Para las personas lgbti privadas de la libertad, el encarcelamiento es solo un eslabón más del ciclo de violencias estructurales que enfrentan durante sus vidas. La pandemia profundiza ese cuadro. Además de la violencia institucional, el abandono familiar exacerba la dificultad de acceder a los derechos, incluida la seguridad sanitaria. Aquí, un punteo del informe de Corpora en Libertad y la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre los penales latinoamericanos.
Honduras. En ese país donde los organismos de DD. HH. no tienen permitido el acceso a las cárceles se confirmó lo que parece ser una constante en la región: la pandemia agravó las ya muy malas condiciones de vida preexistentes para la población carcelaria en general y para las personas lgbti dentro de los penales, en particular. En Centro Penitenciario Tamara, donde se aglomeran la mayoría de las personas lgbti, faltó el agua potable desde los inicios de la explosión del coronavirus. Muchxs de lxs internxs fueron “contratadxs” para trasladar cargamentos de agua a través de los módulos y el sueldo recibido por este trabajo (tres dólares) fue usado para comprar un balde para poder bañarse. Muchas personas relataron que en plena pandemia pasaron más de ocho días sin poder higienizarse.
Colombia. La situación carcelaria se caracteriza por hacinamiento desbordado, condiciones precarias de acceso al agua potable y a elementos de higiene, alimentación escasa y servicios de salud insuficientes. Condiciones que hacen imposible prevenir un contagio masivo. El hacinamiento llega a superar el 300% en las cárceles en Riohacha y Santa Marta. El sábado 21 de marzo hubo protestas pacíficas en varias cárceles por las condiciones de vida. La respuesta fue desproporcionada y violenta: al menos 23 personas fueron asesinadas en la cárcel Modelo de Bogotá. La masacre fue anunciada y justificada por la Ministra de Justicia Margarita Cabello como un “Plan criminal de fuga frustrado.”
Brasil. Tiene la tercera población carcelaria más grande del mundo: 748,009 personas según los últimos datos del Departamento Penitenciario Nacional (DEPEN). A principios de mayo, Brasil alcanzó la marca de 100,000 casos de personas que dieron positivo para Covid-19, con 7,321 muertes. Aun así, el número reducido de pruebas apunta a un gran subregistro de casos y muertes. En el contexto de la privación de libertad, los datos sobre la infección por coronavirus también son escasos. Las notificaciones oficiales publicadas por DEPEN indican que hasta fines de abril hubo 10 muertes por el virus en las cárceles.
Argentina. El Servicio Penitenciario Federal efectivizó medidas preventivas como protocolos sanitarios y disposiciones excepcionales para las comunicaciones familiares en plataformas digitales. Asimismo, se elaboró un listado de personas detenidas con riesgos de salud. Sin embargo, las medidas adoptadas no resultan suficientes dados los problemas estructurales de sobrepoblación, hacinamiento, escasez de recursos y falta de acceso a la salud. Se destacan dos hechos judiciales. El primero es la Acordada 9/2020 de la Cámara Federal de Casación Penal con medidas para garantizar la vigencia y goce de los derechos humanos. También promueve indicaciones para descongestionar las unidades penitenciarias y comisarías a través de excarcelaciones o medidas alternativas; señalando vulnerables frente al coronavirus. El segundo es la resolución de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal: el otorgamiento de la prisión domiciliaria a una mujer trans, valorando el carácter excepcional de vulnerabilidad de las personas trans y travestis en los ámbitos carcelarios. La resolución reconoce la complejidad del desenvolvimiento de algunas patologías en el encierro. Si bien es un caso individual, resulta un buen precedente.
Informe: Dolores Curia
