La entonces Jueza del Tribunal de Faltas, Débora Ramírez, del municipio de General Güemes de la provincia de Salta, presentó en enero una acción de amparo contra la intendencia de Sergio Salvatierra. Esto se dio por la resolución 8 emitida el 13 de diciembre de 2019 donde el jefe comunal la remueve del cargo. Sin embargo, el 22 de mayo se conoció el fallo a favor de Ramírez que obliga al Ejecutivo a restituir en su cargo a la abogada en el plazo de 72 horas. Pero el fallo no se cumplió porque el gobierno municipal aduce que la sentencia no es válida.

La abogada Débora Ramírez dijo a Salta/12 que es la segunda vez que es apartada del cargo. El primer acontecimiento ocurrió en 2015 bajo la intendencia del ahora diputado saencista, Daniel Segura. “Este señor (por Salvatierra) vuelve a hacer exactamente lo mismo que Segura, pero con la gravedad que, por tener el segundo nombramiento, adquirí la inmovilidad”, relató Ramírez. La magistrada fue elegida en 2013, cuando se creó el Juzgado, y fue reelegida en 2017 por el Concejo Deliberante.  

Según la ordenanza 391/13, que reglamenta al Juzgado de Faltas güemense, es el Concejo Deliberante quien tiene la facultad de designar o remover al juez de Faltas. De existir destitución es a través de un juicio político a pedido del propio Concejo. Además, el artículo 62 de la Carta Orgánica de General Güemes señala que si un juez es elegido en dos oportunidades pasa a tener el carácter de “inmovilidad” en su cargo.  

No obstante, el actual intendente Sergio Salvatierra presentó el 13 de diciembre de 2019 la resolución removiendo del cargo a Ramírez.

La abogada contó que en el momento que asumió Salvatierra, los insumos para el Tribunal de Faltas fueron recortados ,“hasta que yo renuncie”. “Después fueron a amenazar a los empleados para que inventaran cosas de mí. Ellos no lo hicieron y los nueve trabajadores fueron echados”, expresó. Afirmó que este hecho ocurrió el 17 de diciembre de 2019.

Después de la resolución del Ejecutivo, Salvatierra colocó a “un allegado en el Juzgado”. Según Ramírez, la nueva autoridad hacía uso de sus claves y firma. “Por esa situación hice la denuncia y me fui de Güemes porque sufrí amenazas”, sostuvo. En enero presentó la acción de amparo ante el Juzgado de Ejecución de Sentencias y Detenidos Número Dos “porque ya no podía más”.

El 22 de mayo, en respuesta a esta acción de amparo, a Justicia dispuso que Ramírez debía ser restituida en su cargo, además del pago de los meses adeudados desde diciembre y la devolución de los gastos  derivados de la acción judicial. “El intendente no solo no cumplió la medida, sino que salió a difamar al juez que intervino", señaló la abogada.

De acuerdo a lo expresado por el secretario de Gobierno del municipio, Marcelo Lazarte, la sentencia “no es válida”. Uno de los argumentos dichos ante el periodista local Luis Leal, refiere a una incompatibilidad de cargos de Ramírez. “Tiene doble sueldo y hay una incompatibilidad para el cumplimiento y desarrollo de sus funciones”, aseguró el funcionario. La abogada tiene un cargo de planta permanente como asesora legal dentro del Ministerio de Economía de la Provincia de Salta. 

Por su parte, la concejala del Frente de Todos, Lorena Cejas, dijo que el Juzgado de Faltas señala en su reglamento interno que se puede tener pertenencia nacional o provincial para ocupar el cargo. “La jueza se presenta el viernes pasado y las puertas del Juzgado estaba cerradas. El municipio hizo desobediencia del fallo”, indicó la edila. 

De acuerdo a lo relatado por la concejala, el gobierno municipal planteó la nulidad de la sentencia, pero “el fallo dice que es sin pedido de suspensión o nulidad, es decir, ella debe entrar a trabajar sí o sí”. Este medio intentó contactarse con las autoridades locales pero no obtuvo respuesta. 

Para Cejas, la preocupación también está en el valor económico que está invirtiendo el municipio en el caso. Ante ello, presentó un pedido de informe el miércoles dirigido al Ejecutivo. “Le pido al intendente que presente los documentos y los pasos que se pretende hacer” en relación al fallo, explicó. En ese sentido, dijo que es necesario saber “qué está haciendo el intendente, por qué no deja asumir y cuál es el costo económico que está teniendo el municipio”. “No se puede hacer esa persecución contra ella y, la verdad, me parece una falta de respeto”, expresó Cejas. 

Por su parte, Ramírez reconoció ser empleada en provincia, dijo que ahí tampoco le "permitieron volver al cargo porque el intendente y sus amigos políticos no sé a quienes le pidieron que no me dejen”. Para la abogada, se trata de una “persecución laboral espantosa porque no me dejan trabajar ni en Güemes ni en Salta”. También denunció la violencia por parte de medios locales, indicando que “sacan comunicados espantosos”. “Lo único que se evidencia es el actuar de este grupo por medio de amenazas, violencia y difamaciones”, señaló.

Consideró que se trata de “una falta de respeto” que tienen desde el Ejecutivo sobre “cualquier otra autoridad que no coincida con ellos”. “Es una arbitrariedad espantosa porque nunca respetaron al Juzgado, dado que no tengo ningún signo político”, añadió.

En 2015 Ramírez denunció al entonces intendente Daniel Segura por abuso de autoridad y violencia de género, cuando la removió de su cargo mientras cursaba una licencia por perder un embarazo. No obstante, el juez de Garantías Hugo Martínez absolvió a Segura en septiembre de 2019 por el principio de la duda.

Para Ramírez ,este primer desplazamiento fue “para poner a alguien de su entorno porque dejaba la intendencia”. No obstante, en 2015 le ordenaron a Segura la restitución del cargo a la jueza, quien, sin embargo, recién logró ocupar su cargo bajo el mandato de Alejandra Fernández. “Ella asume y trabajé normalmente hasta que volví a ser reelegida por el Concejo Deliberante", indicó.