Al menos 120 personas que se desempeñan como personal de apoyo dentro del programa provincial de Escuelas Abiertas fueron desvinculadas el sábado 30 de mayo último. Mediante una notificación que les llegó a ellos y a los directivos de las instituciones educativas, se daba de baja el Convenio de Colaboración a causa del cese de actividades escolares y el cierre de los establecimientos educativos.
Sin embargo, ayer desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología afirmaron que fue un “malentendido” y en las últimas horas del día notificaron que la decisión no iba a ser efectiva.
La directora de la escuela 4273 de Orán, Josefa Cardozo, manifestó a Salta/12 que la noticia recibida el sábado “no correspondía” y que en todo caso, “se le debe mejorar el sueldo y que restituyan” al personal de apoyo. En su establecimiento trabajan tres personas que realizan las tareas de “preparación del desayuno, limpieza y cuidado de los espacios que contribuyan a un pleno y sano desarrollo de niños y jóvenes”, según establece el Convenio de Colaboración entre la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta y los trabajadores, de acuerdo a la Ley 25.855.
Cardozo contó que le notificaron la decisión vía mail. “Aludieron que ese programa va a seguir acompañando a los chicos de forma virtual y por lo tanto, no necesitan el personal de apoyo”, dijo la directora.
No obstante, la docente cuestionó la medida al afirmar que tal acción no respeta el Decreto Nacional 329/20, que prohíbe los despidos, sean en ámbito público o privado. “No tendrían que haberlos dejado sin trabajo, se les debería haber subido el sueldo por este contexto que tenemos", manifestó.
Pero en las últimas horas de ayer, la coordinadora de las Escuelas Abiertas del departamento de Orán la llamó para notificarle que la decisión no se iba a implementar. Cardozo contó que desde Educación manifestaron que los despidos no se realizarán porque el procedimiento no había sido el correcto y que por el momento el personal de apoyo continuaría trabajando. "Ellos dijeron que habían hecho mal el procedimiento de despido porque tienen que mandar carta documento y acá mandaron un mail", contó la docente.
Los trabajadores firman el Convenio de Colaboración por un valor de $23.100. Ese monto se abona en diez cuotas mensuales de $2.200 y una cuota quincenal de $ 1.100 correspondientes a los meses de febrero a diciembre, en concepto de reembolso de gastos por las actividades desarrolladas, cuando estas sean efectivas.
Según Cardozo, desde Educación apelaron en un principio a la cláusula ocho de dicho convenio. Allí se establece que el Ministerio “se reserva el derecho a rescindir el presente convenio cuando lo considere oportuno y sin invocar causa, sin derecho por parte del personal de apoyo a reclamar y/o recibir indemnización alguna”.
En Salta se contempla el Plan Provincial de Escuelas Abiertas bajo la Ley 8.172. Allí se ofrecen actividades recreativas y complementarias a los estudiantes los sábados. Sin embargo, tras la declaración de emergencia alimentaria en Salta, que fue antes de la cuarentena obligatoria por la circulación de la Covid-19, las escuelas también estaban abiertas los domingos con la provisión de almuerzo. El gobierno abrió 50 escuelas en toda la provincia desde el inicio de 2020.
Cada unidad educativa cuenta con un coordinador institucional, talleristas y encargados de la limpieza a los que se los denomina "personal de apoyo". Estos últimos fueron los que recibieron el sábado 30 la notificación vía mail con la recisión.
El correo electrónico, que está firmado por la Coordinación del Plan Provincial Escuelas Abiertas, también señala que se les comunicará a los trabajadores “al momento de reanudación de la actividad escolar y necesidad de la nueva implementación del programa aludido" de una nueva contratación.
En el escrito se afirma que la decisión se tomó conforme a los nuevos lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas. Dicha área es dirigida por Fernanda Dib Torres. Además, se sostiene que la decisión fue acordada con la Dirección General de Nivel Primario, dirigida por Jorge Correa.
Este funcionario aseguró a Salta/12 que supo de la noticia por la consulta de una directora. “Me enteré el sábado e inmediatamente consulté qué había pasado. Casi me muero cuando me dijeron y pregunté cuándo fue que me hicieron participar de ese hecho”, sostuvo Correa. Le respondieron que “fue un error y que la medida quedó sin efecto”.
El funcionario dijo que cuestionó la acción y reiteró que él no tiene competencia para rescindir contratos porque la implementación del Plan le corresponde al área de Dib Torres.
Este medio intentó contactarse con la funcionaria a cargo de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas, pero no obtuvo respuestas. En tanto, en el Ministerio de Educación aseguran que se trató de un “malentendido” aunque no se dieron más detalles al respecto. En las últimas horas de ayer, los directivos y el personal de apoyo, recibieron una retracción de lo comunicado el sábado.