El presidente Alberto Fernández recibió la propuesta de implementar “un Plan Marshall Criollo” para reconstruir la economía después de la pandemia. 

El plan elaborado por las organizaciones sociales agrupadas en la UTEP le fue presentada por el referente social Juan Grabois. Propone la generación de cuatro millones de puestos de trabajo al año, mediante un programa descentralizado de obras públicas realizados por organizaciones sociales, iglesia y ONG en coordinación con sindicatos y municipios. 

El programa se orientaría a actividades de la economía social, urbanización de villas y asentamientos con reconstrucción de espacios culturales, deportivos y de salud, desarrollo de la agricultura familiar (incluyendo la generación de colonias agrícolas) y el refuerzo de políticas públicas orientadas a la reinserción social de ex detenidos y atención a problemáticas de genero, entre otras.

Incluye abonar un salario de 10.000 pesos por 60 horas de trabajo mensual a cada trabajador de la economía popular, que pasaría a estar sindicalizado, bancarizado y con obra social. 

El financiamiento sería a través de la figura de un fideicomiso (el “fondo Múgica”), como proponía el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz en su “Plan Hornero”: una propuesta de reactivación basada en la economía popular muy similar que se publicó en el Cash (7/4/19). 

El costo del "Plan Marshall Criollo" es de unos 750.000 millones de pesos anuales, de los cuáles unos 262.000 millones estarían cubiertos por la reestructuración de políticas públicas preexistentes. Esa suma representa 3 puntos del PIB e incrementaría el déficit público de 2020 en un 20 por ciento aproximadamente, si fuera financiado con los recursos preexistentes. Si bien la cifra parece elevada, es menos de la mitad de lo que recibieron los bancos del Estado vía Leliq el año pasado.

El impacto en unas cuentas públicas muy dañadas por la pandemia es uno de los principales reparos de parte de funcionarios del área de Economía a la propuesta de la UTEP. 

La respuesta de Grabois fue que se financie con el ahorro por la reestructuración de la deuda y/o el impuesto a los grandes patrimonios. Pero tanto el ahorro de la deuda como la recaudación de un posible impuesto a los grandes patrimonios no revierten la grave crisis de las cuentas públicas por el impacto de la pandemia. 

Una alternativa es la planteada por el CESO en su Plan Hornero, donde los fondos del fideicomiso eran cubiertos por parte del exceso de liquidez con que cuentan los bancos. Volcar esos fondos ociosos de la especulación hacia un programa de desarrollo con base en la economía popular puede ser más simple de lo que parece. Basta una resolución del BCRA que condicione la posibilidad de depositar en Leliqs un determinado porcentaje del exceso de liquidez de los bancos, a que los mismos tengan invertidos en el Fondo Múgica un determinado porcentaje de sus activos. De esa manera se obtendrían los fondos sin impacto en las cuentas públicas y sin necesidad de aprobar nuevas leyes.

@AndresAsiain