En medio de la cuarentena para prevenir la propagación de la covid-19, el gobierno de Córdoba suspendió de forma temporal una serie de programas de formación y empleo que sirven como sustento económico de miles mujeres. Desde Trabajadoras Unidas por la Tierra, que cuenta con beneficiaras del programa, apuntan que la decisión de la provincia “es ir en contra de la suspensiones laborales que el gobierno nacional dispuso” en el contexto de pandemia. “Para muchas mujeres los aportes de este programa no dejan de ser el único ingreso fijo para los hogares, llevando este momento de crisis a una situación aún más desesperante”, señala el espacio de mujeres rurales.
Política de ampliación de daños
En abril, el gobierno de Córdoba informó que suspendía una serie de programas de prácticas de empleo (PIP, PILA, PPP y Por Mí) por tres meses. Mediante una publicación en el boletín oficial con la firma de la ministra Laura Jure, el Ejecutivo justificó la decisión en el “agravamiento de la situación epidemiológica, y la imposibilidad material de la realización de las prácticas de entrenamiento en ambiente trabajo”. Esta resolución del 31 de marzo está fechada el mismo día que la Nación decretaba la suspensión de despidos o disminución de trabajo para quienes intentaran ese tipo de prácticas excusados en razones de fuerza mayor, amparados en la pandemia de coronavirus.
Las suspensiones encaradas por el gobierno de Juan Schiaretti afectan de lleno en mujeres que se encuentran en situaciones límite para responder a los gastos del día a día. En el caso del programa Por Mí, el año pasado se dispusieron 13.000 cupos, mientras que las inscripciones alcanzaron a cerca de 50.000 mujeres, de las cuales más de la mitad estaba en condiciones de cumplir con los requerimientos administrativos del programa. Esto sucede en una provincia que según los últimos datos oficiales, en base al segundo semestre del año pasado, tiene al menos un cuarto de los hogares del Gran Córdoba en situación de pobreza, con más de medio millón de personas alcanzadas.
Mujeres agriculturas, esenciales
Frente a este escenario, desde las Trabajadoras Unidas de la Tierra, espacio radicado en varias localidades cercanas a la ciudad de Córdoba, como Despeñaderos o Paravachasca, detallaron que en su organización “son veintiséis las compañeras suspendidas del Por Mí”, en un espacio que nucleaa 180 familias. De ese total, “unas cien mujeres no reciben ningún reconocimiento por parte de organismos del Estado por el trabajo que realizan”. La suspensión del programa se suma “al desempleo endémico y a un sector agrícola, al que pertenecemos, que cada vez se industrializa más”, demandando menos mano de obra. Mientras apuntaban a obtener nuevos programas y apoyo para fortalecer la tarea de aquellas que aún no tenían retribución de algún programa oficial, perdieron por estos tres meses el mínimo con el que sí ya contaban.
El trabajo que realizan las Trabajadoras Unidas por la Tierra es una verdadera actividad esencial. Abocadas a cultivar, producir alimentos agroecológicos, y de acceso popular, esta organización sostuvo su tarea durante este tiempo y en simultáneo generó “herramientas comunitarias de cuidado de los sectores más vulnerables de nuestros territorios, colaborando con los equipos de salud, haciendo campañas de donación de alimentos, acompañando a las personas que atraviesan situaciones de violencia”. En ese sentido, apuntan que “no sólo hemos seguido trabajando sino que redoblamos los esfuerzos” por lo que perder ese ingreso “nos llena de angustia y preocupación, empeorando nuestra salud”.
Mariela Heredia, 32 años, trabaja en la huerta El Progreso, en Despeñaderos. Desde allí habla con PáginaI12, y comparte que el programa le sumaba “cuatro mil pesos para pagar servicios, comprar la otra comida que no producimos nosotras, y poder sobrellevar el día a día”. En su caso tiene un hijo de nueve años, y su marido “hace changas pero no podía salir por el aislamiento”. “Le pedimos al gobernador que nos devuelva el programa, no puede suspenderlo así en medio de esta crisis cuando trabajamos para darle de comer a nuestro hijos, sin siquiera hablar de comprar ropa o remedios”.
Lo urgente y lo de fondo: pan y tierra
La recuperación de los aportes perdidos estos meses es el piso desde donde reclama esta organización. Centradas en la necesidad de mejorar sus condiciones laborales, conscientes de la importancia de la actividad que realizan para aportar una alimentación saludable a las comunidades donde habitan, estas mujeres van más allá de la coyuntura. “Sabemos que los programas provinciales de empleo no son una solución de fondo, y necesitamos que el Estado acompañe el desarrollo de las organizaciones, espacios productivos y cooperativas de nuestro sector con más y mejores políticas: acceso a la tierra, maquinarias y tecnologías; el reconocimiento de todas las trabajadoras de la economía popular con un salario social universal, contrataciones y compras estatales de nuestros servicios y productos”, proponen como líneas de fondo para ganar en autonomía laboral, territorial y alimentaria. En definitiva, estos tiempos han demostrado la importancia de relocalizar las producciones, en especial los alimentos, y todas sus implicancias sociales, sanitarias, y económicas. Hacia allí apuntan estas agricultoras.
Frente a un gobierno que cortó esos flujos de dinero mínimo para sectores vulnerables, estos planteos parecen parte de un lenguaje extraño por lo que estas trabajadoras intentarán por todos los medios hacerse entender. “De ningún modo podemos permitir un paso atrás en nuestros derechos conquistados, no podemos quedarnos calladas si nos obligan a quedarnos en casa, mientras nos sacan el pan de la mesa de nuestres hijes. Queremos un país con tierra, techo, trabajo y vida digna. Con la dignidad de nuestro trabajo, nuestra organización y nuestra lucha, nos ponemos en movimiento”, dejaron planteado como anticipo de una escalada de reclamos y visibilización de este conflicto.
