"Transversalizar las políticas de género"

Este será el primer 3J con un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación que es un poco producto del grito colectivo #NiUnaMenos lanzado en 2015. Gran parte de las demandas de entonces siguen vigentes, pero el hecho de tener un área con jerarquía ministerial “tiene un peso muy contundente: es la posibilidad de que el Presidente se siente para ser capacitado por la ley Micaela con todo el gabinete”, dice la ministra Elizabeth Gómez Alcorta.

Hace cinco años Gómez Alcorta trabajaba en el Ministerio de Justicia de la Nación y marchó el 3 de junio “sin saber el hito que iba a significar”. Hoy que ese día es historia, está al frente de un ministerio que también marcará un hito y desde el que se elabora el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, exigencia de la Ley 26485, que se presentará en los próximos días. Hasta entonces prefiere no adelantar información.

-¿Cree que este ministerio es producto de aquel #NiUnaMenos?

-Así como ese Ni Una Menos se nutrió de una enorme cantidad de luchas anteriores, también es cierto que a partir del 3J la agenda con exigencias al Estado frente a las violencias se instaló con mucha fuerza, y sí creo que como parte de ese proceso. De hecho se conjuga esa demanda muy fuerte con la decisión política de creación del Ministerio.

-Además de la jerarquización del área, de lo simbólico, ¿qué sumó el Ministerio?

-Cuando necesitamos transversalizar las políticas de género, el hecho de que sea un ministerio sentado en el gabinete articulando con todos los otros ministerios no es simbólico. Tiene un peso muy contundente en los compromisos que pueden asumir los otros ministerios, en cómo podemos articular para llevar adelante una enorme cantidad de políticas de manera conjunta. Es la posibilidad de que el presidente se siente para ser capacitado por la ley Micaela con todo el gabinete. Te diría que entre lo simbólico y lo material es mucho mayor el peso de lo material. Lo veo en la praxis.

-Hay reclamos a la foto muy masculina de la toma de decisiones.

-Sí, lo que muestran esas fotos es todo lo que nos falta. Hay un estudio de cómo este gobierno tiene efectivamente mayor participación de mujeres en el funcionariado, el 37,5 por ciento, es el más alto en los últimos dos gobiernos. Pero igual cuando uno pone la lupa en esos números se ve como a medida que vas subiendo, esa proporción va reduciéndose, por eso tenemos un 80/20 en el gabinete. Por eso es muy importante jerarquizar las políticas, señalar esas fotos.

-Partiendo de que la violencia de género es una de las expresiones de la desigualdad estructural de una sociedad, en el Ministerio es fuerte la impronta en políticas de igualdad. Todo lo que está más allá de la violencia y al mismo tiempo la sostiene. En esa línea el tema de los cuidados, tradicionalmente a cargo de las mujeres, es “clave –dice Alcorta-. Es el punto neurálgico de las desigualdades que generar falta de autonomía y esa falta de autonomía genera mayor riesgo”.

-¿Cuál es el principal problema de la violencia en el contexto de pandemia?

-Detectamos dos núcleos muy duros que se cristalizaron muy fuertemente con el aislamiento. Uno es la estructuralidad que tienen las violencias machistas: cuando vemos que bajan los delitos y no bajan los femicidios; cuando vemos que la situación de excepcionalidad que nos toca atravesar, aumentó los riesgos. Al inicio sobre todo salimos tanto desde Nación como desde las provincias a fortalecer los canales no presenciales para acompañamiento, asistencia, líneas, surgieron dispositivos por WhatsApp, email… fue una demanda muy rápida, muy requerida porque las personas no podían ir. También vimos tremenda necesidad de articulación con el Poder judicial, articular nuevos lugares para denunciar, cómo hacer para que las medidas cautelares se renovaran. Hubo un núcleo muy duro: pensar cómo no dejar solas a las personas en situaciones de violencia. Y el otro núcleo es la necesidad alimentaria de población travesti-trans y de las personas que no pudieron quedar incluidas en la enorme cantidad de políticas de transferencia alimentaria… personas con un nivel de informalidad absoluto, muchas migrantes, por ejemplo.

-Las ongs señalan la falta de recursos de las mujeres, la vivienda alternativa para excluir al agresor y falta de refugios como los temas que más necesitan resolver. ¿Qué han hecho en este sentido?

-En cuanto al acceso a asistencia económica: logramos incluir 3500 personas travesti trans de todo el país en el programa Potenciar Trabajo. El INADI incluyó otra lista. Incluimos también mujeres en situación de violencia y firmamos convenio con el Ministerio de Desarrollo Social por el cual el Ministerio tiene la potestad para incluir a todas las personas de violencia de género.

-¿En qué consiste?

-Es un programa socio comunitario. Uno de los componentes es que las víctimas de violencia de género no tengan que llevar adelante contraprestación y que la transferencia monetaria pueda ser acompañada por el área local; entendiendo que la autonomía económica es uno de los aspectos, pero para salir requiere de acompañamiento del Estado para que pueda construir un proyecto de vida autónoma. En relación a los hogares y refugios que incluyen espacios de protección tanto del Estado como de gestión de la sociedad civil, hay 132 en el país. Hicimos seguimiento durante la emergencia y están funcionando. No hubo una demanda que haya excedido, salvo alguna situación en particular. En cuanto a excluir a los agresores del hogar, ese es el cambio de paradigma hacia el que tenemos que ir. Hay que tener en claro que es necesario articular muy fuertemente con el Poder judicial, que va a ser una de las tareas por delante. Porque la posibilidad de excluir al agresor del hogar, en general requiere de una orden judicial. Es parte de los lineamientos para el futuro.