miembros del culto católico, referentes de organizaciones sociales, empresarios, diputados nacionales y provinciales, intendentes, gobernadores y hasta expresidentes de la nación.

Según la pesquisa, todo indicaría que se estaría ante una posible organización criminal, enquistada dentro del propio Estado Nacional, dedicada a la realización de actos de espionaje interno sin mediar ninguna orden judicial, lo que está expresamente prohibido por la ley.

También, en la pesquisa sobre el teléfono del abogado de la AFI se descubrió un documento nombrado como “sustooo.doc”, que contenía una descripción del hecho con el artefacto explosivo que había mencionado “Verdura” en su declaración, lo que probaría la versión de los hechos aportada por “Verdura”.

Cristina en la mira

Como ya informó Raul Kollmann en este diario, Melo fue denunciado penalmente por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño tras una aparición televisiva en la que el abogado relató que fue contratado por la administración de Mauricio Macri para que revistara en la ex SIDE, desde septiembre de 2016 a junio de 2019. Por entonces, Melo defendía a un involucrado en la causa de la barra brava de Independiente, Damián Lagaronne, y lo que la AFI le exigía era que direccionara su testimonio contra Hugo y Pablo Moyano. Melo contó en el programa ADN por C5N, que quien le daba instrucciones era Alan Ruiz, director de Operaciones Especiales de la AFI, y allegado a Patricia Bullrich. Según se cree, Ruiz es quien estuvo relacionado con la operación de espionaje a Cristina Kirchner, que la propia ex Presidenta denunció en su momento. Según CFK, la espiaban desde un auto estacionado frente a su departamento de la calle Uruguay y planteó sospechas sobre cámaras de seguridad que habían sido instaladas allí.

La causa que cursa en el juzgado de Lomas de Zamora está actualmente en secreto de sumario. Lo que se inició como una investigación más por narcotráfico, podría terminar en la revelación más contundente, con gran cantidad de material probatorio, sobre las casi infinitas maniobras de espionaje ilegal orquestadas desde el corazón del gobierno macrista.