Durante la sesión de ayer de la Cámara Baja, el diputado Carlos Zapata (Ahora Patria), expresó su cuestionamiento al decreto 309/20, publicado el 29 de mayo, mediante el cual se distribuye el presupuesto prorrogado de este año a los diferentes ministerios.

La provincia, al igual que la Nación, está funcionando con una extensión del presupuesto de 2019, el último que se aprobó en la Legislatura, por lo que el Ejecutivo se vale de decretos para redistribuir las partidas de acuerdo al criterio que impone el ejercicio con el que Juan Manuel Urtubey cerró su mandato.

La particularidad es que desde esa época hubo sensibles cambios en la estructura ministerial, al extremo que directamente desapareció Primera Infancia. El primero de los cuestionamientos surge de ahí, ya que fondos que pertenecían a esa cartera fueron destinados a Gobernación, y no a Salud o Desarrollo Social, que cubren la tarea que realizaba el desaparecido ministerio.

Zapata señaló haber quedado “estupefacto” con la nueva distribución “ya que si hasta ahora no teníamos un proyecto de gobierno, ahora quedó plasmado el rumbo que quiere seguir”.

El legislador también cargó por la reducción que se le hizo al ministerio de Infraestructura “de mil millones de pesos que también fueron a Gobernación”. “Para que quede claro, esa es la oficina que permite que el gobernador se desempeñe”, explicó Zapata y advirtió que pasó de 800 millones en el 2019 a 2200 millones este año, casi el triple.

El diputado capitalino también detalló que “dónde más plata gasta Gobernación es en sueldo de personal transitorio, que supera al de planta permanente, en publicidad unos 300 millones de pesos y en asesoramiento otros $300 millones”.

“Se decretaron mediante Decretos de Necesidad y Urgencia dos emergencias (la sociosanitaria en el norte provincial y la actual por el coronavirus), se habló de hacer casas, pero se fortalece Gobernación en vez de destinarla a áreas que realmente trabajan en eso”, señaló.

Otro punto que el contador Zapata consideró cuestionable es la posibilidad de realizar gastos sin tener una partida específica que la habilite, especialmente en lo que refiere al pago de los sueldos.

De esta manera ante el insuficiente crédito presupuestario para alguna necesidad del Ejecutivo, “la contrapartida de este gasto debe reflejarse transitoriamente en una cuenta extrapresupuestaria, la cual corresponde ser cancelada con posterioridad a través de la asignación del respectivo crédito presupuestario, mediante la incorporación de las partidas de recursos y/o fuentes financieras o mediante la reestructuración de otras cuentas de gastos”, según se expresa en los considerandos del decreto 309.

“Se gasta sin saber a qué se va a imputar y se crea un sistema de contabilidad ficticio, que difumina el control y favorece la práctica de la corrupción”, indicó Zapata, quien concluyó solicitando al gobernador que tome las medidas correctivas sobre ese decreto.

Registro de Cadetes

Ayer se le dio media sanción al proyecto que crea Registro Provincial de Prestadores de los Servicios de Cadetería, Mandados, Delivery y afines en el cual deberán inscribirse las personas o empresas que realizan tales prestaciones o bien las brindan accesoriamente a su comercio habitual.

Con esto se da el primer paso en la regulación de una actividad que hasta el momento se manejaba mayormente en la precariedad legal, que repercutía especialmente en los cadetes.

La media sanción llega justo en el momento en el que, cuarentena mediante, las plataformas digitales se desarrollan rápidamente en la provincia y experimentaron un crecimiento de uso exponencial en los últimos meses. Dichas plataformas cobran al cliente que las utiliza y al cadete que lleva los pedidos, según explicó el autor de la iniciativa, Adrián Valenzuela (Salta Tiene Futuro)

El diputado también hizo hincapié en que este proyecto se adelanta a la discusión pendiente que hay a nivel nacional en el Congreso, ya que la falta de regulación sobre la actividad de la cadetería es una constante en casi todo el país.

Las empresas inscriptas en el registro obligatorio deberán proveer a las personas que trabajen para ellas el casco, chaleco fluorescente, indumentaria para los días de lluvia y etiqueta adherida al chaleco en la que conste sus datos personales y grupo sanguíneo.

El proyecto, cuya versión original tuvo algunas modificaciones realizadas por la comisión de Legislación General, se aprobó en forma unánime.

Comisión contra Chibán

Diputados también dieron lugar al planteo promovido por Daniel Sansone para conformar una comisión investigadora para analizar la conducta de Héctor Chibán, “quien a prima facie habría violado la cuarentena y el protocolo vigente”, al haber tenido contacto con su hijo que retornaba de Buenos Aires, en donde se registra circulación viral, y no realizó ningún aislamiento, e inclusive concurrió a la Legislatura luego de ese episodio.

De esta manera Sansone amparó su pedido en el Artículo 10 del reglamento interno de la Cámara que habilita al cuerpo legislativo a “corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, y hasta excluirlo de su seno por razones de incapacidad, física o moral sobreviniente, debiendo para tal efecto concurrir los dos tercios de los votos de los miembros presentes. (Art. 123 de la Constitución Provincial)”.

Sin embargo la solicitud del diputado saencista debió ser corregida ya que pidió que dicha comisión se expida en un plazo de siete días, lo que fue desestimado por sus pares, quienes optaron por no pedir ningún límite de tiempo, sino que se tome el tiempo necesario para llegar a una conclusión y garantizar el derecho a la defensa de Chibán.

En principio la comisión constaría de nueve miembros que se distribuirían según la proporcionalidad de los bloques. Vale remarcar que la moción se aprobó con el voto exclusivo del oficialismo, ya que los demás bloques votaron en contra. Ayer el diputado acusado no estuvo en el recinto ya que se autoimpuso una cuarentena.