La violación grupal de una chica de 16 años ocurrió en Chubut en la primavera de 2012. Por denuncia pública de la víctima, el caso recién se comenzó a investigar en agosto del año pasado. A menos de un año, un caso aberrante calificado al principio como “abuso sexual con acceso carnal agravado” por la participación de seis personas, ahora fue minimizado a un caso de “abuso simple” porque se trató de un “desahogo sexual” de los victimarios.
Lo más grave es que la nueva calificación fue propuesta por el fiscal de la causa, Fernando Rivarola, que ya absolvió a varios de los responsables de la violación y propone, para los tres que siguen como imputados, una pena de tres años de prisión “en suspenso”, es decir sin aplicación efectiva.
El caso provocó indignación –justo en el quinto aniversario del NiUnaMenos— por la postura del fiscal de acordar un “juicio abreviado” con los defensores de los imputados, luego de presionar a la víctima para convencerla de que es “lo mejor” para ella, aunque esto signifique cerrar el caso sin que nadie vaya preso. La titular de la Asesoría General Tutelar, Yael Bendel, descalificó con dureza el planteo del fiscal de Rawson. “Utilizar la frase ‘desahogo sexual’ da cuenta de la falta de perspectiva de género y de infancia que tiene el fiscal Fernando Rivarola, quien según la opinión de la asesora tutelar “debería rectificarse inmediatamente”.
Yael Bendel afirmó también que debería evaluarse si el fiscal Rivarola “es idóneo para perseguir delitos tan aberrantes como es el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes”, como es el caso en el que interviene. La asesora tutelar remarcó que “esta violación” que está a punto de quedar impune o sancionada como un hecho menor “es un delito que tiene una pena tipificada en el Código Penal con un máximo de 15 años, pudiendo elevarse a 20 años por la participación de dos o más personas u otros agravantes”.
Concluyó que “es indignante que en una fecha como hoy, en la que se conmemoran cinco años de la marcha por #NiUnaMenos, tengamos que escuchar de quiénes tienen que impartir justicia frases tan retrógradas y violatorias de los derechos humanos”. El fiscal Rivarola tiene en su contra varios pedidos de juicio político, en uno de los casos por presunto peculado, presentado por el abogado Nicolás D’Albora, en representación del ministro de Economía del Chubut, Oscar Antonena. Tuvo otro pedido similar por su presunta vinculación con personal de inteligencia que investigó ilegalmente a manifestantes del movimiento antiminería.
En agosto del año pasado, ya habían llegado al juicio cinco de los seis acusados y dos de ellos fueron sobreseídos casi de inmediato. Ahora el fiscal pidió el sobreseimiento de un tercero y solo quedan tres imputados, que van a quedar libres con una condena ni siquiera simbólica, que debe ser ratificada por el juez de la causa, Marcelo Nieto di Biase.
El caso ocurrió durante los festejos de la primavera de 2012 en Playa Unión, en Chubut, cuya investigación comenzó mucho después a partir de una publicación en redes sociales por parte de la víctima y que involucraba a varios “hijos del poder” de Chubut, en este caso nietos de un ex gobernador y de un senador de la Unión Cívica Radical y de un conocido empresario de la provincia.
La abogada Alejandra Tolosa, que asesoró a la víctima de la violación que involucró a seis jóvenes, tres de ellos menores de edad en el momento del hecho, le dijo a Página/12 que los dichos del fiscal Rivarola “parecen una provocación” justo en el día del NiUnaMenos. “Esto marca la presencia del patriarcado en la justicia de la provincia, dado que hasta el Ministerio Público Fiscal sacó un comunicado minimizando lo dicho por Rivarola”.
Tolosa agregó que en ese comunicado “se habla del ‘desahogo sexual’ como si fuera una figura típica del Código Penal, cuando no lo es, por supuesto”. La abogada dijo que todo esto forma parte de “una historia patriarcal en la sociedad, en la cultura y particularmente en la justicia cuando se tratan estos temas”.
Mencionó una documentación que le llegó del investigador Patricio Simonetto que sostiene que “estas cuestiones patriarcales tienen que ver con la historia de la prostitución en la Argentina, porque en la década del cuarenta, desde la Patagonia, los soldados le pedían al gobierno nacional que les enviara prostitutas y en la historia, muchísimas violaciones se han justificado por la abstinenecia de los varones, que supuestamente provoca en ellos algo incontrolable, lo que justificaba lo mismo que justifica ahora el fiscal, el ‘desahogo sexual’”.
Otro de los puntos cuestionados por la abogada, es lo que dice el fiscal respecto de que la víctima de la violación estaba “en un estado de semi-inconciencia, cuando todo lo que hay en la causa indica que estaba totalmente inconciente”, por haber ingerido alcohol o por alguna droga que la dejó inmovilizada frente a la agresión que sufrió.
Lo cierto es que ahora, luego del arreglo promovido por el fiscal, los tres imputados podrían seguir en libertad. Los que todavía siguen imputados son Ezequiel Quintana, Leandro Del Villar y Luciano Mallemaci. Los tres han reconocido ser responsables de la violación grupal que sufrió una joven que apenas tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos.