Se había pensado como una marcha pacífica en el contexto de una Nicaragua convulsionada. Las madres salieron a la calle para exigir justicia por sus hijos muertos, pero como respuesta recibieron más balas. Se cumplieron dos años de la Marcha de las Madres celebrada en Managua el 30 de mayo de 2018, una de las movilizaciones más grandes en la historia reciente del país centroamericano.
El mismo día en que Nicaragua suscribía el acuerdo para la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 8 personas morían en Managua y engrosaban la lista de 109 muertos, más de 1.400 heridos y al menos 1.600 detenidos en las jornadas previas de protesta contra el gobierno de Daniel Ortega.
Para mantener viva la memoria y buscar el esclarecimiento de los hechos, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el SITU Research de Nueva York presentaron "Marcha de las Madres, 2018. Reconstrucción digital de Tres Asesinatos" , una video reconstrucción que identifica la responsabilidad de las fuerzas policiales y parapoliciales en el crimen de los manifestantes.
A mediados de abril de 2018 comenzó a desarrollarse un proceso de movilización popular sin precedentes en la historia reciente de Nicaragua. Los manifestantes se oponían especialmente a una reforma al sistema de pensiones decretada por el gobierno, con el fin de cubrir un déficit de 75 millones de dólares en el Seguro Social. Las movilizaciones fueron reprimidas con un desproporcionado uso de la fuerza. El 30 de mayo de 2018, el malestar social y la protesta por las muertes previas culminaron en la Marcha de las Madres, que coincidió con el Día de la Madre en Nicaragua.
La reconstrucción de la "madre de todas las marchas" se centró en la muerte de tres manifestantes en la Avenida Universitaria de Managua luego de las 16:40 del 30 de mayo de 2018: Jonathan Eduardo Morazán Meza, Francisco Javier Reyes Zapata y Daniel Josías Reyes Rivera, quienes murieron por disparos de armas largas. Para la investigación de estos crímenes, se utilizó una amplia gama de recursos, incluyendo cientos de videos y fotos de periodistas y manifestantes presentes en el lugar. El EAAF y el SITU complementaron esa información con el análisis de peritos expertos en sonido y balística para determinar el origen, la distancia y el tipo de arma utilizadas durante la represión, así como reconstrucciones tridimensionales para ubicar la posición y dinámica de los protagonistas de los hechos. Se sumó a este material la información disponible sobre autopsias y causa de muerte de los manifestantes.
Brad Samuels, fundador y director de SITU Research, destacó durante la presentación de la investigación de la Marcha de las Madres los detalles de la labor realizada: "A menudo hay una narrativa difundida por aquellos que buscan evitar el establecimiento de responsabilidades que sostiene que protestas como estas son muy complicadas o caóticas para poder entender qué pasó. Sugieren que nunca podremos saber realmente qué ocurrió. Nuestro trabajo trata de establecer lo que sí podemos ver. Es muy posible que nunca podamos entender todo lo que pasó, pero no es cierto que no podamos saber parte de lo ocurrido. Hay un cierto piso básico de hechos que podemos establecer".
La marcha de Managua comenzó temprano en la mañana en la rotonda Jean Paul Genie y luego se extendió sobre la autopista Managua-Masaya hasta llegar a la rotonda Metrocentro. Aproximadamente a las 16 horas, un gran número de manifestantes se dirigió a la Universidad Centroamericana de Nicaragua siguiendo la ruta planificada. Otro grupo se alejó del rumbo previsto y se aproximó a la Universidad de Ingeniería. Empezaron a levantar barricadas sobre la Avenida Universitaria con los adoquines que levantaron de las calles.
Según la versión oficial los manifestantes estaban armados con morteros caseros, lo cual era cierto. Pero de la investigación se desprende que, "aunque son capaces de producir daños superficiales, generalmente sus efectos no son letales". En el lugar ya se empezaban a ver policías y civiles no uniformados portando armas de fuego.
"Los testimonios obtenidos señalan la existencia de francotiradores. En los videos analizados se aprecian acciones combinadas entre civiles armados y miembros de la policía nacional, todos ellos portando armas de fuego, inclusive armas de guerra", citaba al respecto un informe previo del GIEI. Alrededor de las 17.25, se escucharon varias ráfagas de disparos de armas de fuego. Pocos minutos después, el registro fílmico de periodistas y manifestantes presentes en el lugar muestran cómo los jóvenes Meza, Zapata y Rivera eran trasladados en moto al hospital más cercano con heridas graves.
"Trabajar una escena del crimen en un contexto urbano no es fácil, sin embargo es importante destacar la calidad del material grabado por los propios manifestantes", explicó sobre la dinámica de trabajo Mercedes Doretti, cofundadora del EAAF y directora de la institución para Norte y Centro América. La reconstrucción de los hechos demostró que en medio del caos, miles de personas corrían y se resguardaban en centros comerciales, negocios e iglesias cercanas, mientras otros intentaban encontrar a sus amigos y familiares entre la multitud. Mientras se sucedían los ataques en las inmediaciones de la Avenida Universitaria, a un par de kilómetros, el presidente Daniel Ortega se dirigía a sus simpatizantes llamando al diálogo y respondía a quienes pedían que abandonara el poder: "Nosotros nos vamos a quedar, Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos".
Dos años más tarde, y a pesar de ésta y otras pruebas concluyentes presentadas por GIEI, EAAF y SITU, todo sigue igual para los familiares de las víctimas. En julio de 2019, el gobierno de Nicaragua declaró una amnistía que protege a la policía y a otras personas que cometieron actos de violencia durante este período. "El sistema de justicia fue totalmente cómplice y se negó a investigar. Hubo un aval político de la represión. Por eso dijimos que fue un crimen de lesa humanidad: la imposibilidad de ser amnistiados, la imposibilidad de que prescriban y la imposibilidad de que sean juzgados por otros estados o tribunales internacionales”, afirmó Pablo Parenti, experto del GIEI.
Actualmente no existe una investigación oficial para esclarecer los hechos o identificar cómo los civiles fueron asesinados dos años atrás. Sin embargo, la Asociación Madres de Abril sigue eligiendo la acción colectiva y la resistencia activa, abriéndose paso para exigir verdad y justicia en medio de la represión.
Informe: Guido Vassallo.
