Por el delito de asociación ilícita en la entrega irregular de licencias de conducir hay once detenidos que fueron imputados. Todos están relacionados con la ex Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, actual Subsecretaría de Movilidad Ciudadana. También trascendió que podrían producirse más detenciones o cambios en la figura de imputación. La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, está a cargo de la investigación.
Las denuncias comenzaron en 2018 y se fueron acumulando. La última fue de comienzos de 2020, y la radicó el actual subsecretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra.
El funcionario explicó a Salta/12 que en febrero último un hombre que debía rendir un examen para tramitar el carné de conducir le contó que "había una persona que le ofrecía (cobrarle) 1.500 pesos y le entregaba los resultados de la prueba escrita cerca del edificio de Tránsito. Cobraba 3 mil además por el teórico de la prueba de manejo. Yo recurrí a la Policía a hacer la denuncia. Y pedí que investiguen hasta donde llegaba esa situación. La coordinación legal de Municipalidad va a trabajar sobre eso a partir de ahora".
Pereyra dijo que a raíz de ese hecho, tienen más cuidado en los trámites de esta área. "Cambiamos cada semana las preguntas, las anteriores tenían más de 20 años. Tratamos de que no sean fáciles". De todos modos, aclaró que "por ahora no han retomado los exámenes para las licencias de conducir por la pandemia".
El Ministerio Público Fiscal señaló que intervino por primera vez ante una denuncia radicada en abril de 2018 por el ex director general de Asuntos Legales de la Subsecretaría de Transito y Seguridad Vial, Marcelo Cattáneo, quien detectó irregularidades en el predio de la calle Artigas al 300, donde en tres planillas de diferentes fechas, se determinó que ingresaron a rendir 29 personas con vehículo y que solo realizaron maniobras 23. Lo mismo ocurrió con conductores de motocicletas.
En tanto, la directora general de Asuntos Legales y Jurídicos de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Claudia Marcela Benavídez, también radicó una denuncia tras advertir una serie de hechos irregulares.
Benavídez sostuvo que al tomar posesión del cargo, en setiembre de 2018, advirtió un cúmulo de expedientes en los que se investigaba la emisión de licencias de conducir sin respaldo documental, verificando dos tipos de irregularidades. La primera, se trata de licencias de conducir sin respaldo documental en las cuales sus titulares no realizaron los estudios médicos y tampoco rindieron los exámenes teóricos y prácticos; mientras que la segunda corresponde a licencias de conducir que cuentan con todas las firmas pero cuya irregularidad se verifica al no haber pasado por algún eslabón del proceso, ya sea el examen médico o bien los exámenes teóricos o prácticos o todos éstos.
En ese año, el ahora ex subsecretario de tránsito de la gestión municipal de Gustavo Sáenz, Juan Carlos Garrido, había denunciado de forma pública la situación y puso a disposición a inspectores sospechados por coimas y otras irregularidades en la entrega de licencias de conducir. El titular del gremio la Agremiación de Empleados Municipales de Salta (Ademus) César Molina, llegó a pedir su renuncia si no presentaba pruebas. Después Garrido salió de este cargo y explicó a los medios que el intendente le había ofrecido el pase al directorio de la empresa de transporte público, Saeta.
Ahora, tras los elementos colectados durante la investigación, la fiscala Simesen de Bielke entendió que los detenidos participaron de forma activa y que "no se trató de hechos aislados, ya que sin la participación de todos en forma mancomunada, no se hubiera podido llegar a la obtención irregular de las licencias de conducir de diversos ciudadanos a cambio de dinero".
El Ministerio Público Fiscal describió algunos de los roles y la participación de las personas imputadas. "Marianela Castro y César Martín Ganami participaban mediante la captación de ciudadanos que, urgidos de la obtención de las licencias de conducir y a cambio de dinero, lograban obtener turnos con atención inmediata, a través del empleado Alejandro Jorge Soria y de los Inspectores Ricardo Martín Miguel Nina y Julio Federico Barrientos Herrera, quienes también, a sabiendas de que dicho otorgamiento es gratuito, obtenían beneficios económicos", detalló la información oficial.
La fiscala también dijo haber acreditado la participación de las examinadoras Carmen Nieves Campos y Gabriela Anahí Dagum. Ambas eran las encargadas de verificar que los exámenes teóricos fueran rendidos y aprobados como requisito previo e ineludible para continuar el trámite, "sabían quiénes eran las personas enviadas por Castro y Ganami para que los exámenes no fueran debidamente rendidos. En diversas ocasiones y pese a los errores que no permitían su aprobación, los exámenes eran considerados como aprobados", detalló el Ministerio Público.
Según la fiscala, los inspectores Ariel Ramiro Ruiz, Juan Carlos Conte y José Fernando Vieira, son otros implicados porque se encontraba a su cargo la toma de los exámenes prácticos de manejo "en los cuales surge que las personas que ya se encontraban dentro del circuito, no rendían el examen de manejo o bien, eran firmados directamente a través de la intervención de Castro y Ganami en forma irregular, a cambio de los pagos convenidos".
Por último, otro imputado es el encargado de emitir las licencias de conducir, Javier Fernando Martínez, quien habría permitido que las licencias que eran marcadas por los anteriores participantes, a través de su firma, fueran expedidas sin ningún tipo de inconveniente u otorgaba las licencias sin que cumplieran los requisitos, como exámenes médicos, teóricos o prácticos. Además, Martínez se encontraba a cargo de la clave del sistema.
