En lo que fue la octava sesión de la Cámara de Senadores provincial se trataron tres proyectos de ley todos vinculados a la salud, uno de ellos regula la actividad profesional de nutricionistas. También se avanzó en una ley para prevenir las muertes súbitas y volvió en revisión a Diputados la adhesión a la Ley de Derechos al Paciente.

Pero el recinto no estuvo exento de lo que fue la discusión de la semana en cuanto a si el Hospital San Vicente de Paúl, de Orán, cuenta con los elementos suficientes para afrontar la atención de pacientes con la Covid-19.

Luego de la caótica visita del gobernador a la localidad del norte, con reclamos de los efectores de salud por las condiciones laborales, edilicias y la falta de elementos de trabajo, le siguieron las críticas de varios diputados que denunciaron la reasignación de presupuesto a través del DNU 309/20, que desfinanció a la cartera de Salud en $64 millones para transferirlos a la Gobernación.

En Orán ya se detectaron 6 casos de coronavirus, todos producto de contactos estrechos con una persona que regresó de Buenos Aires sin ser aislado.

A través de un pedido de informe, de autoría del senador Guillermo Durand Cornejo, se solicitó al Ministerio de Salud de la provincia que en el plazo de cinco días hábiles informe si existe una sala acondicionada en el Hospital oranense para combatir el virus y con qué materiales se construyó. También se consultó cuál es el presupuesto asignado y cuántos respiradores hay disponibles.

Avances en salud

En lo que era un proyecto que llegaba desde la Cámara de Diputados con media sanción, se aprobó con modificaciones la adhesión a la Ley de los Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud (ley nacional 26.529 y su modificatoria, 26.742).

La ley establece las sanciones y el procedimiento para las acciones previstas en la ley nacional 26.529 de derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, así como la protección de datos personales.

“Se trata de todos los derechos que tiene el paciente a ser atendido”, argumentó el presidente de la comisión de Salud, Manuel Pailler, quien indicó que es un proyecto que viene de la Cámara Baja y que vuelve a revisión debido a que le realizaron algunas modificaciones “no de fondo, sino de forma en cuanto a detalles legales”.

En tanto, se convirtió en ley el proyecto que regula el ejercicio de la profesión de nutricionista. “Es un proyecto amplio y que va a regir el destino del Colegio de Profesionales de Ciencias de la Nutrición y le da un marco legal”, explicó Pailler.

Por último, se aprobó el proyecto de adhesión a la ley nacional 27.159, Sistema de prevención integral, para evitar eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados.

Entre las acciones que prevé, establece que se deben disponer desfibriladores en todos los espacios de acceso público, y capacitar al personal de cada establecimiento en su uso y en técnicas de reanimación cardio pulmonar (RCP).

Nuevamente fue Pailler el encargado de defender este proyecto. Argumentó que la adhesión a la ley nacional podrá prevenir las “más de 40.000 muertes por año” que se producen en Argentina. “La mayoría son por fibrilación ventricular”, explicó, y agregó que otra de las causales de muerte está relacionada al paro cardio respiratorio.

Por lo que aseguró que si se capacita y existe la aparatología disponible, se evitarán muchas muertes súbitas “como pasa muchas veces en los campos deportivos”.

La pesada herencia

Un día antes de la sesión, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, visitó el recinto para contestar preguntas acerca del estado financiero de la provincia.

El funcionario hizo hincapié en la situación económica debido a la pandemia de coronavirus. “La decisión de aislamiento implica en el mundo una retracción económica de la que no están exentos el país y la provincia”., sostuvo.

Comparó la crisis actual con la de la salida de la Segunda Guerra Mundial, “pero es más grande que la del 30 y la del 2001”.

También habló de las deudas heredadas y su renegociación. A nivel país, dijo que es muy relevante en cuanto a la definición presupuestaria y la coparticipación provincial. “Argentina aporta el 0,8% del PBI a nivel mundial y en ese contexto, Salta incide en el 1,4% del PBI nacional”, manifestó, y recordó que el presupuesto de la provincia se integra con un 80% de fondos nacionales.

Mientras que Salta cerró 2019 con $1.144 millones de déficit y en 2020 tiene vencimientos por $9.600 millones, sobre una deuda global de 38 mil millones.

Admitió una caída de $5.000 millones de la coparticipación entre enero y mayo, habiéndose dado la caída más abrupta en abril, con $2.000 millones. En mayo se estiman otros mil millones de caida y una cifra similar se espera para junio. Aunque el ministro reconoció que “también Nación nos ayudó mucho a compensar parte de esa caída”, a través, entre otras medidas, de los Anticipos del Tesoro Nacional (ATN).

Dib Ashur aseguró que la provincia ya garantizó el pago de aguinaldos y ayudará a los municipios para que así lo hagan a través del Fondo Compensador.

Déficit habitacional

El martes también visitó al Senado el secretario de Tierras y Bienes de la provincia, Esteban Carral, quien debió dar explicaciones sobre el déficit habitacional en la provincia. Se estima que hay 72.000 familias carentes de una vivienda digna.

El secretario dio detalles del plan de trabajo del organismo para avanzar en la regularización dominial de aquellos terrenos públicos o privados que aún carecen de escrituras y el relevamiento de tierras fiscales disponibles para futuros loteos.

Así como el ministro de Economía, Carral especificó que “desde el gobierno de Macri en adelante” no se organizaron loteos sociales en Salta, lo que rompió la cadena de espera de quienes se inscriben.

“Para comenzar a solucionar esa situación”, explicó el funcionario, “se organizarán loteos a corto, mediano y largo plazo a fin de garantizar que todos accedan al terreno propio”.

Indicó que se realizará un trabajo de regularización dominial en aquellos terrenos “donde la gente vive hace mucho tiempo y aún no accede a la escritura”. Una promesa que se repite en cada gestión. Y agregó que la semana próxima se incorporarán censos virtuales con la ayuda de la tecnología en el interior provincial.

Sobre los asentamientos que se vienen produciendo en los últimos días en la Capital, Carral dijo que se tomaron tierras que estaban destinadas para uso institucional, en otros casos, para espacios verdes, que no están delimitadas como tales “porque en algunos casos no está terminado el proceso de expropiación”. También describió que en otros casos, se asentaron en canales de desagüe, por lo que resulta inviable construir viviendas ahí.