El paro había sido convocado por la Agrupación Juan Manuel Palacios, que lidera Miguel Bustinduy, sector de la UTA disidente de la conducción de Roberto Fernández, en solidaridad con sus colegas del interior, que llevan dos meses de conflicto en reclamo de salarios adeudados y frente a la incertidumbre acerca de su continuidad laboral.
El conflicto, que afecta a 32.600 trabajadores en todo el territorio nacional, escaló particularmente en Córdoba, donde hace 50 días no hay servicio. Tras una reunión entre la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, la UTA y representantes de los ministerios de Transporte y Trabajo, se llegó a un acuerdo que garantiza el pago de salarios a todos los afiliados y en consecuencia se reanuda el servicio con normalidad en todas las jurisdicciones a partir de la 0 hora del miércoles 3 de junio.
El sector disidente del gremio había denunciado que Fernández "ha abandonado a su suerte las reivindicaciones de los trabajadores del interior del país y ha fragmentado y debilitado, en su propio beneficio, la estructura gremial".
El conflicto, que se arrastraba desde hace varios meses a nivel nacional, no era unívoco, ya que dependía de la suerte de las negociaciones en cada provincia. Los choferes de Jujuy y Tucumán, por ejemplo, se movilizaron de manera coordinada a mediados de mayo, pero mientras el conflicto se mantenía en la primera de las provincia, sus colegas tucumanos habían llegado a un principio de acuerdo.
