Con un decreto del papa Francisco, el Vaticano estableció una nueva legislación de compras con eje en la "transparencia, centralización y competencia", por la que dejará de comprar "bienes, servicios, obras y trabajos" a empresas y personas que tengan su sede en paraísos fiscales o que tengan accionistas residentes en esos Estados. El texto, publicado el lunes, está formado por un centenar de artículos y es el fruto de cuatro años de trabajo. El papa Francisco fue elegido en 2013 y una de sus principales misiones a partir de ese momento fue ordenar las finanzas vaticanas, una ardua reforma que se topó con la oposición de varios "dicasterios" (ministerios), que gestionan sus fondos de manera muy autónoma y poco transparente.
La legislación explicita que serán excluidos de las compras del Vaticano los proveedores "residentes o establecidos en Estados o territorios con regímenes fiscales preferenciales según lo dispuesto por las instituciones internacionales, de acuerdo a lo definido por la secretaría para la Economía, o si tienen participación directa o indirecta de sujetos residentes o establecido en los Estados o territorios antes mencionados". Además de considerar la residencia en paraísos fiscales, el elenco de prestadores de la Santa Sede excluirá a los operadores que en el momento estén siendo investigados o tengan condenas de primer grado por participación en organizaciones criminales, corrupción, fraude o delitos terroristas, por lavado o por explotación de menores.
Giuseppe Pignatone, presidente del Tribunal del Vaticano y gran especialista italiano de la lucha contra la mafia nombrado en octubre por el papa, destaca que la ley también busca realizar "importantes ahorros" gracias a la competitividad entre empresas. Los Museos del Vaticano, una fuente de ingresos que atrae cada año a cerca de siete millones de turistas, reabrieron el lunes. Su cierre desde el 8 de marzo no hizo más que acentuar los problemas financieros de la Santa Sede.
